• Una nueva acusación se suma al rosario de cargos incriminatorios por hechos cometidos en la red de corrupción de Ancash.
• Ex funcionarios y empresarios que se coludieron para la adjudicación y la irregular ejecución de la Av. Pardo, irán al banquillo.
Por fin parió Paula. Después de haber sido emplazado por última vez por el Juez Jorge Chávez Tamariz para que emita pronunciamiento en un plazo de tres días, finalmente el Fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe formuló acusación en el sonado caso de la avenida Pardo y pidió 10 años de cárcel para siete funcionarios “comandos” y 8 años de prisión para dos empresarios, quienes se coludieron para defraudar al Estado en una obra de más de 39 millones de soles.
Según el requerimiento acusatorio ingresado al despacho del Juez Jorge Chávez Tamariz, se acusó como autores del delito de colusión agravada a los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermudez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra y los ex funcionarios Oscar Edward Salgado Olivo, Willian Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García, solicitándoles 10 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos.
De la misma manera, la Fiscalía acusó como cómplices primarios a los empresarios Enrique Manuel Pugliesi Paredes (representante legal del consorcio que ejecutó la obra) y Carlos Enrique Cabrera Campos (representante legal de la empresa que supervisó la obra), solicitando se les imponga 8 años de prisión efectiva y 3 años de inhabilitación para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos.
En este mismo documento, la Fiscalía Anticorrupción del Santa solicitó se declare el sobreseimiento (archivo) de la acción penal contra los empresarios Manuel Villavicencio Ampuero y Wilfredo Roberto Torres Pacheco, socios de Enrique Pugliesi en la empresa Consorcio Pardo que se adjudicó la buena pro para ejecutar la obra.
Además, se ha solicitado el archivo de la acción penal en su contra a los empresarios Blanca Pachas Crisostomo y Julio César Quiroz Ayasta, estos últimos socios de Carlos Enrique Cabrera Campos quien a través de la Corporación Peruana de Ingeniería, se adjudicó la licitación para supervisar la obra por un valor de 1 millón 100 mil soles.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los investigados se coludieron para beneficiar a la empresa Consorcio Pardo tanto en la adjudicación de la buena pro como en la ejecución misma de la obra, permitiéndoles que inserten cartas fianzas de entidades no reconocidas por la SBS como COOPEX así como el pago excesivo de valorizaciones que no se condecían con el real avance físico de la obra, entre otras irregularidades.
En el caso de Luis Arroyo Rojas, la Fiscalía Anticorrupción del Santa sostiene que siendo gerente de la Sub Región El Pacífico en el año 2010 se coludió con los representantes de Consorcio Pardo para beneficiarlos con la buena pro, utilizando para ello un acuerdo de concejo municipal simulado y falso (acuerdo N° 016A- 2010) que aprobó un convenio de ejecución de obras de competencia municipal en favor de la Sub Región El Pacífico.
Además, procedió a ejecutar dicha obra sin contar con el acuerdo de consejo regional que lo autorice, sin previa opinión de la oficina de planeamiento y sin disponibilidad presupuestaria; pero lo más grave es que se utilizó un expediente técnico simulado que jamás se elaboró anticipadamente y que en el cuerpo documentario insertaba declaraciones falsas, como la del ingeniero civil Juan Pablo Huamán Linares referidos al estudio de suelos.
También se le imputa haber mantenido a un comité de adjudicaciones que permitió graves irregularidades en el proceso de buena pro como el hecho de no haber admitido en la integración de bases una recomendación del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, favoreciendo así al postor Consorcio Pardo, conformado por las empresas MVA Contratistas Generales SAC, Promacsa y Tecnología y Desarrollo Contratistas Generales SAC.
Sobre Juan Carlos Gallo Zegarra se le acusa de haber autorizado el pago de metrados por encima de los que realmente se ejecutaron, incrementando irregularmente la partida de pavimentación en más de 4 millones 160 mil nuevos soles. Además, permitió el retraso de la obra y no entregó el expediente técnico a los ingenieros residentes y supervisores pese a que se solicitaron reiteradamente, por la sencilla razón que estos documentos no estaban culminados, entre otras irregularidades.
La Fiscalía también ha tomado en cuenta un informe de la Contraloría General de la República que ha determinado que al momento de licitarse la obra por más de 39 millones de soles, no existía expediente técnico, pero además, el valor referencial de la licitación se habría determinado de manera irregular, con el agravante que se hizo la convocatoria sin certificación presupuestal.
El expediente técnico que figuraba en el proceso de licitación supuestamente fue elaborado por el ingeniero Raymundo Chihuán Gaspar, sin embargo, este profesional señaló que sí firmó el expediente, pero no lo elaboró. Lo hizo a pedido del subgerente de Infraestructura de la Subregión Pacífico William Bejarano Rivera, a cambio de un pago que le haría la empresa constructora, que tampoco se concretó.
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN
Una vez presentado este requerimiento mixto (acusación y sobreseimiento), lo cual ha ocurrido el último jueves 4 de enero; el Juez Jorge Chávez Tamariz deberá correr traslado por el plazo de diez días hábiles a todas las partes procesales, para que formulen sus oposiciones y recursos a ser discutidos en la audiencia de control que se fijará una vez que transcurra dicho plazo y se hayan devuelto las notificaciones debidamente diligenciadas.