Así como en los delitos de corrupción en la función pública existen procesos penales emblemáticos que la justicia ha resuelto con contundencia, en la actividad privada también existen juicios simbólicos y representativos que la ciudadanía ha seguido con atención por las características que arrastraban.
Uno de estos últimos juicios fue el calificado como “asesorías fantasmas”, que no fue otro que aquel fraude perpetrado en la Universidad Privada San Pedro en donde se desfalcaron las cuentas de la mencionada entidad universitaria a través de pagos millonarios a abogados por el patrocinio de juicios que jamás atendieron.
Esta modalidad fue urdida nada menos que por el ex rector José María Huamán y su entonces mano derecha José Rómulo Jacinto Teque, quien falleció en el curso del proceso penal y por ello fue retirado, utilizaron los juicios penales que atendía la asesoría legal de la citada casa universitaria y que estaban resueltos con la finalidad de “contratar abogados” para que se presenten como los patrocinadores de los mismos y cobren sumas desproporcionadas que, finalmente, se repartían entre todos.
Esto ya fue materia de un juicio penal prolongado que concluyó el 22 de abril del año pasado, sin embargo, hasta la fecha, es decir, después de un año y cinco meses sigue dando que hablar en la medida que tras la condena existe la necesidad que la autoridad judicial ejecute la pena y el pago de la reparación civil en contra de todos los que fueron condenados, es decir de Huamán, cuatro abogados y un asistente.
Esto porque el pasado 27 de setiembre, el juez del primer juzgado de Investigación preparatoria, John Pillaca Valdez, ha ratificado el fallo que expidiera ocho meses antes cuando revocó la condicionalidad de la pena impuesta al ex rector y sus co sentenciados y determinó que ella se haga efectiva al no haber cumplido con las reglas de conducta señaladas en el fallo judicial.
De esta manera, una vez más, Huamán Ruiz y sus co sentenciados se convierten nuevamente en prófugos de la justicia, se han ocultado tras tomar conocimiento de esta decisión y esperarán, asimismo, la resolución de la Primera Sala Penal en la medida que han planteado un recurso impugnatorio contra el fallo judicial.
En realidad este caso está que da vueltas desde hace 17 meses, el ex rector José María Huamán y sus co acusados fueron condenados el 22 de abril del 2017 por la jueza del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Krist Díaz Gonzales a tres años de prisión efectiva, quien consideró que quedó probado que en su condición de Rector de la Universidad San Pedro, se apropió de más de 3 millones 355 mil soles bajo el mecanismo fraudulento de “abogados fantasmas”, pagando por asesorías en casos ya resueltos en el Poder Judicial y que involucraban a dicha casa de estudios.
Al apelarse esta sentencia, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa, con fecha 26 de julio del mismo año, decidió confirmar la pena impuesta a todos los sentenciados, empero, revocó la efectividad de la pena señalando que ella se cumpla de manera condicional y siempre que cumplan con las condiciones, entre las cuales consideraron el pago de la reparación civil y el control de actividades.
Justamente, este extremo de la sentencia fue recogido por parte civil que solicitó a la fiscalía que se revoque la condicionalidad de la pena establecida por la Sala Superior en la medida que no cumplieron con los pagos requeridos y su solicitud fue acogida por el Juez del Primer Juzgado John Pillaca, quien con fecha 07 de diciembre del año pasado deja sin efecto la condicionalidad y señala que los sentenciados deben cumplir los tres años de condena en el penal de Cambio Puente.
Fue entonces que el ex rector y los demás sentenciados deciden nuevamente someterse a la clandestinidad, se ocultan con la esperanza que la instancia superior vuelva a modificar la resolución del juez que consideran excesiva, más aun cuando tenían un plazo para ejecutarlo, pedido que fue acogido otra vez por la Primera Sala Penal con fecha 04 de julio del presente año, con la cual se revoca la decisión del juez y se deja sin efecto la efectividad dela condena, con lo cual los condenados vuelven quedar sujetos a una pena condicional pero siempre al cumplimiento íntegro del fallo.
Pero la Sala Superior anula la resolución del Juez alegando la inexistencia de una adecuada motivación, por ende, lo que dispone es que se vuelva a revisar el pedido de la fiscalía para que se revoque la condicionalidad y se convoque a todas las partes para ello, cuidando que cuando se dicte la nueva resolución se ponga especial atención en la fundamentación de la decisión final.ÂÂÂ
Este fallo de la instancia superior fue duramente cuestionado en su momento, inclusive, la oficina distrital de control de la magistratura (ODECMA) dispuso el inicio de una Investigación ante la queja formulada por la parte afectada, en este caso, por el frente de defensa de la universidad integrado por docentes y egresados.
Sin embargo, el expediente fue a caer nuevamente en manos del Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, John Pillaca Valdez y desde entonces quienes seguimos de cerca este caso éramos conscientes que el magistrado iba a ratificar su posición inicial en la medida que estaba debidamente sustentada en el incumplimiento y la omisión de los sentenciados con las normas de conducta señaladas en la sentencia-.
Esto es más evidente aun si se tiene en cuenta que ha transcurrido año y medio desde que se dictó la sentencia y hasta la fecha los sentenciados no han cumplido con el pago de la reparación civil de 500 mil nuevos soles y la devolución de los más de 3 millones de soles que defraudaron a la Universidad.
Sumadas estas dos obligaciones y divididas entre los 12 meses que señaló la instancia superior, se obtiene un cifra de 361 mil soles como pago mensual que deben efectuar los condenados, sin embargo, apenas si algunos han depositado 500 soles y otros sencillamente nada, por ello es que el Juez considera que los obligados siguen burlándose del mandato judicial y ha revocado nuevamente la condena.
Como se aprecia el ex rector José maría Huamán y sus co sentenciados han vivido el último año y medio virtualmente a salto de mata, estuvieron como prófugos cuatro meses el año pasado y ya llevan 6 meses este año, empero, vuelven ahora a la misma condición y no se sabe si será por unos meses más o hasta que cumplan los tres años que ordena la sentencia. Una situación realmente complicada pero que deriva de la responsabilidad penal que alcanza a cada uno de los condenados.