Hay quienes prefieren sacrificar a un amigo para salvar su propio pellejo y uno de los que piensan de esta manera es el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien afronta desde su centro de reclusión los juicios que tiene pendiente, uno de ellos el denominado “Caso Sisa” que busca que dilatar a costa de su propia defensa.
En efecto, el ex titular de Áncash, asumimos que atendiendo a una estrategia legal, ha sacrificado a su abogado defensor para impedir que se inicie el juicio oral en este sonado proceso y ello se consiguió la semana pasada cuando el letrado no se hizo presente a la audiencia a pesar de estar perfectamente notificado y no haber excusado su inasistencia, razón por la cual el Juez de la causa lo removió del patrocinio y dispuso que el ex presidente regional designe a otro abogado bajo apercibimiento de seguirse el juicio con un abogado de a defensoría pública.
Obviamente, nadie va a admitir que se busca perturbar la marcha del proceso, empero, los pasos que se han dado y la existencia de recursos que pretenden hacerse valer para vulnerar el sustento acusatorio que ha presentado en esta oportunidad el Ministerio Público y que consolidan el pedido de cárcel efectiva para los acusados, así lo demuestran
Y es que, para quienes ven este caso desde una óptica imparcial, es evidente que César Álvarez trata de ganar tiempo en la medida que es consciente que existe un recurso de Habeas Corpus que tramita un co acusado y que trata de desvirtuar elementos de prueba que son importantes en esta causa.
En efecto, como ya es de dominio público, se incrimina a César Álvarez y ex funcionarios del proyecto Chinecas, haberse coludido con representantes de la empresa SISA en la elaboración sobrevalorizada del perfil a nivel de expediente técnico de CHINECAS reformulado por el que se pagó más de 5 millones de nuevos soles, a pesar que INADE había establecido que con 120 mil nuevos soles se podía actualizar dicho perfil, entre los técnicos de dicha entidad y del propio proyecto irrigador.
Pero a esta inicial acusación se han incorporado nuevos elementos probatorios e incriminatorios que se han conseguido en las pesquisas de otras causas y es el relacionado a la vinculación de este caso con Samuel Vasconcelos Boggio, responsable de SISA que había preparado una iniciativa privada en favor de la firma brasileña ODEBRETCH para que ejecute el proyecto chinecas.
Este proyecto de iniciativa privada no se llegó a cristalizar (según el colaborador eficaz 01- 2017 por la diferencia entre el pago de la coima -ODEBRETCH ofrecía el 2.5% y César Álvarez a través de Martín Belaunde pedía el 10%), sin embargo SISA se quedó con el estudio técnico elaborado para ODEBRETCH y fue sobre esa misma base que elaboró el perfil cobrando más de 5 millones de soles, cuando a una empresa privada (ODEBRETCH) se lo había ofrecido por 680 mil soles.
Esta escandalosa sobrevalorización ha sido probada con un peritaje técnico de un especialista de la Fiscalía Anticorrupción quien concluyó que el pago de 5 millones 272 mil 961.40 soles no se justifica porque no hay sustento técnico del trabajo realizado, además de carecer de un estudio de ingeniería de detalle, entre otras anomalías.
Justamente, este extremo de la acusación no estaba considerada en esta carpeta sino hasta que en otra investigación se descubrieron los conciliábulos que se hicieron con los representantes de la corrupta empresa brasileña Odebrecht y que guardaban estrecha relación con el caso SISA.
Por ello es que César Álvarez debe estar mordiéndose la mano ahora que se conoce esto y que el caso SISA no se haya resuelto antes porque estuvo paralizado por casi tres años en virtud de una articulación promovida por su defensa.
Aun cuando esto suene contradictorio es en realidad parte de la historia secreta de este expediente que “durmió” el sureño de los injustos en la Corte Suprema en razón que no se definía una casación contra una resolución que favorecía al ex presidente regional y que en la instancia definitiva finalmente se volteó y ordenaron que también se acuse al ex presidente regional por estos hechos.
Si es que Álvarez no hubiera apelado a esa maniobra dilatoria, quizás el caso SISA se habría resuelto y posiblemente archivado sin las pruebas que hoy lo llevan a los sinuosos caminos que conducen a ODEBRETCH, un extremo sumamente complicado para el ex titular de la región Áncash.
Ahora bien, no sabemos si por coincidencia o por una estrategia conjunta, la ausencia del abogado de César Álvarez que frustró la audiencia, coincide con el pedido del abogado del representante legal de SISA para que se declare nulo el juicio oral en razón que tiene pendiente de resolver un pedido de habeas corpus a nivel del tribunal constitucional, así como un pedido de casación contra las resoluciones que ordenan la incorporación de nuevos medios probatorios en estos hechos.
Precisamente esto último parece ser “la madre del cordero”, la razón de ser de esta repentina negativa de los acusados para ser sometidos a juicio público, y, lo que hacen es dilatar a efectos que en otros niveles procuren dejar sin efecto los medios probatorios y los cargos incriminatorios contra César Álvarez y compañía.
Por lo menos, la maniobra por la cual sacrificó a su defensor, le ha permitido a César Álvarez postergar el inicio de este proceso hasta el mes de agosto próximo, tiempo suficiente como para que aspire a una resolución que debilite los cargos delictivos que ha expuesto el Ministerio Público en este caso.
Hay que tener en cuenta que el “Caso SISA” es uno de los casos emblemáticos de la denominada red de corrupción en Ancash, se concibió en medio de la prepotencia política de entonces y se vislumbró, desde un primer momento, los actos colusorios en perjuicio del erario regional, por ello es que permanentemente se ha demandado al Poder Judicial que tome posición al respecto y retire de la congeladora una carpeta de la que muchos parecían haberse olvidado. Ojalá la justicia se encuentra a la altura de la responsabilidad que le compete en este peliagudo caso.