“Hermanito, dile al muchacho que entregue algo como garantía, pueden ser 10 verdecitos”. Esta es la delincuencial frase que se escuchan en unos audios interceptados al desaforado presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, cuando dialoga con uno de sus asesores luego de concretar un arreglo con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para garantizar el nombramiento de una persona de su entorno al Ministerio Público.
Y es solo uno de los muchos audios que el país ha escuchado estupefacto en los diferentes medios de comunicación luego que IDL Reporteros los expusiera públicamente después de haberlos recibido de manos desconocidas y tras haber confirmado la veracidad de los mismos.
Además de Walter Ríos, los audios comprometen al Vocal Supremo César Hinostroza Pariachi, a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura como Guido Ávila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, el último de los cuales ya ha sido desaforado, en los cuales se puede escuchar un asqueroso tráfico de influencias para el nombramiento o la ratificación de magistrados.
Un verdadero mercado recomendaciones y prebendas que ha desnudado una realidad que ya se conocía hace muchos años pero que no podía ser denunciada en la medida que, sencillamente no existan las pruebas contundentes.
El descaro de los magistrados involucrados llega a tal extremo que no solo ofrecen la venta entradas para conciertos sino hasta pasajes y estadía para ver el último mundial de futbol que se realizó en Rusia, al cual llegó, por ejemplo, el juez supremo César Hinostroza Pariachi con su esposa a cambio de favores a empresarios y al mismísimo Presidente de la Federación de Fútbol un hombre con muchos problemas judiciales que nadie entendía como salía siempre bien librado sino hasta ahora que se puede conocer que utilizaba el cargo en el máximo ente rector del futbol para lavarse la cara delictiva.
Los audios no son producto de escuchas ilegales como se presumía, sino de una prolija investigación que realizó la fiscal de crimen organizado del Callao, quien en el seguimiento a organizaciones criminales de ese lugar se encontró con diálogos de los mafiosos con conocidos magistrados del Poder Judicial, por ello solicitó autorización para hacer el seguimiento de estos casos.
El resultado lo estamos escuchando en estos días, un descarado y desvergonzado léxico de magistrados que le ponen precio a sus actuaciones jurisdiccionales y otros que corresponden con los nombramientos y las ratificaciones, incluso, hay por allí un dialogo en el que el ex presidente de la Corte del Callao busca abogados sumisos pero de confianza que puedan participar en el concurso de plazas de vocales de su sede judicial que se encuentren dispuestos a resolver como se lo piden a cambio de garantizarles el acceso a la judicatura, ello porque tenía la llave maestra en el CNM.
En realidad, el país no ha podido tolerar semejante inmundicia en el entorno del Poder judicial, por ello es que el presidente de la república, Martín Vizcarra, quien no ha vacilado en pedirle a su Ministro de Justicia que renuncie luego que apareciera un audio dialogando con el master de la corrupción, anunció y ya ha instalado a una comisión que tendrá como objetivo reestructurar íntegramente el sistema judicial del país.
Lo ha hecho a partir de la selección de lo que ha llamado “personajes notables” que son juristas retirados o en ejercicio, quienes cuentan con una trayectoria de prestigio, que no están contaminados con denuncias de corrupción y con la suficiente capacidad como para sustentar una reforma urgente en la instancia judicial.
Será esta comisión la que proponga el próximo 28 de este mes, con ocasión del mensaje presidencial, las aristas de la nueva reforma que requiere el aparato judicial del país, de allí que la expectativa es enorme en la medida que, no podemos olvidar, son varios los intentos y los esfuerzos que se ha hecho a lo largo de los últimos años para rescatar al poder judicial de los peores niveles de aceptación que tiene entre la gente.
Esto es lo más preocupante para los peruanos, saber que existen precedentes de reformas que jamás han conseguido absolutamente nada, por el contrario, la cosa fue de mal en peor y basta hacer un repaso de las dos últimas décadas.
Cuando el Presidente Fujimori tomó el manejo de los poderes del estado planteó una reforma del Poder Judicial, una que remplazaba a otra que la misma Corte Suprema había implementado apenas unos dos o tres años antes, se cambiaron a la mayoría de magistrados, se convocó a nuevas generaciones de letrados que sumieron las riendas del Poder Judicial y el Ministerio Público, sin embargo, al cabo de 10 años todos sabemos cómo terminó todo eso, pues esa reforma solo se concibió para tener el manejo de la administración de justicia al gusto del gobernante de turno.
Tras la caída del fujimorato, el gobierno de transición primero, y la gestión de Alejandro Toledo, luego, hicieron este mismo intento, no quedaba otra salida después de la funesta secuela del gobierno fujimorista, sin embargo, ahora los resultados son mucho más desastrosos que antes, la corrupción no solo siguió enquistada en las altas esferas de las instituciones que manejan la administración de justicia, sino que eso empeoró aún más, algo así como que “el remedio resultó peor que la enfermedad”.
Justamente, esta es una de las razones por las cuales la gente sigue siendo incrédula frente a esta nueva muestra de reestructuración o reforma que se pretende implementar, incuso, hay quienes han identificado en algunos de los miembros de la comisión a aquellos que en su momento trataron de impedir la reforma en el sistema de justicia.
Habrá que esperar a saber lo que pasa, de lo que no existe duda alguna y en donde existe consenso casi generalizado es en el hecho que el gobierno algo tenía que hacer ante tanta inmundicia, incluso, ante el atrevimiento de los máximos representantes de la Corte Suprema de pretender hacer la reforma ellos mismos cuando ya nadie, absolutamente, nadie, cree en ellos.
Que tenga suerte el presidente Vizcarra, es una comisión mas, pero una muy especial, aquella en la cual se concentra la esperanza de un país en que finalmente se erradique la corrupción del sistema judicial. Por lo menos se vale soñar.