Rechazó sobreseimiento. El Juez de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz se opuso al archivo de las investigaciones en contra de tres ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico y una proveedora que resultó siendo una vendedora de pollos en el mercado El Progreso; y, ordenó que sea la Fiscalía Superior la que revise el pronunciamiento del Fiscal Anticorrupción José Olivos Cosio.
Chávez Tamariz no quedó conforme con los argumentos expuestos por el Fiscal José Olivos Cosio, quien pidió el sobreseimiento de la investigación seguida contra Luis Andrés Caipo Paredes, Pepe Gilmer Jara Delgado y José Luis Parravacini Baca (ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico) y la empresaria “comando” María Marilú Pereda Vega.
A todos ellos se les investigó por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y la Sub Región El Pacífico. Al oponerse al pedido de archivo que planteó el Fiscal, el Juez dispuso que se eleve el expediente a la Fiscalía Superior para que revise los actuados y emita un nuevo pronunciamiento.
La Fiscalía investigó a Luis Andrés Caipo Paredes, Pepe Gilmer Jara Delgado y José Luis Parravacini Baca (ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico) y a la empresaria “comando” María Marilú Pereda Vega por haber concertado voluntades para entregarle la buena pro de tres adjudicaciones directas para la venta de agregados.
De esa forma, María Marilú Pereda Vega se adjudicó la buena pro de los agregados para el Colegio “Artemio del Solar” de Santa por 70 mil 312 soles; para el Colegio “Manuel Gonzales Prada” por 48 mil 942 soles y la Institución Educativa N· 1662 del A.H “Villa San Luis” por la suma de 62 mil 375 soles.
A pesar que se otorgó puntaje excesivo a la proveedora con la finalidad de favorecerla en la entrega de la buena pro, pese a no tener experiencia en el rubro y además, otorgarle las tres buenas pro en un mismo día y casi a la misma hora; la Fiscalía terminó solicitando el archivo de la investigación, lo cual fue rechazado por el Juez que elevó el expediente a la Fiscalía para que se pronuncie.
Dependerá de la Fiscalía Superior, si ordena que otro Fiscal acuse o confirma el sobreseimiento (archivo) con lo cual, el caso quedará cerrado.