A fojas cero. La Primera Sala Penal de Apelaciones declaró fundada la apelación interpuesta por la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público, contra la sentencia que absolvió a la renunciante alcaldesa provincial Victoria Espinoza García y al actual burgomaestre, recientemente juramentado, Julio Cortez Rojas; del sonado caso del Consorcio Nehalem.
Los magistrados Carlos Maya Espinoza, José Manzo Villanueva y Frey Tolentino Cruz, declararon nula la sentencia absolutoria firmada por la entonces Juez Patricia Peralta Gambini y ordenaron un nuevo juicio, que esta vez estará a cargo del Juez Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fernando Joseph Arequipeño Ríos.
Según la resolución judicial colegiada, la sentencia de primera instancia no habría estado debidamente motivada y no se habrían discutido en juicio oral, una serie de elementos y hechos, que ayudarían a descartar adecuadamente si hubo o no colusión en los actos atribuidos a los funcionarios públicos de la primera gestión edil de Victoria Espinoza García.
Son investigados en este proceso penal, la alcaldesa Victoria Espinoza García, el primer regidor Julio Cortez Rojas, los funcionarios de la comuna provincial, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez (gerente y subgerente de infraestructura), el exfuncionario Aquior Mendoza Mendoza (autores) y el empresario constructor Oscar Randy Robles Camarena (cómplice primario), todos ellos acusados de la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.
Para ellos, el Ministerio Público solicitó se les imponga una pena de prisión efectiva de 5 años de cárcel, a excepción de Aquior Mendoza Mendoza para quien se le ha solicitado 3 años de prisión efectiva en razón de tener responsabilidad restringida por ser una persona mayor a los 65 años. También se les ha pedido una inhabilitación de 3 años para ejercer la función pública y el pago de una reparación civil de 200 mil nuevos soles.
Se les acusa de haber favorecido a Consorcio NEHALEM con la buena pro y ejecución de la obra “Mejoramiento de agua potable y desagüe del sector III de Chimbote por un monto de más de 14 millones de soles.
Según la tesis fiscal, Victoria Espinoza colocó de manera estratégica a Julio Cortez como Presidente del Comité y al funcionario Aquior Mendoza para que tuvieran control sobre las decisiones. La Fiscalía expuso ante los magistrados su apelación sustentando otras irregularidades como la falta de experiencia de las empresas consorciadas, profesionales a cargo sin puntaje requerido, propiedades irregulares no consignadas en SUNARP, además de abandono de cambio de redes como el ocurrido en la Urb. El Acero en abril del 2009 y el uso de una carta fianza falsa.