Editorial

Editorial: ::: ACCIÓN CONJUNTA :::

La polémica por el ilegal funcionamiento de los paraderos informales que se utilizan en nuestra ciudad para embarcar a pasajeros que desean viajar a Trujillo o Huaraz se extendió en la medida que la Policía ubicó una caseta en la que se colocaba gente que controlaba la salida y llegada de vehículos frente al terminal terrestre y el centro comercial Megaplaza.

Se trata de una caseta en donde se ha establecido un paradero cuyos responsables dijeron a la Policía de Tránsito que contaban con juna autorización de la Municipalidad Provincial del Santa y mostraban un documento en el que se calificaban como una empresa de transporte.

Sin embargo, luego que la Policía realizara un operativo y compartiera con la prensa la intervención de esta caseta, el gerente de transporte de la Municipalidad Provincial del Santa desmintió que la comuna haya autorizado el funcionamiento de esa caseta y, por el contrario, señaló que ellos habían multado a la empresa por haber pretendido implementar una suerte de cochera para vehículos.

Sin embargo, pese a que todos los chimbártenos hemos visto a diario que allí se estacionan vehículos y llegan llenadores convocando a pasajeros para viajar a Trujillo, las autoridades pretenden decirnos que no pasa nada con esa instalación, lo cual no es obviamente cierto.

Lo que sí ha sido cierto y no ha dejado de llamar la atención es la ausencia de los inspectores de la gerencia de transportes de la comuna provincial en los operativos organizados por las autoridades durante los días festivos religiosos de la semana santa, fechas en las que, como es de dominio público, se desplaza una gran cantidad de personas que buscan movilizarse de una ciudad a otra.

Justamente, ante las revelaciones de la prensa por el funcionamiento de hasta tres puntos en los cuales se estacionaban carros particulares que hacen servicio informal de viajes a la ciudad de Trujillo y Huaraz, la Policía nacional de tránsito y la Fiscalía decidieron intervenir estos puntos estratégicos de la informalidad y pusieron papeletas a los choferes que se estacionaron con este motivo.

Obviamente que la reacción de los choferes fue de resistencia a la acción de la autoridad bajo el pretexto que no estaban haciendo nada ilegal, solo aprovechaban un viaje a Trujillo para llevar pasajeros y recuperar su combustible.

Sin embargo, eso no es posible, el traslado de pasajeros de un punto a otro del país implica un riesgo que debe estar cubierto de alguna manera, ´por ello debe existir una empresa que se haga responsable por los accidentes, deben existir pólizas de seguros que garanticen la atención de las personas que hacen uso del servicio y se debe contar con una infraestructura adecuada como para responder por un viaje de largo aliento.

De esta manera, la propia ley no permite que se haga un servicio informal de transporte interprovincial, quienes pretendan dedicarse a ese rubro del servicio público de transporte de pasajeros lo debe hacer luego de haber recabado los permisos necesarios y que sus unidades e instalaciones en tierra hayan sido objeto de una meticulosa revisión a efectos que se le otorgue el visto bueno.

Estos paraderos informales convocan a vehículos particulares cuyos choferes no se encuentran en condiciones de responder ante algún imponderable que, ciertamente, nadie quiere y menos desea que suceda pero que se encuentra latente dentro del abanico de posibilidades en marco de un viaje de una ciudad a otra.

De allí que la Municipalidad no ha podido sacudirse de responsabilidad en el funcionamiento de esta caseta informal ubicada frente a la Tienda Tottus, es un emblema de la informalidad y de la irresponsabilidad, por ello es que esta semana el gerente de transporte ha rectificado su posición y ha adelantado que ya se viene trabajando en las áreas competentes la clausura definitiva de esta caseta y, eventualmente, su retiro o demolición.

Si es que se quiere poner orden y respeto en el sector transporte se debe comenzar no solo por eliminar esta clase de símbolos de la informalidad sino que se tienen que sumarse todas las instituciones y entidades públicas involucradas en su erradicación.

Si la Policía hace un operativo no solo debe contar con el respaldo del Ministerio Publico, debe concurrir allí el representante de la Municipalidad porque es la entidad edilicia la que administra la ciudad, por lo tanto, para adoptar cualquier medida restrictiva se debe contar con el aporte de la comuna.

Solo con una acción conjunta se podrán ver resultados en este tema, si las entidades quieren seguir tomando medidas por su cuenta y riesgo el transporte informal seguirá dominando en las calles. Ya es momento que las autoridades se sienten en una misma mesa y discutan las mejores medidas que se puedan concretar para terminar con estos paraderos informales.

LARGO BRAZO DE LA LEY

Hace unos tres o cuatro años un grupo de maleantes sembró el terror en las calles por sus acciones delincuenciales cargadas de violencia, todas ellas relacionadas con el asalto y robo, extorsión y sicariato. En el lumpen los conocían como “Los Patecos”, banda criminal que tenía su centro de operaciones en el P. J. Dos de Mayo.

Si bien es cierto que los principales cabecillas eran los Cruz Alejos, uno de los más peligrosos integrantes de este grupo delincuencial era Andrés Alexander Quezada Valerio (29), alias “tiburón”, quien fue capturado meses atrás en el vecino país de Chile y tras ser sometido a un proceso de extradición se dispuso su traslado a nuestro país.

La semana pasada llegó a Chimbote y de inmediato fue enviado al Penal de Cambio Puente para cumplir la condena de seis años de cárcel efectiva por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, que le impuso la Sala Penal Liquidadora de Chimbote.

Este sujeto tiene aún cuentas pendientes con la justicia, justamente, mañana lunes se iniciará en su contra un juicio oral por un atentado criminal por el cual su cómplice Ronald Gustavo Blas Maquera ya fue condenado a 13 años de prisión efectiva el pasado 14 de julio del año 2016, por lo que le esperan aun muchos años más de cárcel. Así terminan los que delinquen porque el brazo largo de la ley se estira así se oculten en otros países. Bien merecido se lo tiene.