Desde todos los sectores reclamamos el apoyo gubernamental frente a los daños y desastres generados por el fenómeno de El Niño Costero, más aun cuando los sectores más desprotegidos fueron los pequeños agricultores del agro santeño, los cuales quedaron virtualmente sin nada.
La gran cantidad de agua que arrastraron los cauces de los ríos como consecuencia de las intensas lluvias de marzo pasado, arrasaron con miles de hectáreas de áreas de cultivo y muchos hombres de campo perdieron sus tierras, muchos se quedaron sin cosecha y perdieron toda su inversión.
Aquellos que estaban enganchados con créditos en los bancos estaban destinados a perderlo todo, por ello se exigió la intervención del gobierno para la asistencia no solo en estos casos dramáticos, sino en aquellos en los que quedaron en condiciones de recuperar sus tierras y requerían de capital y fertilizantes.
Frente a este cuadro, después de las verificaciones que hicieron los ministros encargados de la asistencia en la región Ancash especialmente la ex ministra Marisol Pérez Tello, el Gobierno expidió sendos decretos supremos mediante el cual estableció la ayuda y asistencia a los agricultores que perdieron sus cosechas.
Se habilitó un bono de reconocimiento para que aquellos que cuenten con parcelas menores de 5 hectáreas y han sufrido la pérdida de sus cosechas puedan recibir un bono de mil nuevos soles por hectárea desaparecida y ello se debería acreditar a través de las autoridades agrarias y las juntas de usuarios.
Sin embargo, el último domingo el Presidente de la junta transitoria de usuarios de Irchim, Francisco Valverde Domínguez, ha revelado que en la tramitación y gestión de este aporte gubernamental se han registrado malos manejos que han convertido este programa en una verdadera estafa para los hombres de campo del valle de Santa.
En tal sentido, mostró los padrones que se han acreditado ante la autoridad administrativa del Gobierno y con los cuales se ha generado los cheques que han cubierto estos bonos de reconocimiento y en ellos se advierte que se ha favorecido a personas que no tenían el derecho que cubre la norma, por el contrario, se ha manipulado los pagos para que personas que cuentan con parcelas mayores a las cinco hectáreas dividan sus parcelas y puedan cobrar el doble y hasta el triple en algunos casos.
El dirigente ha sindicado como responsable de este indebido manejo al defenestrado ex Presidente de la junta de usuarios de Irchim, Daniel Flores Bobadilla, quien habría procurado hasta que sus propios familiares puedan acceder a este pago, desconociéndose si realmente tienen derecho, empero, frente al vínculo familiar lo mas decoroso en estos casos es abstenerse para los efectos de no permitir que se siembren dudas sobre el accionar de quien tiene la potestad de sugerir los pagos.
Lo cierto es que la ayuda social no ha llegado para los verdaderos agricultores, para los pequeños agrarios que sufrieron la pérdida de sus tierras, para los más afectados, por el contrario, se ha direccionado estos pagos a otros agricultores que aun cuando también fueron afectados en menor magnitud, los bonos de reconocimiento no estaban dirigidos a ellos porque no llenaban los requisitos o porque distorsionaron dolosamente la información. Por ello es que el dirigente de los agrarios anunció el fin de semana que entregaría esta información a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía así como a los congresistas, pues se trata de una ayuda social que debe merecer un cuidadoso trabajo de gestión para los efectos que llegue a quienes realmente corresponde, pues de lo contrario, la ley establece duras sanciones para los responsables cuando existe oportunismo y ventajismo para quedarse con lo que le corresponde a los más pobres o afectados.
No se equivoca el dirigente cuando procede de esta manera en la medida que la Defensoría fue uno de los organismos que estuvo pendiente de todo el trabajo asistencial que proporcionó el gobierno, fue una de las palancas de gestión para hallar las maneras más oportunas de ayudar a los afectados, entre ellos a los agricultores de Cascajal, Vinzos, Rinconada y la zona más afectadas por los desbordes de los ríos.
De allí que este organismo tiene autoridad como para tramitar ante el Ministerio Público una inmediata investigación frente a los hechos revelados por el Presidente de la Junta Transitoria de Irchim, habida cuenta que existe evidencias de un manejo doloso por parte de quienes asumieron esa labor cuando estuvieron frente de la entidad.
Justamente, los cargos se dirigen contra el abogado Daniel Flores Bobadilla, un personaje sumamente cuestionado y que ha sido virtualmente echado por los agricultores de la dirigencia pero que persiste en mantenerse en el cargo y que ha enturbiado el reconocimiento de la nueva dirigencia a través de impugnaciones y nulidades de los títulos que se han presentado ante la oficina de Registros Públicos, inclusive, cuando se llevó a cabo el proceso eleccionario trató de impedir su desarrollo por todos los medios.
Tampoco se puede olvidar que este es el mismo personaje que fue sindicado por la defensoría y por otras entidades como Chinecas y Sedachimbote como el responsable del bloqueo del canal Carlos Leight con la finalidad de presionar a la empresa de saneamiento para que deposite el pago del canon de agua a cuentas personales y no de la Junta de usuarios.
Este accionar puso en serio riesgo el consumo de agua para la población sureña y pese a que fue un hecho sumamente grave que es sancionado duramente por la ley, no fue denunciado como correspondía y sancionado con los apremios que determina la ley.
Ahora se ve envuelto en un nuevo escándalo, él ha respondido que quien elaboró los padrones es el director local del agua y el Ministerio de Agricultura, por lo tanto, urge que se investiguen estos hechos derivados de la sustracción de los bonos de reconocimiento agrario para favorecer a bolsillos ajenos.Â
Un hecho como este solo responde a un descarado aprovechamiento que sebe ser duramente castigado por las autoridades, al margen de quienes resulten responsables, lo que no se puede permitir es que el desvío de la ayuda social quede impune. Mano dura con los sujetos que se llenaron los bolsillos con el aporte que estaba dirigido a los pequeños agricultores.