La alcaldesa Victoria Espinoza no ocultó ante la prensa su disconformidad con los regímenes electorales vigentes y relacionados con la selección de candidatos, los plazos, las prohibiciones y todo aquello que, por ejemplo, obliga a las actuales autoridades ediles en ejercicio a tener que dimitir antes que ostente la condición de postulante en los próximos comicios del mes de octubre.
Se estaba refiriendo, obviamente, a su caso en particular pues, como es de dominio público, por mandato de la ley se ha visto precisada a renunciar al cargo de alcaldesa provincial que obtuvo en los comicios del año 2014 para poder postular al sillón del gobierno regional en los comicios del próximo 07 de octubre.
Ello a pesar que a la fecha tiene solo la condición de pre candidata y en la medida que todos los candidatos serán recién seleccionados en los procesos internos que determina el procedimiento de la democracia interna que establece la ley electoral, el mismo que tiene un plazo de ejecución hasta el 25 de mayo próximo.
Ello quiere decir que los alcaldes, como Victoria Espinoza, que han renunciado al cargo se corren el riesgo que en el camino, por algún inconveniente o percance, no pudieran ser finalmente los seleccionados y se queden sin poder retornar al cargo que ostentaban, algo así como perder soga y cabra.
Claro que esto es solo una especulación en la medida que si alguien renuncia para ser candidata lo hace porque es consciente que ya tiene virtualmente el respaldo de su militancia y de la dirigencia para estar en la parrilla electoral, sin embargo, hay un aforismo que dice que en política nada está dicho hasta que se encuentre firmado, en otras palabras, hasta que una candidatura esté oleada y sacramentada.
Así lo entendió, por ejemplo, el alcalde provincial de Casma, Joseph Pérez Mímbela, quien contaba con las simpatías de la dirigencia para ser el candidato al Gobierno regional de Ancash, empero, entendía que en su organización existían otros personajes que tenían la misma ambición, por ello solicitó que la selección de candidatos se haga hasta antes del 07 de abril, pues el proceso de inició el 11 de marzo, pero nadie le hizo caso, por ello dimitió porque era consciente que podría quedarse en el aire, como en efecto, el tiempo le dio la razón por que su movimiento ya luce candidata, y, aparentemente, era la que habría obtenido más votos en la elección interna,
Pero volviendo a la alcaldesa, no sabemos si su incomodidad iba porque podría ser abandonada por la militancia o dirigencia o es que en realidad podría existir algún factor exógeno que la haga trastabillar en su ya develada intención de candidatear al gobierno regional de Ancash, como tiene previsto.
Curiosamente, a los pocos días la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa ha emitido su sentencia de vista en el proceso penal que se sigue contra la ex alcaldesa Victoria Espinoza y otros funcionarios de su gestión por delito de colusión, en el conocido caso “Nehalem”, habiendo anulado la sentencia absolutoria que el año pasado había favorecido a la ex burgomaestre.
La instancia superior ha considerado que esa sentencia es írrita y adolece de una serie de deficiencias en la medida que no se encuentra debidamente motivada y no se habrían discutido en juicio oral una serie de elementos y hechos, que ayudarían a descartar adecuadamente si hubo o no colusión en los actos atribuidos a los funcionarios públicos de la primera gestión edil de Victoria Espinoza García.
Por ello es que se deja sin efecto la sentencia primigenia y se ordena que se realice un nuevo juicio oral, el mismo que ya no estará a cargo de una juez suplente sino que ahora se llevará a cabo en el Juzgado Unipersonal anticorrupción que existe en la Corte del Santa y cuyo despacho está a cargo del Juez Fernando Arequipeño Ríos.
Los antecedentes del proceso penal que se sigue a la ex alcaldesa vuelven a la fase intermedia, aquella en la que se deberá iniciar nuevamente las audiencias para debatir los cargos contenidos en la acusación del Ministerio Público que solicitó se les imponga una pena de prisión efectiva de 5 años de cárcel, a excepción de Aquior Mendoza Mendoza para quien se le ha solicitado 3 años de prisión efectiva en razón de tener responsabilidad restringida por ser una persona mayor a los 65 años, además de la pena accesoria de inhabilitación de 3 años para ejercer la función pública y el pago de una reparación civil de 200 mil nuevos soles.
Como ya es de dominio público se les acusa de haber favorecido a Consorcio NEHALEM con la buena pro y ejecución de la obra “Mejoramiento de agua potable y desagüe del sector III de Chimbote por un monto de más de 14 millones de soles.
Según la tesis fiscal, Victoria Espinoza colocó de manera estratégica a Julio Cortez como Presidente del Comité y al funcionario Aquior Mendoza para que tuvieran control sobre las decisiones. La Fiscalía expuso ante los magistrados su apelación sustentando otras irregularidades como la falta de experiencia de las empresas consorciadas, profesionales a cargo sin puntaje requerido, propiedades irregulares no consignadas en SUNARP, además de abandono de cambio de redes como el ocurrido en la Urb. El Acero en abril del 2009 y el uso de una carta fianza falsa.
Todo ello deberá ser materia de un nuevo debate en el banquillo de los acusados, con el incómodo precedente que este juicio se tendrá que llevar a cabo en medio de una campaña electoral en la cual los adversarios echarán mano de este caso para tratar de empañar la gestión municipal de la ex burgomaestre.
Esto es innegable, los recursos en medio de una campaña electoral son válidos así resulten vedados, la guerra sucia es un escollo para cualquier candidato, por ello es que sospechamos que las premonitorias controversias que exponía la ex alcaldesa Victoria Espinoza, tras verse obligada a renunciar al cargo, tenían algo que ver con la pesada mochila judicial que arrastra desde que se inició su segunda gestión como alcaldesa y que en algún momento puso en riesgo su libertad ambulatoria.
Es evidente que el aderezo que agrega esta sentencia de la Sala Penal lo convierte en un caso picante que nadie sabe hasta que punto puede influenciar mucho en las decisiones futuras en el espectro electoral de nuestra región.