CHALEQUEO
Las revelaciones que hizo la abogada de la empresa constructora que está a cargo de los trabajos de construcción del Pabellón de Medicina en el Campus II de la Universidad Nacional del Santa, Dra. Margarita Vera Ramírez, es bastante seria y debería ser recogida por los sabuesos del Departamento de Protección de Obras Civiles de la Policía Nacional. Ello porque ante la asonada registrada en el exterior de la sede universitaria, como consecuencia de las protestas que hicieron dos facciones del gremio de construcción civil, la letrada describió el escenario en el que nos encontrábamos, explicó una vez más que todo esto no era sino la acostumbrada “argolla” de los dirigentes de estos gremios violentistas, aquellos que están acostumbrados a chantajear a los empresarios y pretenden manejar la mayor cantidad de cupos porque, sabido es, el gran negocio se encuentra en la refilada a los sobres de pago de jornales. Esto ha sido siempre así, pero lo que nos llama la atención es que haya señalado que estos pésimos dirigentes hayan tenido la osadía de pretender “chalequear” la obra, como se denomina a la pretendida “seguridad” que ofrecen a las empresas para que nadie los moleste, es decir, para que ninguna banda de extorsionadores se acerque a pretender sacarle dinero al empresario. Esto es una osadía, el “chalequeo” no es más que una modalidad delincuencial que se entronizó en el sector construcción civil en la época del “boom” del canon minero cuando estaba al frente del gobierno regional de Ancash el hoy encarcelado César Álvarez Aguilar, fue entonces que se llevó a delincuentes para estar a cargo de este “chalequeo” y cuando la cosa se encumbró se presentaron los casos de disputas y las guerras de bandas por asegurarse la mayor cantidad de obras. Esto había desaparecido porque el sector construcción civil se redujo a su mínima expresión con la paralización de las obras, sin embargo, ahora que ha llegado Luis Gamarra a la gobernación y ha comenzado a reactivarse obras y ejecutarse otras de gran envergadura, no se puede permitir que retorne este “chalequeo”, menos aun cuando son los propios dirigentes de construcción civil los que pretenden asumir ese lugar dejado por las bandas criminales.
CARRETA
Tal parece que en la empresa Hidrandina acusaron recibo del llamado de atención que hiciera un vecino de la Urbanización 21 de Abril, quien protestó públicamente por que mantenían un poste de madera dentro de su jardín, por esas cosas que tiene esta empresa y los “profesionales” que ven las cosas al revés. El usuario se mostraba preocupado por lo que podría ocurrirle tanto a él como su familia porque ese poste estaba totalmente deteriorado y su señora madre temía salir a la calle porque pensaba que se le venía encima. Pues bien, Hidrandina llegó a su domicilio para retirar el poste del jardín, sin embargo, pretendía trasladarlo a la vereda, lo cual no tenía nada de extraño, lo malo es que llevaron otro poster de madera tan desgastado y podrido que seguía siendo una amenaza para ellos, las imágenes que captó el morador del poste viejo que pretendían colocar nos releva de mayores comentarios, lo que llama la atención es que en tiempos en donde la seguridad está por encima de todo y cuando ya casi no existen postes de madera en todo el mundo, Hidrandida pretenda volver a los tiempos de la carreta en el mencionado lugar.
FINAL
Después de casi cuatro año de investigación jurisdiccional, el Segundo Juzgado Unipersonal decidió absolver a los ex funcionarios del desaparecido programa alimentario PRONAA, Cariño Morán Tello y Carmen Violeta Castillo Ramos del delito de Peculado doloso por Apropiación. En apreciación del Juez no se había probado algún perjuicio al Estado, pues durante el juicio oral, se estableció que las personas a las que supuestamente se les había pagado sin trabajar, en realidad, si cumplieron con los objetivos para los cuales fueron contratados. Si esto es así que cosa había hallado la Fiscalía para iniciar esta causa, recordemos que este caso lo descubrió la hoy congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz y es increíble que se haya mantenido una pesquisa por tanto tiempo para que finalmente no se advirtiera que hubo delito alguno. Bueno la justicia ha dictado su decisión y será el Ministerio Publico quien impugne o no la sentencia.