Ha transcurrido ya más de dos meses desde que un joven mototaxista, de apenas 19 años, murió de manera violenta en la carretera panamericana norte luego que el vehículo menor que conducía fue violentamente impactado por una moderna camioneta en el cruce de la Panamericana norte con el jirón Chimbote, a escasos metros de la sede de la Sub Región Pacífico, hecho en el que también resultaron gravemente heridos otros dos jóvenes.
El chofer que provocó este gravísimo accidente no tuvo sino la cobarde idea de fugar del lugar de los hechos, dejando abandonado el vehículo que pronto se conocería que es de propiedad de una empresa constructora que tuvo marcado protagonismo en la época de la red de corrupción en Ancash.
Justamente, la semana pasada el Jefe de la División Policial, consultado respecto a este caso por la inexistencia de algún responsable, admitió que la investigación se encuentra aún en ciernes porque la Fiscalía no ha llegado aún a identificar plenamente al conductor, a pesar que se conoce quien es el representante legal de la empresa propietaria del vehículo quien, de acuerdo a la legislación penal vigente, es el que debería responder por los hechos que se registren con dicha persona jurídica.
Y es que no deja de llamar la atención en la medida que de un tiempo na esta parte las leyes se han endurecido con justificada precisión cuando se trata de hechos provocados por choferes que conducen en estado de ebriedad y no solo por las consecuencias sino por el solo hecho de ponerse al volante habiendo bebido licor y cuando el resultado cuantitativo de un dosaje etílico supera los valores mininos establecidos por la ley.
Los operativos de alcoholemia son los más constantes que realiza ahora la Policía Nacional, inclusive, supera a los operativos de control de documentos y de vehículos que usualmente realizan los efectivos apostados en las principales calles de la ciudad.
Ello porque sorprender a una persona conduciendo en estado de ebriedad representa hoy un engorroso trámite que puede seguir muchas secuelas, todas ellas perfectamente reguladas por la ley y que, a decir de algunos que se han visto afectados por hechos de esta naturaleza, se han convertido en un negocio redondo tanto para la Policía como para el Ministerio Público.
Esto en razón que conducir en estado de ebriedad significa que se ha cometido un delito que debe derivar en un Juzgado a efectos que se sancione bajo la figura de peligro común, sin embargo, es la propia Fiscalía la que propone una manera de evitar el antecedente penal y plantea que el chofer se acoja al principio de oportunidad, es decir, a un acuerdo con el Ministerio Público para dejar sin efecto cualquier imputación siempre que cancele una tasa y las multas que determina la ley.
De esta manera, el chofer borracho puede eludir cualquier problema con la ley pagando una fuerte suma de dinero, procedimiento que se hace difícil y hasta complicado para los que no tienen trabajo o ingresos fijos, en cuyo caso deberán apelar a un préstamo porque el objetivo es evitarse mayores problemas y un record de manejo manchado por la irresponsabilidad de ponerse al volante en estado de ebriedad.
Claro que eso es solo una parte del problema, es la cuestión penal o judicial que acarrea un hecho de esta naturaleza, la otra es la parte administrativa o policial que es la relacionada con la multa y la sanción al conductor, la misma que se traduce en el pago de otra fuerte suma de dinero, como requisito para que se pueda retirar el vehículo, y la suspensión de uno a tres años de la licencia de conducir, con lo cual el responsable queda inhabilitado para poder ponerse al volante siempre y cuando no fuera intervenido posteriormente por un Policía de Tránsito, en cuyo caso es sancionado e incurriendo en una nueva falta esa suspensión se convierte en definitiva.
Hay que tener en cuenta que estas alternativas son aplicables también en los casos que se registre un choque pero siempre y cuando no exista de por medio algún herido o una víctima que lamentar, pues en estos últimos casos no debería proceder el principio de oportunidad y el chofer responsable es sometido a un proceso inmediato y sancionado con una condena por el Juzgado Penal respectivo.
Dicho todo esto, existen un sinnúmero de casos en los cuales hay choferes que deben respetar religiosamente el procedimiento y están impedidos de conducir por haber cometido una negligencia y grave irresponsabilidad, porque el solo hecho de ponerse al volante habiendo ingerido licor expone a cualquier transeúnte a un accidente que puede tener trágicas consecuencias.
De allí que no se entiende como en un caso que importa tanta gravedad como la muerte de un adolescente y las lesiones graves de otros dos, hasta el momento la Fiscalía no haya podido establecer alguna responsabilidad o cuente con alguna evidencia que los pueda conducir hacia los responsables.
Esto es extraño en la medida que existen cámaras de videos que deben haber registrado este hecho, sino las hay es porque sencillamente las han borrado, de la misma manera la propia Policía ha realizado una pericia con personal de OFICRIM con la finalidad de levantar huellas dactilares y objetos personales que permitan establecer la identidad del chofer, empero, hasta el momento se desconoce cuál es el resultado.
Lo cierto es que llama la atención que cualquier hijo de vecino se vea impedido de ponerse al volante por haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad, mientras que en este caso el responsable de una muerte y de las graves lesiones de otros dos jóvenes siga conduciendo como si no hubiera pasado nada, mientras que las autoridades se muestren incapaces de poder resolver este caso a sabiendas que hay un vehículo intervenido y cuya propiedad debe llevarlos directamente a identificar al responsable.
Si las leyes se hicieron más severas, si se establecieron procedimientos que deberían persuadir a los choferes a dejar de manejar en estado de ebriedad, no se entiende porque no hay equidad entre las autoridades locales cuando tienen que castigar un hecho sumamente grave como es la muerte de un adolescente en las pistas.