Editorial

Editorial: ::: OPCIÓN DESESPERADA :::

Los magistrados de la primera Sala Penal de la Corte del Santa desestimaron la semana pasada el pedido formulado desde la clandestinidad por la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y el suspendido alcalde Julio Cortéz Rojas, para que se suspenda la efectividad de la pena que les impuso el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal, Efer Díaz Uriarte, luego de hallarlos responsables del delito de colusión agravada en el caso denominado como “semáforos inteligentes”.

Los sentenciados habían sustentado su pedido en lo que estipula el art. 402 del nuevo código procesal penal el mismo que está relacionado a la factibilidad de suspender los efectos de una pena efectiva a la expectativa de lo que resuelva la instancia de revisión, empero, como su nomenclatura mismo lo señala es una medida que debería haber aplicado el Juez de la causa y ya no corresponde a la instancia superior.

Sin embargo, al margen de las disquisiciones o posturas procesales, los magistrados de la Sala Superior han denegado de plano el pedido atendiendo a la naturaleza de los delitos investigados y la presunción de la probable perturbación de la actividad probatoria, bajo la figura de la probable fuga.

En efecto, los magistrados superiores han considerado que por la gravedad y peligro de fuga no correspondía la suspensión provisional de la pena, pues el delito de colusión representa uno de los ilícitos penales de mayor desvaloración penal y reprobación estatal en la gama de delitos funcionales, cuyo bien jurídico protegido es cautelar la regular y correcta ejecución del ejercicio público y proteger el patrimonio del Estado.

De esta manera ha quedado desvirtuada la penúltima carta que se jugaron las ex autoridades ediles para poder salir de la clandestinidad e intentar apuntalar una campaña electoral que ha quedado muerta y paralizada, que no tiene norte alguno a sabiendas de la grave pena que se les impuso.

Inclusive, hay quienes piensan que este pedido de las ex autoridades ediles solo tenía una motivación emocional y psicológica frente al momento que atraviesan, pretendían salir del ostracismo y descansar con sus familiares fuera del ruido político porque para muchos es absurdo que a estas alturas aun sigan pensando en una candidatura que automáticamente se diluyó con un fallo condenatorio que es lapidario para sus pretensiones electorales.

Y es que tanto Victoria Espinoza como Julio Cortez habían sido los primeros habilitados por la autoridad electoral para colocarse en el partidor electoral, a estas alturas habrían superado a sus contrincantes en lo que se refiere a tiempo y espacio en campaña electoral en la medida que, como es de domino público, recién hace solo unos días los jurados electorales han terminado de calificar las listas y de eliminar a quienes no cumplían los requisitos de ley.

No fue este el caso de la ex alcaldesa y el suspendido alcalde, ellos demostraron que habían preparado con antelación toda la documentación que requiere la autoridad electoral y la presentaron una semana antes que venza el plazo legal, de tal suerte que cuando comenzaron a calificar las listas el Jurado electoral tanto del Santa como de Huaraz habilitaron esas dos primeras candidaturas.

Sin embargo, el fallo de la justicia ha dejado muy mal parados a las pretensiones de ambos, virtualmente las han dejado sin piso en la medida que aun cuando se encuentra pendiente la revisión de este fallo en grado de apelación, en caso fuera favorable la incertidumbre y suspicacia siempre quedará embargada en la medida que aun quedará la posibilidad de impugnarla a través de un recurso de casación.

No podemos olvidar que la ex alcaldesa Victoria Espinoza ya ha pasado por este trance y ello ocurrió hace unos dos años atrás, cuando apenas tenía unos meses en el cargo y la justicia la condenó por delito de Enriquecimiento Ilícito y le impuso una pena efectiva entre Setiembre del año 2015 hasta Julio del año 2016, cuando se le cindenó a siete años de cárcel efectiva en primera y segunda instancia, sin embargo, la Corte Suprema en un fallo polémico y que ha generado reacciones últimamente con la aparición de los audios de la vergüenza, la liberó de la condena y la absolvió de todo cargo.

Fueron once meses en los cuales la ex alcaldesa decidió ocultarse y esconderse a pesar de la orden de captura que expidió la autoridad judicial, la Policía nunca la encontró y nadie pudo conocer jamás donde se escondía todo ese tiempo.

Aparentemente, Victoria Espinoza no quiere otro vía crucis de esa dimensión, por ello recurrió a la misma Sala Penal que revisará su sentencia para intentar que se deje sin efecto la efectividad de la pena por lo menos hasta que se resuelva su apelación.

En realidad, ya no falta mucho, la fase intermedia de un proceso judicial está sujeto a plazos y términos procesales que son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia es factible que la audiencia de apelación de la sentencia que pesa sobre la ex alcaldesa y los demás sentenciados, se revise a mediados o fin de mes de setiembre, ello está sujeto a la probabilidad que se aporten nuevas pruebas o se hagan valer medios de defensa, lo cual extenderá un poco más la decisión final de los magistrados.

Lo cierto es que a juzgar por las fechas, el pronunciamiento de fondo de la Sala Penal le servirá de poco a la ex alcaldesa aun cuando fuera favorable a ella en la medida que los días y las semanas pasan, el proceso electoral está ingresando a su fase decisiva y ella no puede ni siquiera sacar la cabeza porque la arrestan.

Por ello es que apeló a ese penúltimo recurso que es la solicitud de suspenderse la efectividad de la pena, empero, procesalmente no es factible, ello solo pone de manifiesto la natural situación de una figura eminentemente política que se sentía segura de ganar el proceso electoral y que hoy no pueda ni siquiera emprender una campaña como consecuencia de ese saldo judicial que dejó pendiente en su primera gestión, entonces apeló a una opción desesperada que no ha encontrado eco, de allí que solo queda esperar que la instancia superior fije fecha y hora para la audiencia de apelación en donde se jugará la última carta que le queda para recuperar su libertad. Veremos qué es lo que decide la justicia.