La falta de experiencia y de firmeza por parte del gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa, Manuel Alvarado Isla, permitió que el pasado fin de semana se concrete un acto abusivo y sumamente preocupante en lo que se refiere al rol que debe cumplir el Ministerio Público en la lucha contra el tráfico de terrenos y las invasiones que proliferan en el distrito de Nuevo Chimbote.
Decimos ello porque el funcionario edil se sorprendió ante una acción abusiva y arbitraria de efectivos de la Comisaria de Buenos Aires que se interpusieron en la labor que realiza en estricto ejercicio de sus funciones y lo obligaron a trasladarse a la sede policial porque así lo había dispuesto en Fiscal de Nuevo Chimbote Rodolfo Salazar Araujo.
Lo primero que debió hacer el gerente de desarrollo urbano es preguntarse ¿Quién diablos es este Fiscal que virtualmente estaba disponiendo que lo detengan y lo lleven a una sede policial? Ello porque el Ministerio Público no tiene facultados para disponer la captura o detención de una persona, menos aún su traslado compulsivo a una sede policial, eso solo le corresponde al juez y por un mandato escrito y motivado.
Pero además de ello, el funcionario forma parte de una entidad que cuenta con una asesoría legal interna y externa, debió tomar su teléfono celular y consultar tanto al abogado como a sus superiores de lo que estaba ocurriendo, pero de ninguna manera aceptar acompañar a efectivos policiales que estaban incurriendo en un abuso de autoridad por acatar una orden de un Fiscal que no tenía atribuciones para ordenar el traslado compulsivo de una persona.
Lo más grave y delicado es que el gerente de Desarrollo Urbano y la Procuradora Municipal, que es una abogada, se encontraban realizando tareas de recuperación de predios en el A.H. “Tierra Prometida”, se encontraban en ese momento desmantelando las rancherías que se habían levantado ilegalmente sobre lo que son las áreas de amortiguamiento, es decir, las áreas comunes que están destinadas para la instalación de entidades públicas y áreas verdes, que son áreas intangibles.
Se trataba de los mismos terrenos sobre los cuales un numeroso grupo de pobladores demandaba a la entidad edil que se respeten esos límites que habían sido tomados por empresarios que estaban especulando con los predios, aquellos toman dos o tres lotes juntos y colocan allí a personas para que simulen ser gente de necesidad.
Estos mismos pobladores habían llegado un día antes a la sede del Ministerio Publico que se ubica frente al hospital Regional, en donde se ubica el despacho del Fiscal Rodolfo Salazar y cuestionaron que este magistrado se encuentre favoreciendo a estos empresarios y haya realizado una inspección con la finalidad de darle visos de legalidad a la incursión de estos personajes.
La protesta de los pobladores fue violenta y no dejó de llamar la atención de los medios de comunicación, más aun cuando la presión de la manifestación llevó a los vecinos a romper una puerta metálica con la finalidad de ingresar a la sede fiscal y enrostrar al Fiscal por lo que ellos consideraban un deshonesto accionar.
Entonces, si los pobladores cuestionan al Fiscal por parcializarse con empresarios que han tomado indebidamente áreas de amortiguamiento y apenas un día después ese mismo Fiscal interfiere en la labor de dos altos funcionarios de la Municipalidad que se encontraban recuperando los predios ilegalmente invadidos en esas mismas áreas de amortiguamiento, entonces hay que pensar que se teje algo turbio en este tema, peor aun cuando esa interferencia fiscal se hace en los mismos predios materia de discusión.
No hay que ser muy candoroso para poder comprender que aquí hay gato encerrado, que la intervención del Fiscal no solo excede a sus funciones y atribuciones sino que deja una sensación de extrema suspicacia cuando se juntan dos hechos que están estrechamente relacionados.
La pregunta que muchos querrían hacer es ¿acaso no puede un Fiscal intervenir ante el accionar de dos funcionarios municipales y frente a presuntas llamadas de otros vecinos que respaldan el tráfico de terrenos? La respuesta es afirmativa, el Fiscal puede hacerlo porque representa a la sociedad pero tiene que llegar personalmente al lugar de los hechos y explicar a los intervenidos las razones de ello.
No puede enviar a un grupo de agentes policiales que virtualmente levantan en vilo y se llevan a los funcionarios a la sede policial por orden del representante del Ministerio PúblicoÂÂ pues su accionar solo deja en evidencia que de una u otra manera está respaldando y avalando el accionar de invasores y traficantes de tierras.
Esto no puede dejar de ser verdad si es que los periodistas no hubiéramos sido testigos de las reuniones del COPROSEC en las cuales se ha decidido por unanimidad respaldar las acciones de la Policía y Fiscalía siempre y cuando se lucha contra los traficantes de tierra, por ello se obtuvo la conformidad de todas las autoridades para que la comuna provincial tome acciones inmediatas en lo que se refiere al retiro de rancherías que ocupan áreas de amortiguamiento porque eso es abiertamente ilegal.
Y en el COPROSEC toma parte activa el Ministerio Público, de tal suerte que no se entiende la actitud del Fiscal Salazar Araujo de interferir el accionar de dos funcionarios cuya labor no solo estaba encuadrada en la ley sino que estaba autorizada por la propia institución a la cual pertenece en el seno del Coprosec.
Recordemos que las acciones de recuperación de predios abandonados y de retiro de rancherías de las áreas de amortiguamiento en “Tierra Prometida” se iniciaron hace unas tres semanas con intervención personal de la entonces alcaldesa Victoria Espinoza García, hecho que al parecer desconoce por completo el Fiscal Rodolfo Salazar que lo único que ha conseguido es sancionar una medida arbitraria y avalar instintivamente el tráfico de terrenos.
Es ciertamente preocupante lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, la Presidenta del distrito Fiscal del Santa debe pronunciarse inmediatamente, debe deslindar la responsabilidad de la Fiscalía y confirmar si es que su institución está de lado de la autoridad edil que lucha contra el tráfico de terrenos o está con los empresarios especuladores que invaden sin escrúpulo alguno. Con acciones escandalosamente suspicaces como las que se han registrado entre el jueves y viernes de la semana pasada, realmente no se avanza nada en la lucha frontal contra la delincuencia.