Editorial

Editorial: ::: ESPERADO ACUERDO :::

La semana pasada el Consejo Regional de Ancash aprobó el pedido de transferencia de las 308 hectáreas del proyecto especial Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales a efectos que se disponga el cambio de uso y se entregue a los posesionarios que se encuentran en toda esa extensión y que han conformado decenas de asentamientos humanos en Nuevo Chimbote.

Este acuerdo también comprende la aprobación de la transferencia de 118 hectáreas para el relleno sanitario de Chimbote y 72 hectáreas para el relleno sanitario de Nuevo Chimbote, parcelas que se encuentran ubicadas en la zona de La Carbonera y que a la fecha se vienen utilizando únicamente como enormes botaderos de basura.

La decisión se adoptó luego que se evaluará en el seno del consejo regional el informe elaborado por la comisión que se formó con este objetivo, para que se analizara y evaluara detenidamente la pertinencia de estas transferencias en la medida que, sabido es, en ese sector de Nuevo Chimbote se ha incubado una mafia de traficantes de tierras que se valen de la necesidad de mucha gente.

En realidad este acuerdo se esperaba desde hace mucho tiempo, en la medida que comprende dos aspectos que no arrastraban cuestionamiento alguno, el tema de las 308 hectáreas ya estaba dilucidado a pesar que incorpora al debate la necesidad de aceptar las peticiones de otros pueblos que están en la misma condición.

Sin embargo, el tema de las 308 hectáreas ha sido ya dilucidado hace mucho tiempo como igualmente carecía de mayor debate el aspecto relacionado con la entrega de los predios destinados a los rellenos sanitarios de la ciudad, que comprende 118 hectáreas para el Municipio Provincial del Santa y 72 hectáreas para el Municipio de Nuevo Chimbote.

Quien sabe estos últimos fueron los más celebrados en la medida que si hubo alguna entidad que luchó a brazo partido porque se concrete este acuerdo, esa fue la comuna distrital de Nuevo Chimbote en la medida que su alcalde, Valentín Fernández Bazán, había concretado hace ya bastante tiempo un convenio de carácter internacional con la corporación japonesa JICA y el Ministerio del Ambiente para el financiamiento de una planta de Tratamiento de residuos sólidos y el equipamiento del servicio de limpieza pública.

Esto es de dominio público, inclusive, el burgomaestre debió hacer frente la intolerancia de los regidores de oposición a su gestión para obtener los acuerdos que le permitan constituir un fideicomiso en el Banco de la Nación que avale la puesta en marcha de este proceso, por eso es que hoy cuenta con maquinaria moderna que ha llegado para reforzar el trabajo de limpieza pública.

Se trata de cuatro compactadores, tres camiones y un volquete, los cuales servirán para afianzar el recojo de la basura, empero, la segunda y más importante parte de este proyecto dependía de la disposición del terreno sobre el cual debe implementarse el relleno sanitario en sí mismo.

Esto lo fue demandando permanentemente el alcalde sureño, debió hacer frente a la prolongada inestabilidad del Gobierno regional de Ancash, el encarcelamiento consecutivo de dos gobernadores y esperar la llegada del Ingeniero Luis Gamarra Alor para que se pueda encaminar un pedido que debió consolidarse hace algunos años atrás.

Ello porque el Municipio no puede poner en ejecución el convenio sino cuenta con los terrenos saneados lo que involucra que se transfieran a Bienes Nacionales y este organismo del estado lo afecte al municipio de Nuevo Chimbote.

El Relleno Sanitario comprende la implementación de una planta de Tratamiento de Residuos sólidos, pues la eliminación de la basura no debe ser un problema para determinada jurisdicción sino que debe ser motivo para una actividad económica que debe representar el retorno de recursos para el propio municipio, pues en otros países la basura forma parte de una industria que tiene un importante valor económico.

Afortunadamente, esas gestiones que llegaron al arrebato y las amenazas de denuncias, por fin tuvieron el epilogo por todos esperados con el acuerdo del consejo regional que ha sancionado estas dos transferencias y que, aparte de ello, ha dejado pendiente el debate de las peticiones de las comunidades de Chimbote y Casma, en donde se reclama la transferencia de 217 y 305 hectáreas respectivamente en la medida que allí también se levantas asentamientos humanos que acogen a miles de familias que esperan una adjudicación directa por necesidad de vivienda.

Es importante que el consejo regional no haya desestimado de buenas a primeras esta parte del debate, aun cuando es evidente que de esos dos sacos se han colgado muchos políticos en busca de prensa que los coloque en el debate diario, pues la situación de aquellas familias no dista de la que afrontaron los pueblos de las 308 hectáreas.

Ello porque en ambos existen familias que han invadido los terrenos, algunos los han adquirido a traficantes de terrenos, empero, existe una necesidad de vivienda que no se puede soslayar al margen del negociado que se ha registrado en estos lugares, sin embargo, ellos solo demandan que se aplique un criterio equitativo para todos.

Si los pueblos de las 308 hectáreas han sido beneficiados con la transferencia de los predios que ocupan con fines de vivienda ¿Por qué los pueblos de las 217 hectáreas no pueden aspirar a lo mismo? Donde este existe el mismo hecho existe el mismo derecho dice una máxima jurídica que deberá dilucidarse en este extremo.

Lo cierto es que la gestión de Luis Gamarra Alor ha conseguido poner en vereda la entrega de terrenos que ya no están calificados para la agricultura y que deben destinarse a vivienda en la medida que ya están ocupados por miles de familias, ha sido materialmente imposible a la Municipalidad Provincial del Santa poder establecer quienes son las familias necesitadas de vivienda y quienes son solo especuladores.

Eso será materia de una calificación cuando se concrete el traslado de las partidas registrales a favor de la comuna provincial, por el momento, solo queda saludar que se haya aprobado un esperado acuerdo, no solo para las familias que los ocupaban sino para los Municipios que requieren implementar sus rellenos sanitarios con urgencia.