La justicia ha determinado que se amplíe por doce meses más la prisión preventiva que pesa sobre el ex presidente regional de Ancash César Álvarez Aguilar y de esta manera deberá permanecer en su centro de reclusión, en el penal de “Piedras Gordas” hasta febrero del próximo año, si es que antes no ha sido sentenciado a pena efectiva.
La medida ha sido dictada por el Juez Nacional de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, en el curso del proceso penal que se sigue contra la ex autoridad regional y otros por el alevoso crimen perpetrado en agravio de Hilda Saldarriaga Bracamonte, la llamada testigo clave del primer atentado perpetrado en la vivienda del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
Esta decisión encuentra a la defensa del ex titular de la Región sacando sus propias cuentas con la finalidad de demandar su liberación después de más de tres años de reclusión, pues en los otros dos procesos penales que tiene pendientes ya vencieron los plazos de prisión y sus ampliatorias.
En efecto, el propio César Álvarez formalizó los pedidos de cese de prisión preventiva en el caso La Centralita y en el juicio por el crimen de Ezequiel Nolasco, atendiendo al hecho que en ambos ya lleva más de 36 meses en prisión, inclusive, pese a los mandatos judiciales que ordenaron ampliar las medidas restrictivas en su contra.
Lo que sucede es que, tal como lo han hecho otros investigados, Álvarez ha solicitado se deje sin efecto la orden de prisión en atención al acuerdo del Plenario de la Corte Suprema que ha establecido que el plazo de prisión máximo es de 36 meses y ningún procesado puede permanecer un día más en caso no haya sido objeto de una sentencia que ordene cárcel efectiva.
Esto quiere decir que las ampliación de la orden de prisión que se habían aprobado con antelación quedan sin efecto en razón que los magistrados han interpretado la norma procesal en el sentido que los jueces y fiscales tienen un plazo máximo para investigar y sentenciar a los procesados hasta de 36 meses, de tal suerte que ninguna persona puede permanecer un día más de los tres años que se le pueden haber impuesto preventivamente en razón que los magistrados tienen el tiempo prudencial para sentenciarlos.
Por ello es que si no existe sentencia es por la deficiencia o parsimonia de los magistrados, a quienes la ley sanciona con la liberación del detenido por no haber podido concluir la pesquisa en el término previsto.
Es más una admonición y una sanción contra el fiscal a cargo de la pesquisa antes que un premio al detenido, quien ve abrir las puertas de su presidio porque no fueron capaces de establecer su responsabilidad y castigarlo.
Incluso, los magistrados han sido claros y contundentes que aun cuando se trate de procesos penales complejos, con varios investigados y con incidencias complicadas, el plazo de la prisión es incólume, de tal suerte que aquel que ha superado ese plazo de prisión debería quedar automáticamente en libertad.
Este acuerdo plenario ha observado incidencias directas en casos emblemáticos, como el denominado “Los Limpios de la corrupción” de Chiclayo, en el cual a la joven novia del longevo ex alcalde Roberto Torres, la agraciada Katiuska del Castillo, le alcanzó este beneficio y salió en cuestión de días de su centro de reclusión, estando a la espera que se dicte una sentencia en la comodidad de su hogar.
De la misma manera, muchos investigados se acogieron a este acuerdo plenario y han demandado salir de prisión, como lo hizo la defensa de César Álvarez en la medida que los casos “La Centralita” y el crimen de Ezequiel Nolasco se dilatan demasiado, por ello legalmente se aprobó su excarcelación siempre y cuando no se encuentre vigente ninguna otra orden de prisión en su contra.
Precisamente, la única orden de reclusión que pesa en contra de César Álvarez es la contenida en el caso de Hilda Saldarriaga, por ello es que la defensa de Álvarez esperaba que el juez no acepte una nueva ampliación alegando absoluta inocencia en estos hechos, sin embargo, nada de ello sirve en la evaluación de un pedido de cumplimiento de la prisión preventiva.
La Juez ha considerado que aún existen una serie de diligencias que deben actuarse y que no se han realizado con la diligencia del caso en la medida que la actuación de ellas se tiene que hacer en Chimbote ello toma su tiempo.
De la misma manera, existen pericias y documentos que se tienen que recabar para poder redondear una teoría del caso, en lo que se refiere a la obligación del Fiscal para acusar en defensa del derecho de la sociedad.
De allí que, por lo menos, en lo que respecta a nuestro medio de comunicación, no ha sorprendido que la justicia haya decidido ampliar el plazo de la prisión, el crimen de Hilda Saldarriaga fue uno de los hechos característicos de la violencia política que se apoderó de nuestra región en la gestión de César Álvarez, por ello es que la comunidad porteña espera que las autoridades agilicen este caso y se pueda determinar las responsabilidades.
Cierto es que la “testigo clave” no ha sido victimada por un móvil que no sea político, se trata de una pieza clave en el ajedrez de la corrupción en Áncash, era una mujer que se había dispuesto a decir toda la verdad y se aprestaba a corroborar todo lo que dijo ante el Fiscal Lorenzo Javier Melgarejo, el jefe de la división policial y los oficiales que la intervinieron, cuando reveló la manera como se había urdido el plan y quienes estaba detrás de todo ello.
No se ha equivocado la juez al disponer la ampliación de la prisión en el caso del crimen de Hilda Saldarriaga, existen aun evidencias que incriminan a la red de corrupción de Áncash, de allí que son esas cuentas pendientes lo que hace que la autoridad judicial considere que el ex presidente regional siga en prisión, por lo menos hasta que se deslinde los primeros juicios que se siguen en su contra.