Hace solo unas semanas fue condenada la ex alcaldesa Victoria Espinoza García junto al alcalde suspendido Julio Cortez Rojas, en ese ínterin también fueron condenados otros alcaldes y hasta regidores, la mayoría de los cuales se ha puesto a buen recaudo y se encuentran en condición de prófugos de la justicia.
Esto no debe extrañar en la medida que Ancash es considerada una de las regiones en donde el flagelo de la corrupción ha diezmados las fibras morales de nuestra colectividad, por ello a muchos no les interesa estos temas a pesar que son de palpitante actualidad.
Pero no solo los alcaldes y regidores están pasando por el banquillo de los acusados y deben enfrentar condenas drásticas y contundentes, también los ex funcionarios del gobierno regional de la época de César Álvarez vienen experimentando la cruda realidad de las consecuencias de sus actos.
Uno de ellos es el ex gerente de la Sub Región Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, quien la semana pasada ha sido condenado a seis años de cárcel efectiva al ser hallado responsable del delito de colusión agravada, en uno de los varios procesos que viene haciendo frente a la fecha.
Se trata del juicio que se le siguió por las graves irregularidades detectadas en la obra “Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal-Culebras”, en Huarmey, en el cual fue comprendido junto a los empresarios Juan Carlos Alvarado Fiestas, quien fue absuelto por el mismo delito y, Luis Miguel Razurí Cabrera, quien figura como reo contumaz al no presentarse al juicio oral.
Los lineamientos de sentencia fueron dictados por el Juez Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fernando Joseph Arequipeño Ríos, quien ha establecido que la medida se aplica con ejecución suspendida, es decir que la reclusión solo se hará efectiva tras el pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones.
Sin embargo, el Ministerio Público ha dejado notar su abierta discrepancia con el extremo absolutorio de la sentencia, pues el juez ha considerado que solo se limitó a tramitar las cartas fianzas falsas, sin embargo, para el fiscal Juan Carlos Alvarado Fiestas es el principal beneficiado con los malos manejos de este proyecto por el cual se pagó casi un millón y medio de soles pero finalmente la obra quedó abandonada.
En realidad este es un fallo de los muchos que se tendrán que expedir en relación a las obras irregularmente ejecutadas en la gestión regional del periodo conocido como red de corrupción en Ancash, obras que se llevaron adelante en medio de una serie de manejos turbios relacionados no solo con la adjudicación de la buena pro sino con la ejecución misma.
Esto tenía que llegar algún día en la medida que la opinión pública en general pudo conocer cómo se negociaron los proyectos financiados con los dineros del erario regional, la aplicación del diezmo virtualmente se institucionalizó y aquella empresa que quería garantizarse la adjudicación de una obra previamente tenía que “matricularse” y de esta manera el costo de ese acto colusorio era transferido a la calidad de la obra, a una ejecución que tenía que ser necesariamente trastocada y devaluada con la finalidad de recuperar ese dinero.
Y ejemplos de esto hemos visto hasta el hartazgo y serán materia de sucesivas informaciones, pues es el caso de la famosa obra de la avenida pardo, es el caso del Coliseo Cerrado que ha sido una de las estafas más escandalosos de la red de corrupción, también ocurre con la obra de pavimentación de la avenida industrial que, igualmente, se encuentra en fase de acusación y en los prolegómenos de un juicio otal que deberá derivar en una sentencia que llevará a los funcionarios a tener que ponerse a buen recaudo como, ciertamente, ya ocurrirá con Gallo Zegarra que debe sentir que se encuentra virtualmente con un pie dentro del recinto penitenciario.
Y es evidente que a Juan Carlos Gallo le seguirán muchos más, pues no se trata únicamente de acusaciones que cuestionan el direccionamiento de las adjudicaciones en favor de ciertas empresas que se llenaron de dinero en esos tiempos, sino de omisiones y festinación de trámites que permiten corroborar el grado de contubernio que hubo por entonces, eso que en el vulgo se conoce como “enjuague” para beneficiarse a determinada empresa con decisiones que ciertamente no eran gratis en aquella gestión regional que todos ya queremos olvidar.
Pero el fallo de la justicia no solo se remite a la aplicación de una pena de 6 años de prisión efectiva para Juan Carlos Gallo Zegarra en su condición de ex gerente de la Sub Región El Pacífico sino que considera las reparaciones e indemnizaciones que prevé la ley penal y en tal sentido el juez le ha impuesto el pago obligatorio de una reparación civil de 200 mil soles, la obligación de devolver el monto defraudado que asciende a 1 millón 432 mil 656.74 soles así como la inhabilitación de contratar con el Estado por 3 años.
Esta categórica condena se conocerá en su integridad recién el día de mañana viernes 17 a las 4.00 de la tarde cuando se haga a lectura integra del fallo que ha dictado el magistrado y solo después de esta diligencia las partes podrán plantear recursos impugnatorios.
Así como ocurre con el ex gerente Juan Carlos Gallo, serán muchos otros funcionarios los que seguirán el mismo camino y pese a que la gestión pública de aquellos ha caducado hace ya cuatro años atrás, recién aparecen las sentencias porque la tramitación de los juicios toma su tiempo, los mismos abogados defensores buscan la manera de dilatar los cargos en la medida que tratan de cuadrar estos juicios dentro de una posible prescripción en el futuro, sin embargo, es evidente que el derrotero será el mismo porque todos los casos parecen virtualmente fotocopiados en cuanto a la modalidad empleada.
De allí que estas condenas que se seguirán sucediendo una tras otras no son más que la pesada herencia de una gestión pública que se vio empañada por el escándalo y la componenda, de ello fuimos testigos todos, incluso, los medios de comunicación independientes trataron de ser silenciados, los periodistas que denunciaban estas maquinaciones eran objeto de campañas de demolición con insultos y amenazas, por ende, los protagonistas de estas historias tendrán que hacer frente a las consecuencias de sus actos y ponerse a derecho para cumplir la sanción. No tienen otro derrotero.