Los deudos de la empresaria Maritza Castañeda Valera, quien fue alevosamente asesinada por su esposo Juan Carlos Guzmán Quiroz, temen que este individuo consiga burlar la acción de la justicia si es que antes del 14 de noviembre no se dicta alguna medida restrictiva que no le permita darse a la fuga.
Los temores de los deudos se sustentan en el hecho que en esa fecha se cumple la prisión preventiva que pesa sobre el homicida y no existiría la posibilidad de ampliarla en la medida que el juez de la causa ya lo hizo dos veces y pese a que aún no se alcanza el máximo de carcelería que se autoriza en estos casos.
En efecto, si se tiene en cuenta que el crimen de Martita Castañeda se registró el 16 de agosto del año 2016, existía la posibilidad que pueda ser juzgado en prisión hasta Agosto del 2019, empero, en el caso de este homicidio se ampliaron las medidas restrictivas en dos ocasiones sin llegar al máximum legal, por lo que ya no se podrá seguir ampliando esta medida y podría configurarse la libertad procesal.
De darse este caso, es decir, que no exista una sentencia condenatoria hasta antes del 14 de noviembre, el asesino Juan Carlos Guzmán podría salir en libertad y, de acuerdo a lo que sospechan con fundadas razones los agraviados, estaría en condiciones de fugarse fuera del país en tanto que aún conserva el poder económico que obtuvo de las empresas de la agraviada que manejó a su antojo.
Este es el fundado temor de los deudos en la medida que un hombre que es consciente que podría ser condenado a una pena de por vida, es decir a cadena perpetua, haría todo lo necesario para esfumarse si es que le abren las puertas del presidio.
Y sostienen que este escenario se ha generado por acción propia de la defensa del acusado que ha dilatado las investigaciones, ha promovido que pasen los meses porque se considera que la libertad procesal es una estrategia legal, se promueve con la intención de sacar a una persona de la cárcel e impedir que se haga justicia cuando los casos importan gravedad.
Esto es lo que más extraña en este caso, es decir, que la justicia haya sido incapaz de poder dictar una sentencia condenatoria cuando tiene en sus manos un caso en el que el acusado es un delincuente confeso, cuando ha admitido su responsabilidad hace muchos años y cuando existen suficientes pruebas para sentenciarlo.
En efecto, muchos deben recordar que Juan Carlos Guzmán fue capturado virtualmente en flagrancia de delito, apenas unos minutos después de haber asesinado a su esposa y luego de refugiarse en el interior de su domicilio, dejando a su víctima desangrándose en el interior de la camioneta en donde le disparó dos veces al cuerpo.
La Policía le incautó el arma homicida y, al margen de las testimoniales que dieron cuenta de la manera como ocurrieron los hechos, el propio acusado admitió el delito y, por entonces, esgrimió una serie de coartadas para desviar la intención de la Policía, como que su esposa le era infiel o que lo humillaba supuestamente por una enfermedad que padecía, lo cual eran solo estrategia para pretenden mitigar la pena.
Sin embargo, desde un primer instante el homicida admitió que había cometido el delito, la Fiscalía y la Policía recogieron muchas evidencias y existen incontables elementos de convicción en el expediente como para que las autoridades hayan concluido hace mucho tiempo este juicio oral.
Empero, infortunadamente, la realidad es otra., hasta la fecha el asesino sigue en el banquillo de los acusados, los magistrados actúan pruebas y el tiempo apremia, estamos a solo dos semanas que se cumpla la prisión preventiva y se pueda accionar el pedido de libertad procesal, lo cual sería lamentable en la medida que alentaría únicamente la impunidad ante un escenario judicial en donde no existe mayores razones para dilatar un juicio como este.
Inclusive, en el camino se han podido conocer una serie de hechos relacionados con este asesinato que abundan en la responsabilidad penal de Juan Carlos Quiroz, como la existencia de una oscura relación con la mejor amiga de la víctima con quien había emprendido negocios turbios y ocultos con la finalidad de quedarse con el patrimonio de la mujer, un hecho que ha conmocionado en razón que la infidelidad iba en otro sentido.
Justamente, al respecto, existe otro proceso penal que se le inició al homicida y la mal llamada “mejor amiga” por la suscripción de una letra de cambio por 150 mil soles cuando Maritza Castañeda se encontraba con vida, un título valor que sería ejecutado por los dos siniestros personajes a espaldas de una joven empresaria que les había extendido toda su confianza y, evidentemente, a la luz de los hechos, fue traicionada.
Teniendo en cuenta que estos hechos tienen conexión con el desenlace fatal, no se entiende como las autoridades dejaron que los procesos sigan por caminos diferentes cuando pudieron acumularlos y expedir una sola sentencia hace mucho tiempo, tampoco lo hicieron y hasta la fecha ni uno ni otro merecen algún castigo por parte de la autoridad.
Curiosamente, apenas unos días después que trascendiera esta queja pública de los deudos, cuando en la opinión pública se percibía una sensación de impotencia frente a este escenario judicial, el homicida se mostró repentinamente arrepentido y pidiendo perdón a los deudos en su intervención en el juicio oral que se le sigue, tratando buscar la indulgencia de quienes fueron presas del enorme dolor que generó.
Tardías expresiones de quien actuó sin remordimientos, quien atacó de manera alevosa a quien le dio la oportunidad de ser alguien en el espectro empresarial y quien le entregó su cariño y admiración por muchos años al unirse para formar una familia.
En el nuevo sistema procesal existe la posibilidad que la autoridad judicial pueda ampliar el plazo de la investigación ya vencido cuando existan evidencias que aquel ha sido exprofesamente dilatado por la defensa técnica con el objetivo de impedir que se dicte una sentencia y se promueva una libertad procesal. En esos casos un juez puede ampliar la pesquisa por el término de los días perturbados con las maniobras dilatorias, lo que quiere decir que el Juzgado Colegiado puede aún ampliar algunas semanas más el plazo a efectos de poder concluir con este caso.
No se trata de buscarle un pie más al gato, lo que se tiene que demandar es que se haga justicia, se castigue y sancione la criminalidad y que no se permita que gane la impunidad con la liberación y probable fuga de los responsables. La pelota está en la cancha de los jueces, solo de ellos depende.