SUSPENSION
La condena que le impuso anteayer el Segundo Juzgado Unipersonal al alcalde Julio Cortéz Rojas, generará inevitablemente inmediatos cambios en la comuna provincial del santa. De primera intención, a sabiendas que ya existe una orden de captura con internamiento al penal de Cambio Puente, el Pleno municipal debe reunirse para sancionar la suspensión del burgomaestre y designar al primer regidor Humberto Ortiz Soto como alcalde provincial encargado, dando cuenta de este acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones. Esto tiene que hacerse ya, al margen de la equidad o arbitrariedad del fallo judicial como alegan los defensores de los investigados. Es una consecuencia de la ley que busca que impedir la desestabilización de la institución publica, el titular que ha sido pasible de una medida de prisión o de una sentencia en primera instancia que limite su libertad, debe ser suspendido a efectos que lo remplace quien sigue en jerarquía quien manejará la entidad hasta que se deslinde esa situación jurídica. Si el alcalde Julio Cortez es absuelto o se anula la sentencia entonces podrá retornar al cargo, de lo contrario, operará la vacancia. Esto está escrito en la norma, lamentablemente no lo entendieron de esta manera cuando el año 2015 fue condenada en doble instancia la ex alcaldesa Victoria Espinoza y por ello se perdió valioso tiempo. Lo que se tiene que entender es que la medida de suspensión no aparta al funcionario del cargo, solo lo aleja hasta que se dilucide la contingencia que lo ha llevado a esta situación. Nada más.
RUMBO
El pleno no tiene que elegir a algún regidor para que asuma la alcaldía en calidad de encargado. Esto no funciona como en el gobierno regional, aquí existe un primer regidor que es a quien le corresponde tomar el timón municipal en este caso el regidor Humberto Ortiz quien debe convertirse lo más pronto posible en el alcalde encargado, no se tiene que esperar que la comuna sienta los estragos de la falta de un alcalde por algunas vacilaciones en esta decisión, como se afirmaba ayer en los corrillos ediles. Ahora bien, la gestión de Humberto Ortiz no significa necesariamente la continuidad de sus antecesores, el nuevo alcalde será libre de decidir si cambia a funcionarios, si corrige lo que considera que está mal encaminado y de colocar a otros funcionarios de confianza si lo tiene a bien. Esta decisión deberá calcularla teniendo en cuenta que también es candidato en los próximos comicios, consecuentemente dentro de dos meses deberá también dejar el cargo para poder postular. Ya solicitó licencia por 30 días y el 07 de setiembre es la fecha cuando entregue la batuta al tercer regidor de la lista de “Rio Santa Caudaloso”, en este caso el concejal Neptalí Briceño Porras. Como se aprecia, se trata de corrientes absolutamente distintas a las que blandieron Victoria Espinoza y su sucesor Julio Cortez Rojas, por ello nos animamos a apostar que ya no seguirán al frente los mismos funcionarios de confianza, nos late que llegarán otros que serán del entorno de las nuevas autoridades ediles. Esto lo deberán evaluar con mucho cuidado porque, no se puede olvidar que a fines de este mes llegarán los 30 millones de soles del canon minero. ¿Cómo se manejará ese billete? ¿Se habrá hecho alguna promesa o concesión a futuro que después pueda desconocerla el nuevo burgomaestre? Huuummmm….. la cosa no es tan sencilla.
DE SALIDA
Todo indica que las lágrimas de hipocresía que derramó la congresista Yessenia Ponce Villarreal en su presentación ante la Comisión de Ëtica del Congreso de la Republica, no serán suficientes para salvarle el pellejo. Los congresistas fujimoristas, acusados de blindar la corrupción se mostraron sumamente contrariados por la actitud de su colega que no le pudo responder ni las preguntas a ellos mismos. La vocera Milagros Salazar le preguntó que por lo menos le diga los nombres y apellidos de tres de sus compañeros y Ponce Villarreal le dijo llorando que la vida complicada y de pobreza que llevó no le permitía recordar. El gesto de incomodidad y fastidio de Salazar fue evidente. En Fuerza Popular no están dispuestos a seguir desacreditándose por quien ya es un cadáver político y votarán por la suspensión e inhabilitación. Sin embargo, este caso lo que amerita es el desafuero, la congresista Ponce tiene una investigación en la Fiscalía de Huaraz por falsificación de hoja de vida y falsa declaración en documento público (los mismos delitos que cometió Enrique Vargas Barrenechea), por los cuales ha sido citada dos veces por la fiscal pero ésta aduce que no puede viajar por agenda de trabajo, sin embargo, se le vio llegar con la comitiva del presidente y no evidenciaba que tuviera problemas para atender la citación. Si sigue en este plan terminará tras las rejas, ya lo vamos diciendo, después que no se quejen. Con la justicia no se juega.