Cuando se pensaba que en las elecciones al sillón de la Municipalidad Provincial del Santa ya todo estaba dicho en materia de calificación de requisitos y habilitación de candidatos, de pronto la dimisión de uno de los candidatos que se perfilaba como uno de los protagonistas de la próxima contienda electoral, no ha dejado de sorprender y de llamar poderosamente la atención de la ciudadanía.
Nos referimos al voluntario alejamiento del actual alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán, quien en esta ocasión se presentó vistiendo otra camiseta con la finalidad de intentar llegar al sillón de la casa consistorial de la provincia, con sede en Chimbote e incluso ya había sido inscrito y habilitado por el Jurado Electoral tras superar las observaciones iniciales que se hicieron a su postulación.
Como se sabe en la elección provincial eran 19 listas las que habían quedado habilitadas, incluso, se debió esperar hasta el último fin de semana en la medida que dos candidaturas se encontraban sujetas a recursos de tachas, por lo que el jurado electoral debería pronunciarse y lo hizo descartando los cuestionamientos, lo que quiere decir que siguen en carrera.
Para la provincia del Santa la autoridad electoral había eliminado ya a dos candidatos, al representante de Acción Popular (Raúl Urbano Torres) y al candidato de Perú Libertario (Ángel Arrascue Serrano), el primero de los cuales no apeló y el segundo tiene ya una resolución confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no tomará parte en los próximos comicios.
Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente la semana pasada cuando el alcalde sureño convocó a una conferencia de prensa acompañado de los representantes del partido político “Alianza para el progreso” para el cual postula en calidad de invitado, anunciando que se retiraba de la contienda electoral a consecuencia de las acciones calificadas como abusivas y arbitrarias del Fiscal Laureano Añanca que ha incautado su vivienda y las propiedades de sus padres y hermanos.
El alcalde dijo que frente a estas maniobras típicas del abuso de poder su familia se encuentra bastante afectada y él mismo siente que en este momento debe estar junto a ellos, que tiene que darles la seguridad necesaria ante una arremetida que considera responde a una persecución para perjudicarlo en sus pretensiones electorales.
Casi de inmediato las redes sociales fueron invadidas de mensajes de toda índole, la mayoría de los cuales cuestionaba al candidato y advertía que detrás de este anuncio existía una estrategia de tipo político que trataba no lo de victimizarlo en sus entuertos con la Fiscalía sino colocarse como centro de atención de la noticia y ganar titulares como descarnadamente lo dijo su contendiente, el regidor provincial Santos Pardees García.
Sin embargo, no se puede soslayar que las incursiones del Ministerio Público en dos semanas consecutivas, las cuales han derivado en el despojo de la vivienda del alcalde y el desalojo repentino de su familia, es un hecho que afecta seriamente al seno familiar, el alcalde tiene hijos pequeños que tienen que haber acusado el impacto de un hecho policial al que seguramente eran aun ajenos pero que debieron hacer frente ante el accionar arrasador de la fiscalía, con el aval del poder Judicial.
Lo que genera la incertidumbre frente a la decisión del alcalde es que se aparte cuando los plazos electorales impiden las renuncias de los candidatos, cuando a estas alturas el cronograma electoral no permite que se presente una figura que importe el alejamiento de un candidato, por lo cual deberá seguir en carrera a pesar de su voluntad, su casillero, símbolo y fotografía ya se encuentra en la cédula de sufragio.
Justamente, este escenario es el que ha llevado a muchos a sospechar alguna opción sesgada por parte del burgomaestre sureño, tanto así que ha apelado a plantear una figura de desistimiento que no existe en la administración de justicia electoral, de tal suerte que el jurado electoral del santa debería rechazar de plano la petición del burgomaestre.
Sin embargo, en medio de todos estos avatares y del clamor del alcalde por retirarse de la contienda en la medida que entiende que es una gran desventaja poder enfrentar a contrincantes mientras que operadores de justicia le respiran en la nuca, es algo así como pretender avanzar cuando alguien te apunta con una pistola por la espalda.
Esto es posible en tanto que el fiscal no ha expedido su requerimiento acusatorio, como correspondía teniendo en cuenta que ya se han agotado los plazos de la investigación y ha optado por una medida extrema como es la incautación de los bienes de propiedad del alcalde y sus familiares, por el contrario, ha solicitado y obtenido del juzgado la ampliación de un plazo de dos meses, el mismo que concluyó el mes de octubre, curiosamente en la misma fecha que deben realizarse los comicios.
Aun cuando nadie tiene porque poner en tela de juicios las actuaciones judiciales cuando ellas buscan que proteger el patrimonio público, al fin y al cabo eso es lo que pide y demanda a gritos la población ante el incremento de los niveles de corrupción en nuestra ciudad, tampoco se puede dejar de soslayar que entre los operadores de justicia existen magistrados que vienen actuando con cálculo político.
Por ejemplo, para los chimbotanos los cargos que se investigan al alcalde Valentín Fernández no son una novedad, por el contrario, los venimos escuchando una y otra vez desde hace muchos años, desde los tiempos en que eran investigados como enriquecimiento ilícito hasta la fecha que se investigan como lavado de activos o asociación ilícita para delinquir.
Si la memoria no nos traiciona se trata de las mismas y repetidas especulaciones en relación al patrimonio del burgomaestre de allí que no podría pensarse nada bueno cuando se advierte que después de muchos años de dar vueltas sobre lo mismo el Fiscal se decide recién a demandar la incautación de los bienes del alcalde cuando apenas faltan dos meses para las elecciones municipales.
Si esto no es dudoso entonces tampoco habría que poner en tela de juicio una prematura dimisión que pone en evidencia que la justicia ya está en condiciones de habilitar o descalificar a candidatos, por lo menos ya lo había hecho antes con el suspendido alcalde provincial Julio Cortés Rojas, a quien ha dejado virtualmente al margen de la campaña electoral por hallarse requisitoriado. Veremos entonces que es lo que pasa con la renuncia.