El país se ha conmovido nuevamente con las actuaciones de nuestros congresistas de la república que dejan mucho que desear y que desdicen la imagen que debe evidenciar un representante del pueblo que, por mandato constitucional, se hace llamar “padre de la patria”.
Lo más grave es que en esta oportunidad, quien es protagonista de este hecho que genera repulsa es nada menos que la congresista chimbotana María Elena Foronda Farro, para quien los voceros de algunas bancadas parlamentarias están demandando una sanción de 120 días de suspensión.
Los hechos, como siempre ocurre en este país, fueron destapados por la prensa, específicamente por el programa político “Panorama”, de Panamericana Televisión, en el cual se difundió el domingo antepasado un sesudo informe que puso al descubierto que la referida parlamentaria había contratado como empleada de su despacho nada menos que a una mujer que había sido condenada por delito de Terrorismo.
De acuerdo a este reportaje la congresista contrató a Nancy Esperanza Madrid Bonilla como asesora de su despacho el 27 de julio del 2016, lo que quiere decir que ya iba a cumplir dos años laborando en esta condición y percibiendo un jugoso sueldo del Estado.
Y esto ocurre a pesar que Nancy Madrid es una ex emerretista, fue condenada a 18 años de cárcel en la década del 90 por formar parte de la organización terrorista MRTA en la cual se desempeñó como responsable de las denominadas “Cárceles del Pueblo”, que eran una suerte de “covachas” que se acondicionaban en los sótanos de las viviendas con la finalidad de ocultar allí a los empresarios que la organización terrorista secuestraba.
Allí los mantenían en condiciones infrahumanas, muchas veces sin comer y sin poder moverse porque se trataba de ambientes sumamente pequeños, pues el objetivo era presionar a las familias para que desembolsen millonarias sumas de dinero que iban a financiar las acciones demenciales de atentados y crímenes perpetrados por el MRTA.
A esta mujer había llevado la congresista Foronda a trabajar en el Congreso de la República, en la misma entidad que tuvo entre sus planes atacar y matar a sus representantes como en alguna oportunidad se demostró con la captura de la emerretista norteamericana Lori Berendson.
Lamentablemente, cuando una persona es aludida en un reportaje de investigación como aquel, se le otorga el derecho de responder los cargos que se formulan en su contra, sin embargo, en las imágenes se observan a una desorientada congresista que lejos de responder las interrogantes de todos los peruanos se negó y acusó a la reportera de importunarla porque se encontraba ocupada en otros menesteres.
Esa sola respuesta ya nos advertía a todos que la congresista no tenía argumentos frente al papelón que estaba haciendo no solo ante el país sino ante el mundo entero que estaba difundiendo esta increíble noticia en cuyo trasfondo lo que reclamaba era la ligereza de permitir que una mujer que estaba ligada a las organizaciones subversivas que desataron el baño de sangre en el país estaba siendo ventajosamente remunerada con recursos del estado, incluso, con dineros que salen de los impuestos que pagamos todos los peruanos.
Una afrenta por donde se le mire, una real vergüenza que un día después la misma congresista, apremiada por los cuestionamientos a nivel nacional, calificaba como “un error político” cuando en realidad no lo era, es una verdadera afrenta a todos los peruanos.
Y es que la congresista sabia a quien estaba llevando a su despacho como asesora, no es cierto lo que afirma en el sentido que se confió de los controles que debe hacer el Parlamento, ella conocía perfectamente quien era Nancy Madrid porque había purgado carcelería junto a esta mujer en las cárceles de Cajamarca, en donde alguna vez respondió por los mismos cargos de terrorismo.
Esto es parte del pasado de la legisladora que en la época del fujimorismo fue señalada por “arrepentidos” de formar parte del aparato colaborador del mismo movimiento MRTA, fue aprehendida junto a su esposo y enjuiciada por los tribunales de Chiclayo, sin embargo, posteriormente fue liberada tras desestimarse los cargos de los terroristas arrepentidos luego de la caída del régimen fujimorista.
Entonces, la congresista era consciente que Nancy Madrid, pese a que el certificado de antecedentes penales que presentó en su curriculum, decía que carecía de antecedentes, en realidad había sido condenada por terrorismo y había cumplido esa sanción, por ello es que ahora esgrime el argumento de la humanidad, de sostener que toda persona que ha cumplido una sentencia tiene derecho a rehabilitarse.
Esto último es cierto, todos tienen derecho a una oportunidad pero que ese acto de humanidad de la congresista lo ejecute con su peculio, que la contrate como su asesora si es que lo desea pero con su dinero, que no comprometa los recursos del país pues aquella pretendió destruir y someter al amparo de una organización terrorista que le hizo mucho daño a la nación.
Esto es en lo que no ha reparado la congresista, no ha tomado ni siquiera en consideración que desde hace dos años atrás se viene cuestionando la contratación se sentenciados por terrorismo en diversas actividades, especialmente en el sector educativo, como se demostró a través de diversos reportajes.
Las actuaciones de la congresista dejan mucho que desear, no tomó parte en ninguna de las dos sesiones plenarias en la que se aprobó la ley que prohíbe la contratación de condenados por terrorismo, lo que deja mucha suspicacia respecto a su presunto rechazo a los personajes vinculados al terrorismo.
De la misma manera ella forma parte de una bancada que no ha sabido deslindar con el terrorismo, se opusieron al proyecto que prohíbe a los condenados por sedición a postular a cargos de elección popular, así como se opusieron a la ley que declaró “héroes de la democracia” a los comandos de Chavín de Huantar que liberaron a los rehenes de una asonada del MRTA.
Muchas coincidencias que nos autorizan a dudar de la suerte de arrepentimiento de la congresista en la contratación de una condenada por terrorismo y que nos deja a todos los peruanos en capacidad de deslindar si ese hecho ha sido un error o una afrenta.