El Fiscal Anticorrupción del Santa, Carlos Roncal Cancino ha comunicado al Juzgado Penal Anticorrupción que ha concluido la investigación suplementaria del caso denominado “donantes” que se sigue contra el encarcelado ex gobernador de Ancash y otras nueve personas por delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.
Esto quiere decir que el representante del Ministerio Público tiene un plazo, en el papel, de 30 días para presentar su requerimiento ya sea de acusación, sobreseimiento o mixto, por lo que asumimos que antes de fin de año ya se debe estar convocando a la audiencia de control de acusación o la que se considere en la disposición fiscal por parte del Sexto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que despacha el Juez Jorge Chávez Tamariz.
Como se recuerda, este caso ya había concluido en el Ministerio Público cuando la pesquisa estuvo a cargo del Fiscal Laureano Añanca Chumbe, sin embargo, se concedió un plazo suplementario de cuatro meses ordenado por la Sala Penal de Apelaciones a efectos de completar diligencias que no se habían agotado.
Justamente, en ese lapso se recibió una pericia contable respecto a los ingresos de todos los investigados, por lo que ahora corresponde al Fiscal Carlos Roncal Cancino evaluar toda la documentación y emitir el pronunciamiento correspondiente.
Muchos deben recordar que este caso se inicia poco después que el ex gobernador Waldo Ríos Salcedo se presentó ante el Poder Judicial con un certificado de depósito de poco más de un millón de soles con la finalidad de acreditar el pago de la reparación civil que se le impuso cuando fuera condenado por sus vínculos con la mafia montesinista en el año 2008.
Ocurría que Ríos Salcedo había ganado las elecciones en el 2014 y no podía prestar juramento al cargo porque no había sido rehabilitado de la condena en mención, de tal suerte que para hacerlo debería acreditar el pago de la reparación civil que ascendía a un millón de soles.
Sin embargo, aun cuando cumplido el trámite y rehabilitado por la justicia Waldo Ríos pudo asumir el cargo, luego vendrían una serie de cuestionamientos a la modalidad utilizada para cumplir con el trámite judicial y es que para poder acceder al dinero y demostrar que estuvo en capacidad de pago, se debió elevar a escritura pública la donación de semejante cantidad de dinero.
Por ello es que se pudo conocer quiénes habían sido estos “generosos” ciudadanos que le regalaron un millón de soles a Waldo Ríos para que pueda juramentar y acceder al cargo, se trata de Sabik Soriano Navarrete, Miluska Aldea Correa, Daniel Reynafarje Quiroz, Patricia Quezada Barreda, José Neyra Flores, Javier Contreras Lara, Guillermo Oviedo Velásquez, Miguel Peralta Merino y Christian Cárdenas Depaz.
En la medida que esta donación no fue lo suficientemente transparente y en tanto que al revisarse los antecedentes de cada uno de los donantes eran inciertos en la medida que algunos mostraban que contaban con deudas en el sector financiero y figuraban en el registro de deudores del INFOCORP, se generó serias dudas del verdadero origen del dinero toda vez que si no podpian pagar deudas personales, difícilmente se puede pensar que cuenta con dinero para regalar a terceros, allí hay algo oscuro.
Esto dio lugar a que el Ministerio Público inicie una investigación por delitos de lavado de activos y cohecho pasivo en la medida que se entiende que detrás de este procedimiento de donación existía todo un doloso interés de manejar el gobierno regional y direccionar las obras y servicios para poder recuperar esa millonaria inversión y multiplicar sus ganancia y utilidades.
Al fin y al cabo, el Ministerio Público lo que debería hacer es requerir información a las entidades financieras y organismos de registro de créditos, así como demandar un peritaje contable a efectos de establecer no solo si los donantes estaban en capacidad de disponer de fuertes sumas de dinero como para regalarlas, sino que haya registrado contablemente estas operaciones como dispone la ley.
La Fiscalía ya había solicitado 9 años de cárcel para el ex gobernador y otro tanto para cada uno de los donantes, empero, la decisión de la Sala Penal de ampliar el espectro de las pesquisas dejó de lado ese dictamen acusatorio, ahora corresponde a otro Fiscal, al Dr. Carlos Roncal tomar una decisión al respecto y demandar el inicio del juicio oral.
Seguramente que éste será el derrotero de esta pesquisa, se tiene que saber de donde procedían los fondos que le permitieron pagar a Waldo Ríos semejante reparación civil y dejar sentado un precedente en el campo político cuando se trata de donar dinero supuestamente a cambio de nada. Esto sí que es difícil de creer.
PESQUISA PELIAGUDA
La maquinaria proselitista de la red de corrupción de Ancash, como se denominó a la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, contó con factores puntales como fue la difusión en medios televisivos, para lo cual contó con la plena y absoluta disposición del canal 27, cuyo dueño y propietario era Jorge Luis Balvis Castro.
Este empresario ha sido ya condenado por la justicia por su sometimiento a la mafia de entonces, empero, en medio de esta pesquisa surgieron indicios de la comisión de otros delitos que han dado lugar a una ampliación ordenada por la sala penal superior.
Esta pesquisa está relacionada con la venta del mencionado canal, pues después que cayera Álvarez y sus principales ex funcionarios, se trató de borrar las huellas de los delitos y una de ellas era, que duda cabe, el canal de televisión en el que César Álvarez aparecía casi las 24 horas del día.
Lo cierto es que la venta se hizo por un millón cuatrocientos mil soles, empero, en el marco de las pesquisas contra Balvis Castro y la revisión de los estados financieros de su empresa, se advirtió que solo se había pagado 400 mil soles y se desconocía el paradero del resto del dinero que valió de las arcas de la entidad universitaria.
La sala sospecha que allí hubo un acuerdo subterfugio para perjudicar las arcas de la Universidad, por ello ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar a efectos de deslindar responsabilidad, a juzgar por lo que se ha hallado en el juicio, es pertinente que se investigue como se realizó esta millonaria transacción y quienes deben responder por una millonaria suma que ha quedado virtualmente en el aire.