La conclusión anticipada es una nueva herramienta del procedimiento penal vigente que resulta sumamente efectiva cuando es utilizada con el objetivo que realmente tiene, es decir, cuando se busca acopiar pruebas contra quienes han delinquido a partir de la confesión de quienes siendo parte en el acto de imputación tienen la necesidad de deslindar responsabilidades respecto al mismo hecho.
De tal suerte que mediante este mecanismo se pueden obtener pruebas concluyentes respecto a la responsabilidad de los investigados de un delito, se pueden corroborar evidencias que por si solas resultan flojas para sustentar una acusación y, en lo esencial, se cuenta con testimonios que resultarán fundamentales en la persecución del delito.
No podemos soslayar el hecho que, por su misma concepción, este mecanismo legal ha venido siendo utilizado por algunos magistrados solo con el objetivo de evitar mayor carga procesal para salvar responsabilidades que ya estaban definidas y en las cuales se vieron favorecidos algunos procesados que consiguieron salir bien librados de cargos delictivos que resultaban de mucha gravedad.
Sin embargo, este mecanismo de la conclusión anticipada ha permitido la semana pasada proporcionar una prueba fundamental en el juicio seguido a ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y descubre, una vez más, que la corrupción fue un signo que divagó por sus dependencias.
Nos estamos refiriendo a la sentencia condenatoria que dictó el Juez Unipersonal Anticorrupción, Fernando Joseph Arequipeño Ríos contra Fiorella Castillo Contreras a quien impuso 3 años 5 meses 21 días de pena privativa de la libertad, suspendida por el periodo de 2 años 6 meses, además de fijarle el pago de una reparación civil de 6500 soles que ya debió empezar a pagar desde el ultimo lunes 2 de abril en armadas mensuales.
La sentenciada Fiorella Castillo Contreras, es una empresaria dedicada al alquiler de maquinarias, quien aceptó ante el Juez los cargos que le imputan por el delito de colusión y reconoció que hubo concertación con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en el año 2012, para ser la beneficiaria en las adjudicaciones Nº 23- 2012 y Nº 62- 2012 “Alquiler de Volquetes para la erradicación de residuos sólidos” por montos de 52 mil 094.81 soles y 156 mil soles.
Como es de dominio público y tal como se denunciara oportunamente en los medios de comunicación de la localidad, en la gestión del ex alcalde Juan Gasco Barreto, se dieron una serie de procesos licitadores y de selección de proveedores en donde predominó el favorecimiento a ciertos empresarios que sin cumplir los requisitos de ley o festinándose trámites, se llevaron adjudicaciones que se encontraban sobrevalorizadas,
Uno de estos casos fue el alquiler de maquinaria para el servicio de limpieza pública, uno de los aspectos sensibles de cualquier administración municipal que debería afrontarse de manera técnica y profesional reforzando o ampliando la flota de compactadores y volquetes, empero, en esos años se apeló al fácil expediente del alquiler de maquinaria y los ex funcionarios no dejaron pasar la oportunidad para coludirse con empresarios que se prestaron a los pagos bajo la mesa.
Esa en esencia es la acusación que se ha formulado contra los ex funcionarios y es la misma que ha aceptado la empresaria recientemente sentenciada en el Poder Judicial, es decir, la existencia del contubernio y las componendas mediante las cuales los concursos de precios se decidían antes que se abrieran los sobres.
Ahora, con la decisión de la empresaria Fiorela Castillo Contreras, automáticamente y por mandato de la ley procesal se convierte en testigo impropio, consecuentemente el juicio oral va a continuar en contra del resto de imputados que son los ex funcionarios municipales de Nuevo Chimbote, Rodolfo Barrantes Machaca, Gustavo Javier Sagardía Urtecho, Marco Antonio Arroyo Mestanza, Eliseo Alva Flores y Samuel Florencio León Figueroa; para quienes la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado se le imponga 5 años de prisión efectiva.
Los ex funcionarios ediles agravan de esta manera su condición pues a todos ellos se les acusa de haberse coludido para beneficiar a la empresa Contratistas Generales VF & A SAC, de propiedad de Castillo Contreras, para otorgarle la buena pro, en medio de una serie de irregularidades, en las adjudicaciones Nº 23- 2012 y Nº 62- 2012 “Alquiler de Volquetes para la erradicación de residuos sólidos” por montos de 52 mil 094.81 soles y 156 mil soles.
Según los cargos formulados por la Fiscalía, los funcionarios concertaron con la empresaria para favorecerla con las dos buenas pro a pesar que su empresa no cumplía con los requisitos exigidos en las bases de las convocatorias.
En realidad no debería sorprender a nadie la secuela de este proceso en la medida que los empresarios que muchas veces se vieron empujados a tener que buscar negociar las adjudicaciones son conscientes que la justicia no tendrá contemplaciones cuando dilucide la responsabilidad de los implicados, saben que existen evidencias de la colusión en la entrega de la buena pro, por ello es que prefieren evitar la cárcel y aceptan la responsabilidad que les alcanza en los hechos, al margen de lo que ello pueda implicar para quienes, a la larga, fueron los beneficiados de una administración edil corrompida.
Este caso es similar al que se siguiera, por ejemplo, al ex decano del Colegio de Ingenieros, Hugo Rojas Rubio, quien negaba que se haya coludido en el concurso de selección de empresas para una obra en la Universidad del Santa en la cual trabajaba, sin embargo, el empresario se acogió a la terminaciónÂÂ anticipada, entregó el vídeo en el que quedó grabado el acto de corrupción y su testimonio fue concluyente para condenar a cinco años de cárcel al ex funcionario quien hasta la fecha se encuentra en la clandestinidad.
Menudo problema en el que se encuentran los ex funcionarios de la Municipalidad sureña pues deberán responder ante la justicia por los cargos que han sido puestos al descubierto por la empresaria, de tal suerte que de ser hallados responsables podrían terminar tras las rejas-. Este no es más que el punto de partida para develar muchos otros casos que se encuentran en investigación de la gestión del ex alcalde Juan Gasco Barreto, quien también enfrenta juicios del mismo calibre. Veremos que resuelve la justicia.