DECISIVO
Para el lunes 17 de este mes, a las 10.00 de la mañana, se ha fijado la audiencia de apelación de sentencia en el caso conocido como los “semáforos inteligentes”, en la misma que se expondrán los argumentos de las partes en relación a la condena impuesta a la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y el suspendido alcalde Julio Cortez Rojas. Así lo ha decidido ya la Primera Sala Penal cuyos integrantes se encargarán de revisar la impugnación formulada por los abogados de las ex autoridades ediles quienes a la fecha se encuentran prófugos junto a los funcionarios ediles Jorge Menacho Méndez y Micaela Flores Gómez, también condenados a cuatro años de cárcel efectiva. Fuentes judiciales han señalado que desde que el expediente fuera remitido al Colegiado superior se han realizado las diligencias preliminares corriendo traslado de los recursos de cada una de las partes y demandando la existencia de pruebas nuevas o pedidos que deberán tratarse en la diligencia. Ello porque la apelación es una audiencia única en la cual se debatirán todo lo que se ha hecho valer de manera oportuna, quiere decir que en la misma diligencia ya no se podrá ni siquiera plantear excepciones y defensas previas pues los plazos ya han precluido. Por la magnitud del proceso y el número de apelantes, es previsible que los magistrados no resuelvan luego de los alegatos de las partes y que dejarán la causa para resolver en el plazo que tienen de ley que es de 10 días. De allí que los que suelen sacar cuentas afirman que se tendría una resolución los primeros días del mes de octubre, es decir, virtualmente ad portas del proceso electoral regional y municipal. Demasiado tarde para los candidatos que están en la clandestinidad.
SEVEROS
Tal parece que las ultimas decisiones del Jurado Electoral de Huaraz con respecto a la exclusión de los candidatos han resultado un exceso que, seguramente, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que reparar. Nos estamos refiriendo a los casos de los candidatos del MANPE Koki Noriega y del Apra Hernando Mantilla, quienes han sido desembarcados por no haber consignado en su hoja de vida los montos de los ingresos que obtenían por laborar en la actividad pública. El primero de ellos ha sido alcalde del distrito de Acochaca, en la provincia de Asunción, hasta el 07 de abril cuando se vio precisado a renunciar para postular. Igualmente, Hernando Mantilla ha sido funcionario del actual gobierno regional, cargo del cual también ha debido renunciar, si es que no salió antes, para poder postular a la región, sin embargo, al no haber consignado sus ingresos por esos cargos el jurado los está excluyendo cuando en realidad esto se pone en evidencia que obedece más a una impericia, una falta de preparación y experiencia de los encargados de llenar las hojas de vida. No han consignado esos rubros porque ya no estaban trabajando por razón de su renuncia, pero sí debieron consignar los montos, esa no es una acción dolosa que trata de ocultar información, es una torpeza del personero y de sus ayayeros, pero por ello el Jurado no puede desembarcar a un candidato, más aun cuando ahora existen fórmulas para que los candidatos no eludan su responsabilidad y se permite anotaciones marginales. No creemos que la contienda electoral regional se quede solo con 13 candidatos, es probable que finalmente queden los 15 que se anunciaron tras la calificación de las listas.
MULTAZA
Nadie nos quiso escuchar y he allí las consecuencias. Cuando el año pasado se decía una y otra vez que el ex Rector de la Universidad San Pedro ya no debería seguir en el cargo por tener condena confirmada en doble instancia, los áulicos de aquel nos dispararon de todo. Como no podía ser de otra manera, aquellos que estaban atrincherados en la Asamblea Universitaria decían lo mismo, y alegaban que existiendo aún pendiente una casación no podía exigirse la renovación de cargos. Se empecinaron en defender lo indefendible y llegaron a aprobar un acuerdo a pesar que para entonces la SUNEDU había emitido un comunicado advirtiendo la ilegalidad que se presentaba en esta casa universitaria. Si la memoria no nos traiciona, el organismo supervisor de la actividad universitaria en el país remitió un documento a la universidad para que se proceda como debe ser y no le hicieron caso. Ahora la multa ya está vigente, seguramente será apelada pero más adelante será confirmada y la pregunta que todos se harán en la universidad ¿Quién paga esa cuentaza? Bueno pues, que hagan juicios de responsabilidad civil, se trata de sumas considerables que se han generado solo por la terquedad y la pertinacia de los personajes que le hicieron mucho daño a esta alma mater. Que ya comiencen a juntar en un chanchito para pagar semejante sanción.