“Este maldito no ha matado a un animal, asesinó cruelmente a mi hija ¿cómo le van a dar solo 10 años?”. Esta es la interrogante que se hacía Norma López Julca, madre de la joven Anabel Segura López que el 25 de Junio pasado fue brutalmente degollada por un adolescente de 17 años de edad que hoy se acoge a los beneficios de una ley mal estructurada y concebida para casos siniestros como el que nos ocupa.
Los gritos de la mujer no podían pasar desapercibidos en los alrededores del Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, en donde el Juez Norman Tantas Saavedra acababa de dictar su fallo condenatorio contra el adolescente asesino de 17 años RWMT, a quien le impuso diez años de cárcel y el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil en favor de los deudos.
Obviamente, la dolida madre de la agraviada ha planteado un recurso impugnatorio de apelación en la medida que entiende que este individuo no puede ampararse en una minoría de edad, que a estas alturas ya dejará atrás, para no ser sancionado con todo el rigor que se merece a la luz de la brutalidad con la que asesinó a su hija.
Los hechos se remontan a los días previos a la fiesta de San Pedrito, cuando la joven Anabel Segura López fue hallada sin vida dentro de un buzón de desagüe, ya sin vida y con un profundo corte en el cuello de lo que fue un repudiable degollamiento.
Las huellas permitieron a las autoridades establecer que la joven fue llevada a una construcción abandonada en donde el asesino le habría quitado la vida cortándole el cuello y asestándole un profundo corte a la altura del corazón y desde allí arrastró a la víctima y la arrojó al buzón de desagüe, aparentemente con la finalidad de borrar las huellas de este brutal asesinato.
El escenario del crimen era chocante, los periodistas que llegaron al lugar para cubrir la información se llevaron una desagradable impresión por la gran cantidad de sangre y por la forma tan feroz e inhumana como había actuado el autor de este crimen, demostrando que no tenía la menor consideración por la vida de una persona.
Empero, lo más repudiable es que apenas unos días después se pudo conocer que el autor de esta abominable matanza era nada menos que un menor de edad, un jovenzuelo de apenas 17 años que se habría obsesionado con la occisa a quien acompañó a una Discoteca en la cual aparentemente no tenía problema alguno para que le permitan ingresar y ponerse a beber licor hasta embriagarse.
Por ello es que tras entregarse a las autoridades el menor fue confinado en un Centro de Rehabilitación de Lima, en donde ha permanecido los últimos 6 meses hasta que el Juzgado, con todas las pruebas del caso y con la propia confesión del acusado, ha procedido a sentenciar este caso y le ha aplicado una pena que ha generado las iras y reacciones de los familiares de la joven agraviada.
Aun cuando esto no es excusa para nadie, se tiene que tener en cuenta que nuestra legislación penal es garantista, no solo para quienes incurren en delitos comunes sino para el tratamiento de los menores que, por ejemplo, no incurren en delitos sino que se les considera como autores de actos antisociales.
Por ello es que, por ejemplo, los amigos y deudos del joven abogado Henry Aldea Correa, quien fuera brutalmente asesinado el 20 de octubre del año 2015 en la carretera de acceso a San Jacinto junto al alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza, sintieron el mismo dolor cuando tomaron conocimiento que los sicarios que perpetraron ese cruento atentado criminal fueron sentenciados apenas a seis años de prisión porque se trataba de menores de edad y, en estos casos, la legislación por entonces solo contemplaba ese rango punitivo para los adolescentes que delinquen.
En el propio Juzgado se explicó a los periodistas que la pena impuesta al adolescente que asesinó a Anabel Segura López responde al tratamiento jurídico como menor infractor de la ley del adolescente y en esos casos se prevé que la pena máxima es de 10 años, lo que antes era 6 años de prisión.
Esto es evidentemente el tratamiento legal que se le otorga a los menores que por diversas causas se ven comprometidos en un delito, sea porque son empujados a la delincuencia o que se introducen en gavillas delincuenciales en donde no tienen recato alguno por la vida de las personas y suelen atacar aun cuando ello pudiera ocasionar la muerte del agraviado.
Por ello es que un magistrado debe ponderar el rango sancionatorio a quien es protagonista de un delito, no puede merecer una misma pena quien le quita la vida a otro por un grave error o por un dolo eventual que aquel que actuó con voluntad criminal y con repudiable ensañamiento, como los casos comentados.
En este espacio editorial siempre hemos propugnado que la justicia se maneja no solo con el contenido literal de las leyes, sino que para ello la Constitución Política del estado reconoce al magistrado la capacidad discrecional, la posibilidad de evaluar con consciencia y conocimientos los casos que se le ponen a consideración, debe deslindar muchas circunstancias en un delito, entre ellas la ferocidad con la que actúan algunos acusados de crímenes violentos.
Para eso el Juez es una persona que ha sido preparada para discernir, de lo contrario, nos ahorraríamos mucho tiempo programando computadoras que son capaces de aplicar las penas según a lo que establecen los códigos, empero, cuando está de por medio la majestad de la justicia y la capacidad que tiene ella de aplicar la ley, entonces debe existir un margen de discernimiento como para sancionar los casos extremos en otros rangos y parámetros a los que determinan las leyes.
El caso de Anabel Segura López debería llevar a los hombres de leyes a reflexionar respecto al tratamiento de menores que incurren en actos delincuenciales, si bien es cierto su propia minoría no le permite controlar sus impulsos, no es justo que a un mozalbete que ha causado un horrendo crimen, que ha procedido con ensañamiento y brutalidad, se le aplique una pena benévola, con el riesgo que ella se reduzca a una tercera parte por los beneficios penitenciarios que otorga la ley.
El llanto de la madre de Anabel López no solo nos conmueve sino que es justo y reclama una sanción que responda a la naturaleza atroz y sanguinaria de los hechos.