Advierte Fiscal de Familia:
Fiscal Lorenzo Javier Melgarejo en exteriores de Comisaría de Familia.
A pesar que las cifras de violencia contra la mujer y niños va en aumento en los últimos años, las medidas de garantías para la víctima no se estarían resolviendo de manera inmediata como debería hacerse con la finalidad de proteger a la persona vulnerada.
Así lo señaló el representante de la Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote, Lorenzo Javier Melgarejo, quien indicó el cambio de las normas ha provocado que las medidas de garantías que amparaban a las víctimas y que restringían a los acusados sean vistas por el Poder Judicial, quitándole facultades al Ministerio Público.
“Actualmente en cuanto a protección de víctima, la normatividad en la práctica no lo está garantizando, con la anterior normativa la fiscalía tenía la facultad de dictar medidas de protección y se hacia dentro de las 24 horas y se ponía en práctica, pero ahora eso lo dicta el juez y en audiencia y con las notificaciones del caso”, indicó.
El fiscal de familia, también señaló que esto ha conllevado a que las victimas de agresión tengan que esperar en muchos casos hasta tres meses para obtener sus medidas de garantías, debido a la carga procesal que hay en el Poder Judicial.
Indicó que anteriormente estas garantías se realizaban a más tardar dentro de las 24 horas, por lo que con la nueva disposición está poniendo en peligro a la víctima, ya que en su mayoría de casos la atención debe ser de manera inmediata.
“Actualmente se están dictando las medidas de protección a los 3 meses, 4 meses debido a la carga de los juzgados, eso implica poner en riesgo y desprotección a la víctima o denunciante. La fiscalía puede tomar alguna decisión para amparar la víctima, pero en termino de restringir la conducta de los agresores no es facultad del Ministerio Publico”, indicó
Al finalizar, el fiscal Lorenzo Javier Melgarejo indicó que es necesario que las normas estén hechas a nuestra realidad, debido se está dejando desprotegida a las víctimas ya que muchas terminan siendo violentada nuevamente antes de tener las medidas de protección solicitadas.