ACUSACION
La Juez Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Pacheco ha puesto en apuros a la Fiscalía supraprovincial del Dr. Elmer Chirre, pues le ha otorgado solo 10 días, que vence el martes 20 de este mes, para que presente su disposición fiscal relacionada con el caso “La Centralita”, en otras palabras, el representante del Ministerio Público tiene solo dos semanas para acreditar que cuenta con una teoría del caso, formule acusación contra todos los investigados, que acuse a algunos y archive la denuncia contra otros o que solicite el sobreseimiento. Estas son las alternativas que tiene el Fiscal en esta instancia, sin embargo, se sabe que el magistrado viene trabajando en este documento desde el año pasado. Lo que sucede es que se trata de un proceso complejísimo, con más de 70 investigados y con hechos que se han sumado poco a poco a los que ya se conocían cuando se inició la pesquisa. Existen muchas declaraciones de colaboradores eficaces que la opinión pública no conoce, sin embargo, el año pasado, con ocasión de la visita realizada por el procurador Nacional anticorrupción, Dr. Amado Enco, adelantó que la acusación en el caso la centralita estaría lista en Diciembre. Es evidente que sus cálculos fallaron, empero, ello demuestra que la fiscalía ya tiene un trabajo adelantado al respecto, por ello es que debe concluirlo en los próximos 10 días. Esto ocurre porque la defensa de Martín Belaúnde Lossio solicitó un control de plazos para obligar al fiscal que emita su pronunciamiento en razón que se han vencido hace rato los plazos para ello. Es evidente que Belaúnde tiene prisa para que este caso se dilucide, empero, hay otros que habrían deseado que esto se alargue un poco más pues se acerca el proceso electoral y no se verá bien que aparezca alguien por allí con una solicitud de pena de cárcel sobre su cabeza. Es lo que podría ocurrir, por ejemplo, con Juan Calderón Altamirano, uno de los pocos investigados en este caso que ha expresado su decisión de postular y hasta ya cuenta con movimiento al más puro estilo de “vientre de alquiler”, pues no ha necesitado activar su movimiento “Juntos por el cambio” en la medida que ha conseguido convencer a algunos dirigentes de “Restauración Nacional” que es el candidato ideal, pero parece que esto no lo conoce el pastor Humberto Lay. Lo cierto es que la candidatura de Calderón se podría ver afectada con una acusación que lo descalificaría ante el universo de electores de la Región, mucho más de lo que ya significa haber purgado tres años de carcelería.
LEY MJ
Creemos que no existe un solo peruano que no se haya conmocionado al conocer los alcances de la alevosa violación y posterior asesinato de la niña “María Jimena” de 11 años de edad en el distrito San Juan de Lurigancho en Lima, por la forma como se ha concretado, por el accionar demencial del autor y por la vulnerabilidad de los niños ante tanta gente enferma que camina por las calles. El sujeto no solo la violó y estranguló, sino que en su afán de borrar las huellas de su execrable delito quemó su pequeño cuerpo como si se tratara de deshechos. Esto es sencillamente espeluznante, por ello ya se levantan voces nuevamente para que se imponga la pena de muerte para estos desquiciados. La verdad es que quienes siempre nos opusimos a esta medida tenemos nuestras dudas y recelos porque ya no se puede seguir tolerando estos hechos y porque los tiempos han cambiado. Una de las principales razones por las cuales los abolicionistas no aceptan una pena de muerte es el error judicial, aquel que podría llevar a la ejecución de una persona respecto a cuya autoría pueden generar dudas. Sin embargo, ahora los tiempos han cambiado, la existencia de cámaras de seguridad permiten probar que un sujeto se lleva a una niña, la presencia de testigos, los antecedentes y hasta la propia confesión. Por ello es imperativo que el Congreso ponga en debate un proyecto de ley que autorice la pena de muerte para aquellos monstruos cuya autoría esté plenamente demostrada y probada. Esa gente no tiene como reformarse, no tiene utilidad alguna para la sociedad y, finalmente, los millones de peruanos no podemos pagarle su subsistencia de por vida en un centro penitenciario en donde tendrá alimentación diaria salida de nuestros impuestos. Es una medida duramente difícil de dictaminar, pero ya es momento que se ponga en debate, no podemos seguir siendo observadores de un cruento y sanguinario capítulo de violaciones y crímenes de menores uno tras otro y cada cual más cruel que el anterior. Basta ya, los congresistas deben dejar de discutir por tonterías y enfocar su trabajo en la verdadera problemática legal y social del país y uno de estos temas es la violencia infantil.