“Si tuviera un poco de decencia renunciaría a la curul que tiene, la congresista ya ha sido blindada por la comisión de ética es una vergüenza”. Con estas palabras el Obispo de la ciudad, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno resumió la indignación que siente un pueblo a advertir el abuso y la desfachatez de un poder del estado que es capaz de encubrir los actos ilícitos más descarados que se puedan perpetrar en ese nivel.
La autoridad eclesiástica se refirió de esta manera al escándalo que protagoniza la congresista por Ancash Yessenia Ponce Villarreal, quien es acusada de haber brindado información falsa en su hoja de vida y, posteriormente, falsificar sus certificados de estudios que le permitan acreditar que ha concluido los estudios escolares.
En medio de estos malos manejos, la congresista carga sobre sus espaldas también una acusación por haber coimeado al Director de un Colegio Particular para que le facilite estos certificados de estudios falsos, hecho que se llegó a demostrar con el voucher del Banco en donde consta, en efecto, el depósito der diez mil soles que ni siquiera el beneficiado ha podido explicar cómo llegó ese dinero.
Lo cierto es que el caso de la congresista Ponce Villarreal, como ya lo hemos comentado en este mismo espacio, ya resulta una real vergüenza, no solo porque ha sido descubierta en flagrante delito, sino porque a pesar de las múltiples pruebas y evidencias que existen al respecto, es escandalosamente protegida por el congreso que está dominado por la bancada de su partido político, Fuerza Popular.
Nadie ha llegado a entender hasta la fecha las razones por las cuales la cúpula fujimorista protege de esta manera a una congresista que “no suena ni truena”, que no es capaz de demostrar un trabajo efectivo a nivel de legislación o fiscalización y en cuyo haber, lejos de una producción eficiente, solo existen escandaletes y transgresiones a la ley en el ejercicio de sus funciones.
No podemos olvidar que Yessenia Ponce es la misma que, con descarado desconocimiento de la ley y de sus atribuciones, se presentó en el seno del Consejo Regional de Ancash, exigió tomar parte en una sesión y en ella presionó a despistados consejeros regionales para que no aprueben un acuerdo en contra de los intereses del gobernador regional de entonces Waldo Ríos Salcedo, actuación impertinente que fue denunciada por la prensa y generó una investigación que inicialmente le iba a costar una suspensión de 120 días pero fue perdonada por el pleno del congreso.
Esta es quizás la primera perla de tan controvertida legisladora, casi entre lágrimas pidió perdón a la representación nacional por haber transgredido la ley y admitió que lo hizo por su inexperiencia, melodrama suficiente para que sus colegas hagan el vergonzoso papel de “otorongo no come otorongo”.
Luego, la misma congresista fue descubierta en unos audios en el que admite la repartija que hacen con sus colegas de las puestos de trabajo en el proyecto especial Chinecas y compromete a su lideresa al señalar que le pidió que no toque el tema de Chinecas porque de eso se encargarían el 2021 cuando fueran gobierno, tamaña majadería que solo representaba un insulto para los ancashinos.
Igualmente, la congresista apareció ante los medios nacionales para desmentir lo afirmado, adujo que era una fanfarronería de su parte y le pedía perdón a su lideresa, con lo cual se sacó de encima una investigación a nivel congresal.
Luego se destapó la falsificación de los certificados de estudios, lo que resulta una consecuencia de la falsa declaración que hizo en su hoja de vida y las posteriores investigaciones periodísticas que permitieron establecer no solo que los certificados son efectivamente falsos, sino que hubo un pago de 10 mil soles al director que los suscribe y que los profesores que se mencionan en los documentos realmente no existen, como tampoco existen “los compañeros de estudios” que aparecen en los certificados que le expidieron a su favor.
En realidad son tantas maniobras dolosas las que se achacan a la congresista que ya es momento de decir basta, de acompañar a nuestro Pastor para decirle a la representación nacional que estamos dispuestos a firmar un documento demandando su inmediato desafuero porque no podemos tener una “madre de la patria” con semejantes antecedentes y escandaletes como lo muestra Yessenia Ponce Villarreal.
Esto ya es un clamor popular y el Obispo lo hizo suyo para satisfacción de los chimbotanos.
PENA EQUITATIVA
“No es posible que a un Policía lo condenen a seis años de cárcel efectiva por cobrar diez soles cuando a los grandes corruptos que se llevan la plata del país les ponen la misma o menos sanción”.
Esta es la aclamación que se escuchó luego que se diera a conocer la decisión de la justicia al sentenciar a seis años de prisión efectiva a un Sub Oficial de la Policía de Tránsito que fue sorprendido recibiendo 10 soles de un transportista para que no le ponga una papeleta por la infracción cometida.
Sin embargo, ese Policía que pide una propina y recibe 10 nuevos soles para dejar de hacer algo propio de sus funciones es tan corrupto como aquel que se colude con grandes empresas para cobrar un millonario diezmo.
El problema no está en la cantidad de dinero recibido o exigido, el delito está en la voluntad criminal de violar la ley para dejar de cumplir sus funciones y aprovecharse del cargo que ostenta ese servidor o funcionario público.
Es lo mismo que ocurre en otros delitos, es tan traficante aquel que vende ketes de PBC como aquel que trafica con kilos del mismo estupefaciente, ambos merecen la misma y drástica pena por envenenar a los jóvenes y generarles un vicio que termina destruyéndoles el futuro. La que recibió el Policía de tránsito es una pena equitativa, es la sanción que se merece quien delinque aprovechando el uniforme policial.