FISCALIA
No cabe duda que el Ministerio Púbico tiene un rol fundamental en lo que concierne a la fiscalización de las entidades públicas, pues de acuerdo a la normatividad que la rige no tiene por qué esperar que alguien llegue con una denuncia sobre manejos irregulares en los recursos públicos y menos aún tiene que exigir que le adjunten pruebas fehacientes, para ello está la “noticia criminis” que es aquella que llega por diversos conductos a oídos del fiscal, inclusive, puede ser a través de la prensa en la que se sospeche de una conducta delictiva, para tomar cartas en el asunto. Así lo que hace la fiscalía es intervenir una determinada entidad y verificar si es que, en efecto, existen pruebas indiciarias de lo que se ha revelado, como ocurrió hace algunos días con la intervención en la gerencia municipal ante los cargos formulados por dos regidores. Por ejemplo, anteayer martes la Fiscalía ha intervenido la municipalidad de Yungay, luego de haber tomado conocimiento de serias irregularidades en la adquisición de panetones que fueron entregados en las comunidades de Utupampa y Huaushcao, hasta donde llegaron los magistrados a efectos de verificar la certeza de la denuncia. Con las evidencias recogidas en ambos lugares se intervino el municipio en donde se recogieron copias fedateadas de boletas y registros de compras e efectos de cruzar información y establecer si existe la comisión de delitos. Esta es la verdadera naturaleza de la Fiscalía, llegar hasta el mismo lugar en donde se tiene la noticita de un presunto delito y recoger evidencias, aquellas Fiscales que se quedan sentadas en un escritorio a la espera que le lleven las evidencias ya son cosa del pasado.
PARADEROS
La decisión de las dependencias ediles de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote de intervenir los paraderos informales es oportuna. Por ejemplo, el último operativo que realizaron se hizo en el Ovalo La Familia, allí se ubican vehículos que sin respetar sus rutas han convertido la zona en un paradero informal y son los que cubren recorridos hasta los pueblos de las 308 y 217 hectáreas. Sin embargo, estos vehículos pertenecen a comités que tienen un recorrido hasta el centro de la ciudad, empero, los choferes, muy avisados y sacándole la vuelta a la autoridad, lo que hacen es advertir a los pasajeros que solo llegan hasta el Ovalo La Familia y cobran más de dos soles el pasaje, lo que les rinde muchos dividendos por que cortan sus rutas y se detienen en el Ovalo La Familia para retornar a la zona sur. Los pasajeros deben tomar en este punto otro vehículo para llegar a su destino, lo cual es un abuso. Si los transportistas no quieren respetar los recorridos entonces que se dediquen a otra cosa, lo que no pueden hacer es abusar de los sufridos usuarios que deben pagar más por movilizarse en los mismos tramos y para eso debe estar la autoridad edil, para poner orden y sancionarlos. Después que no se quejen.
CUENTAS
Todo empleado público que recibe un dinero para determinada labor o función, debe justificar ese gasto mediante un documento de rendición de cuentas, en donde debe adherirse el comprobante de pago por el documento que justifique ese gasto. Sin embargo, esto que es común en todas las entidades públicas., no quiere ser reconocido por los trabajadores judiciales que a sus problemas con el pago y reconocimiento de bonos que los ha llevado a emprender medidas de fuerza, ahora suman otro problema con la gerencia, pues se niegan a tener que rendir cuentas de los presupuestos que se destinan al cumplimiento de algunos beneficios por pacto colectivo. Uno de ellos es el relacionado con la entrega de una determinada suma para que se compren zapatos, los trabajadores están acostumbrados a recibir un monto determinado y nada más, ahora le han pedido que justifiquen el gasto con el comprobante respectivo y han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué tendrían que reaccionar de esta manera? Parece que muchos lo destinan a otros gastos y por ello no quieren responder por nada. Aparentemente estos trabajadores piensan que tienen corona dentro de la administración pública y están equivocados. Que cumplan con lo que determinan las normas y justifiquen, como lo hacen todos, los dineros que reciben para esta clase de beneficios que, a la sazón, no lo tiene nadie.