En extensa sentencia de vista:
Vocales, José Manzo Villanueva, Carlos Maya Espinoza y Pedro Rodríguez Huayaney inician lectura de sentencia ayer.
La Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó ayer por unanimidad, la condena de 4 años de prision efectiva en contra de la ex alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Amelia Espinoza García y el alcalde suspendido Julio Cortez Rojas en el proceso penal por corrupción, denominado caso “semáforos inteligentes”.
La misma condena fue ratificada a los ex funcionarios ediles Micaela Beatriz Flores Gómez y Javier Menacho Méndez así como al empresario de nacionalidad chilena, Nicolas Rivas Gay (representante legal del Consorcio del Santa ITS). Un sexto procesado, Aquior Urbano Mendoza Mendoza fue condenado a 3 años de prision suspendida, al tener responsabilidad restringida (mayor de 65 años).
En su decisión, el colegiado superior de la Corte de Justicia del Santa, declaró infundado los recursos de apelación formulados por las defensas técnicas de los procesados así como también rechazó el pedido de la Fiscalía Superior que solicitaba que la pena impuesta se incremente a 4 años y 10 meses de prisión efectiva.
Para los jueces superiores, Pedro Rodríguez Huayaney (ponente), Carlos Maya Espinoza y José Manzo Villanueva, la sentencia condenatoria de primera instancia se encuentra debidamente motivada y correspondía ser ratificada, con excepción de la pena impuesta al procesado Aquior Mendoza que fue reducida de 4 a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida.
En la misma resolución, los magistrados señalaron que si bien es cierto, se trata de procesados sin antecedentes y con domicilio conocido, el hecho que hayan rehuido a la justicia y se convirtieran en prófugos, reforzó la teoría de considerar la pena con carácter de efectiva.
A todos ellos se les acusó de coludirse para permitir una serie de irregularidades en la etapa de licitación de este proyecto, en la obtención de la buena pro y en la ejecución misma de la obra, para favorecer exprofesamente al empresario Nicolás Rivas Gay, quien desde la primera adjudicación, que fue anulada, se presentó como postor, pero fue a través de una empresa distinta con la que finalmente ganó la buena pro.
En la acusación del Ministerio Público, se incluye un peritaje suscrito por peritos adscritos del Ministerio Público del Santa, que determinaron una sobrevalorización de 3 millones 562 mil 692 soles en los trabajos de instalación de los semáforos inteligentes por parte de la empresa Consorcio Santa ITS.
Este monto defraudado, más el pago de una reparación civil de 50 mil soles, deberá ser devuelto por los condenados en forma solidaria. Los abogados, interpusieron recurso de casación a la Corte Suprema de la República.
LOS DETALLES DEL FALLO
Para los jueces superiores de la Primera Sala Penal de Apelaciones, luego de revisar el expediente técnico y desarrollar la audiencia de apelación de sentencia en tres sesiones, establecieron que se pudo probar, que desde la convocatoria al proceso de selección y durante la ejecución de la instalación de los semáforos inteligentes, hubo una concertación clandestina de voluntades entre las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa con el empresario de origen chileno, Emilio Rivas Gay para favorecerlo.
Estas primeras irregularidades se dieron cuando el proceso de licitación pública se canceló y ase declaró desierto sin ninguna justificación para que luego fuera derivada a una adjudicación de menor cuantía por 8 millones 309 mil soles.
Ello, a pesar que en el portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) el proyecto tenía un estimado de inversión de 2.5 millones de soles, pero aún así, no figuraba inicialmente en el plan anual de contrataciones del año 2009.
Ha quedado probado, sostuvo la Sala Penal, que fue la propia alcaldesa de aquel año, Victoria Espinoza García, quien modificó el Plan Anual de Contrataciones y aprobó la exclusión de obras con el propósito de incluir la semaforizacion por más de 8 millones de soles. En este trámite, existe un memorando salido de la gerencia de obras y dirigida a Planificación y Presupuesto, en la que señalan “por encargo de alcaldía”, se solicita rapidez para dicho trámite.
La obra fue aprobada el 17 de setiembre y al día siguiente ya se estaba nombrando el comité de adjudicaciones para su licitación. También cuestionó la Sala Penal que la alcaldesa no haya convocado para integrar dicho comité a un experto al tratarse de bienes especiales y sofisticados.
“Se ha cometido infracción al deber de cuidar las arcas del Estado. No había razón para cancelar la licitación, inclusive, luego que se declaró desierta la licitación, no fue comunicado a OSCE, sólo se informó una postergación que no fue tal. Por un lado ordenaron la cancelación de la licitación (dos dias antes) y por otro lado, le indicaron al tesorero que se habían reprogramado la venta de bases, con lo cual generaron el desinterés de otras empresas participantes” señala parte de la resolución.
Otro hecho relevante fue el cambio de licitación a adjudicación directa de menor cuantía. En el primer proceso se presentaron los postores SICE (representado por Emillio Rivas Gay), J y M Servicios Generales de Carlos Barreto Alvarado y Sutec sac sucursal Peru de Gerson Guevara Martínez.
Sin embargo, en pleno proceso, la Municipalidad comunicó la cancelación del mismo y cuando levanta un acta solo da cuenta que habían hecho llegar sus propuestas dos empresas, excluyendo a SICE de Rivas Gay.
Luego se modifica a Adjudicación de Menor Cuantía y se reciben las propuestas de las empresa A & R SAC Contratistas Generales, Ibeco y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas de Rivas Gay. Este último, tampoco presentó propuesta económica.
Resulta que A & R Contratistas Generales termina obteniendo la buena pro junto a Narvasta Mendoza ingenieros SAC con quien había formado Consorcio Santa ITS, donde inicialmente aparecía como representante Gonzales Tasano Velaochaga, pero quien firmó el contrato fue Emilio Rivas Gay.
“Está probado que hubo un acuerdo clandestino de voluntades entre las autoridades y funcionarios de la comuna provincial con el empresario Emilio Rivas Gay para beneficiarse con la ejecución de la obra de los semáforos inteligentes que tuvo una sobrevalorización de 3 millones 562 mil 692 soles” culmina diciendo el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones que fue leída la tarde de ayer.
La sentencia condenatoria también inhabilitó por el mismo periodo de tiempo a los condenados para ejercer la función pública y les fijó el pago de una reparación civil consistente en la devolución de los 3 millones 562 mil 692 soles defraudados y 50 mil soles adicionales por haber mellado la imagen de la Municipalidad Provincial del Santa, todos los montos, en forma solidaria.
Finalmente, se confirmó que el arquitecto Eduardo Dextre Morimoto, proyectista que elaboró el expediente técnico de los semáforos inteligentes y los representantes legales de la empresa RUBELEC que supervisaron dichos trabajos, deberán serán investigados por el Ministerio Público por no haber cumplido con ejercer su labor de fiscalización a la ejecución de la obra en forma transparente en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa.
El fallo fue leído en medio de gran expectativa, con presencia masiva de ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa en la gestión de Victoria Espinoza y Julio Cortez Rojas. También acudieron militantes y familiares de los procesados, entre ellos el actual candidato provincial Humberto Ortiz Soto y los hermanos del alcalde suspendido, Julio Cortez Rojas.