La ex gerente de la Sub Región El Pacífico, Pamela Bermúdez Rodríguez y el ex jefe de la oficina de proyectos de inversión del gobierno regional de Ancash, Beder Rosales Norabuena, también llegarán al banquillo de los acusados y deberán responder por los graves cargos relacionados con el escandaloso caso de la desratización y fumigación del año 2009.
Ello porque el Fiscal Anticorrupción del Santa, Robert Rojas Ascón, ha concluido la investigación ampliatoria que ordenó la Segunda Sala Penal de Apelaciones que ventiló este caso y acusó a Pamela Bermúdez y Beder Rosales para quienes solicita se les condene a 7 años de prisión efectiva por la presunta comisión del delito de colusión en grado de consumado.
Es evidente que muchos no deben haber olvidado este proceso penal pues es uno de los casos emblemáticos que dejó la red de corrupción de Ancash en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, aquel que puso de manifiesto hasta donde llegó el grado de corrupción en ese entonces pues se destinó poco más de tres millones de soles para un trabajo de desratización y fumigación que no se realizó.
Y es que los hechos relacionados con este escándalo llegaron a ser terminantemente probados por los jueces de la Corte del Santa, este caso se investigó a partir de la reveladora denuncia del concesionario de la firma que distribuye en nuestro país el insecticida que las bases de la licitación establecieron.
A partir de esta observación se pudo establecer que nunca pudieron haber desratizado y fumigado en la medida que carecían del insecticida, lo que fue un punto de partida para desenmascarar luego a toda una organizaciónÂÂ que había montado unÂÂ proceso licitador con documentos falsos, festinando trámites y con empresas postoras fantasmas con el único objetivo de aprovecharse de los recursos del gobierno regional.
Inclusive, en este caso se llegó a determinar que el proyecto montado por la gerencia de la Sub Región Pacífico no era de su competencia, le correspondía requerirlo y ejecutarlo al sector salud, sin embargo, en la Sub Región Pacifico se dieron maña para montar un concurso de selección y adjudicar un trabajo a empresas que fueron constituidas con el único objetivo de hacerse de la buena pro y quedarse con los dineros a cambio, obviamente, del jugoso pago de diezmos.
Todo ello quedó expresamente establecido en el juicio que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2016, cuando los magistrados consiguieron establecer que no solo hubo malos manejos a nivel de dependencias regionales, sino en los trámites que se realizaron hasta en las entidades financieras en donde se realizaron los pagos, pues se extendieron cheques a nombres de personas naturales o de empresas que no correspondía, por ello los magistrados que juzgaron estos hechos ordenaron en su momento comprender a los empleados del Banco de la Nación que atendieron estos pagos indebidos.
Por ello es que el Fiscal anticorrupción no ha tenido mayores problemas para poder encausar a los ex funcionarios regionales en la medida que en la investigación jurisdiccional realizada se señaló cuáles eran los actos ilícitos que les alcanza a cada uno de ellos y por los cuales deben responder en el banquillo.
En el caso de Pamela Bermúdez Rodríguez, quien se desempeñaba como sub gerente de infraestructura y medio ambiente de la Sub Región El Pacífico, autorizó y dio conformidad a un pago final de 1 millón 081 mil 991.57 soles en favor de Consorcio Químico Ambiental y Consorcio Fumigaciones del Norte, sin que se haya presentado información y documentación idónea que justifique dichos depósitos.
En el caso de Beder Rosales Norabuena, la Fiscalía le atribuye haberle dado viabilidad a los cuatro proyectos de inversión sobre la desratización y fumigación en la Sub Región El Pacifico, a pesar que el ente encargado para formular este tipo de proyectos era el Ministerio de Salud y lo más grave, es que los índices que justificaban la millonaria inversión de más de 3 millones de soles, diferían de las cifras oficiales respecto a dicho problema.
Lo cierto es que este caso ya se encuentra oleado y sacramentado, la Sala Penal de Apelaciones (antes denominada Sala penal Liquidadora) condenó a más de 12 personas por este caso, primero lo hizo con 9 ex funcionarios y empresarios que acudían regularmente a las audiencias y de pronto se encontraron con una condena a penas efectivas que oscilaban entre los 4 y 15 años, de tal suerte que fueron trasladados al Penal de Cambio Puente.
Posteriormente, fueron condenados otros investigados que fueron capturados al hallarse requisitoriados, entre ellos Binci López Sánchez, Erodito Salinas Alayo y Oscar Salgado Olivos, quienes fueron también condenados a penas efectivas y se encuentran recluidos en el Penal de Cambio Puente.
Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena y realizó algunos cambios en materia de las penalidades impuestas a los sentenciados, rebajando la cantidad de años en algunos pero manteniendo siempre la firmeza de un fallo condenatorio que debe sentar un precedente en la administración pública de Ancash.
De allí que esta nueva acusación de la Fiscalía anticorrupción será encausada a un juicio oral en el que, a la luz de los hechos, los magistrados terminarán condenando a los investigados aun cuando se encuentren en ausencia, como el caso de Pamela Bermúdez que está en calidad de prófuga de la justicia desde hace cuatro años y es requerida por muchos otros procesos penales en ciernes.
Sin embargo, esta es la suerte de todos aquellos que se prestaron a un manejo doloso cuando estuvieron al frente de los principales cargos del gobierno regional de Ancash en las gestiones de César Álvarez Aguilar, ya es de dominio público todo lo que ocurrió en aquel nefasto período de la historia de nuestra región, de allí que no hay que ser un agorero para entender que estamos ante una acusación clavada, una requisitoria que, ciertamente, sumará una condena más por actos de corrupción. Es solo cuestión de tiempo.