Editorial

EDITORIAL ::PESCA NEGRA::

El Ministerio de la Producción ha evidenciado efectividad la semana pasada en lo que se refiere al control de la actividad extractiva artesanal, al decomisar casi 300 toneladas de anchoveta que estaba en estado de descomposición pero que se supone es capturada con la finalidad de destinarse a la actividad de consumo humano directo.

En efecto, si estamos en tiempos de veda de pesca industrial, se supone que la única autorización para la captura de anchoveta es la que se otorga a las embarcaciones pesqueras que cuentan con sistemas de frío a efectos que el recurso se pueda conservar y entregarse a las fábricas conserveras en buen estado.

Sin embargo, en una operación conjunta, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron el pasado sábado 17 de este mes a nueve cámaras isotérmicas que se encontraban estacionadas en una cochera particular de Chimbote y en las cuales se ocultaban nada menos que 114 toneladas de anchoveta que se encontraba no apta para el consumo humano directo (CHD).

El hallazgo responde a una acción de seguimiento a los operadores de la pesca artesanal que están distorsionando el verdadero espíritu de la norma, aquella que permitió al sector conservero acceder a una pesca artesanal de anchoveta siempre y cuando se destine a la producción que ella elabora.

Sin embargo, tras el operativo, el recurso fue decomisado y entregado a tres plantas de harina residual de empresas pesqueras de la localidad con la finalidad que procesen ese recurso en harina y aceite de pescado y depositen el monto equivalente a su valor en las cuentas PRODUCE, porque así lo establecen las normas legales.

Sin embargo, esa no fue la única acción que montaron las autoridades, por el contrario, ese mismo día, intervinieron la planta de enlatado de la pesquera Vlacar SAC, ubicada en la zona industrial 27 de Octubre, al descubrirse que había recepcionado 163 toneladas de anchoveta que tampoco estaba apta para el Consumo Humano Directo proveniente de doce embarcaciones pesqueras, lo cual contraviene la Ley General de Pesca, por lo que se procedió como en la anterior incursión para que se procese y se entregue su valor en efectivo.

En ambos operativos participaron los fiscalizadores de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) de PRODUCE y efectivos de la Dirección de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú.

Lamentablemente no se tuvo más información que la que proporcionó desde la capital de la república el Ministerio de la Producción pues, a juzgar porque lo se precisa en la minúscula nota de prensa, no tomaron parte inspectores o personal adscrito a la Dirección Regional de Pesquería de Chimbote, como para tener una fuente informativa más precisa.

Ello porque no se sabe qué medidas ha adoptado la autoridad de pesquería con respecto a los propietarios del corralón o de las cámaras isotérmicas en donde se decomisó esta pesca ya en estado de descomposición, se supone que existen responsables de la existencia de anchoveta descompuesta y que no estaba en condiciones de ser procesada para el cometido por el cual fue extraída del mar.

Ello porque no basta únicamente con la incautación de la pesca y su procesamiento con fines de compensación, lo que se tiene que hacer es desterrar esta práctica ilegal y la única manera de hacerlo es sancionando a los verdaderos responsables de esta actividad manifiestamente ilegal.

Para nosotros se trata de pesca negra, de una captura que se ampara en una legalidad de la actividad de consumo humano directo pero que se oculta de manera dolosa con la única finalidad que el recurso quede en descomposición y luego se lleve a los quemadores de harina de pescado justificando que la anchoveta se ha malogrado y ya no se encuentra en condiciones de ser procesada para la mesa popular.

Hay algunos filósofos de la pesca que en determinado momento dijeron que eso no se podía calificar como pesca negra en la medida que se entiende como tal a la captura que es ilegal, aquella que se extrae en tiempos de veda, cuando las embarcaciones zarpan de manera indebida y capturan un cardumen que puede encontrarse en tamaños juveniles o en proceso de desove, lo que repr4esenta una pesca ilícita.

En tal sentido, señalaron que esa pesca es diferente a la que realizan embarcaciones artesanales autorizadas para la captura de anchoveta que se destina a la producción de consumo humano directo, cuya extracción no cae en el campo ilícito, sino que desvían el destino del cardumen y lo llevan a otros lugares para ser procesado como harina y aceite de pescado en plantas que también se prestan para esta ilícita actividad.

Esta infracción la calificaron como desvío ilegal de pesca, algo similar a lo que ha descubierto hace dos semanas PRODUCE en nuestra ciudad al encontrar nueve cámaras isotérmicas cargadas de anchoveta que ya estaba en mal estado.

Lo que no entendemos es que si el objetivo final de esta “pesca desviada” es la elaboración clandestina de harina y aceite de pescado, entonces se trata efectivamente de una “pesca negra”, es el producto de una actividad dolosa que amerita sancionarse con todo el peso de la ley y no solo decomisarse con fines de utilidad económica.

Las normas que están vigentes en el sector pesquero, aquellas por las cuales el Gobernador Regional de Ancash, Luis Gamarra Alor, protestó ante la aun Ministra de la Producción en el último Gore Ejecutivo, en la medida que a la Dirección Regional de Producción solo se le considera como una mesa de partes, lleva a que esta clase de operativos solo se realicen con inspectores llegados de Lima, no se considera a los funcionarios locales que podrían hacer seguimiento a estos y otros casos.

Esperemos que las autoridades sigan persiguiendo esta “pesca negra”, pero que no se conformen únicamente con el comiso y el procesamiento de la pesca ilícita, que se piense únicamente en sacar réditos de este desvío ilegal, sino que se sancione a todos los involucrados y se diga con nombres y apellidos quienes son, por lo menos para que escarmienten ante la vergüenza pública.