El Ministerio del Interior, por intermedio de la SUCAMEC, en convenio con la empresa siderúrgica SIDERPERU, ha destruido la semana pasada cerca de cinco mil armas de fuego de toda clase y calibre, las cuales se encontraban en poder de las autoridades al haber sido decomisadas o recopiladas por tener procedencia ilícita.
De esta manera y bajo el slogan “por una sociedad más segura”, se procedió a fundir las armas en los hornos de la siderúrgica que, de esta manera, no solo desecha elementos sumamente peligrosos sino que recupera el acero que tienen estas armas y con ello se fabricarán mini gimnasios que se llevarán a los Pueblo Jóvenes.
El Vice Ministro de Orden Interno, Esteban Saavedra Mendoza, quien encabezó esta destrucción de las armas de fuego, explicó que la mayoría de ellas provienen del programa de formalización que puso se marcha el gobierno con la finalidad de terminar con la existencia de armas de fuego en las calles en manos de personas que carecían de licencia para portarlas y que no son delincuentes o gente de mal vivir.
Se trata de armas que miles de personas compraron para garantizar una defensa personal pero que lo hicieron en el mercado negro, su procedencia es desconocida o ilícita y los motivos que los llevaron a tenerlas en su poder no lindan con lo delictivo.
Por ello es que el gobierno trató de formalizar este mercado negro de armas y les otorgó la oportunidad de devolver esas armas sin que puedan ser sometidos a juicio pues se sabe que poseer un arma sin estar autorizado equivale a cometer un delito de Tenencia Ilegal de Armas que es castigado con penas severas.
De esta manera, aquellos que estaban en poder de esta clase de armas tenían la oportunidad de deshacerse de ellas, incluso, quienes las necesitaban y estaban en condiciones de regularizar con una licencia, se les otorgaba la oportunidad de tramitarla y obtenerla siempre y cuando cumplan con los requisitos.
De esta manera, en un plazo prudencial de 6 meses, el Ministerio de Interior, por intermedio de la SUCAMEC pudo recuperar miles de armas de fuego y decomisarlas para proceder a su destrucción, lo que ha ocurrido la semana pasada y cuya cifra casi llega a las tres mil.
Las demás armas forman parte de la incautación que hizo la Policía a las delincuencia y se trataba de toda clase de elementos de ataque y defensa, como escopetas, revólveres, pistolas, carabinas y armas de fabricación artesanal, inclusive, muchas de las cuales se encontraban inoperativas.
Incluso, se ha informado que de esas armas son más de 300 las que corresponden a nuestra región por lo que es posible que el producto de esta fundición favorezca a los pueblos de Ancash, sin embargo, en esencia la importancia de este evento es que se despeja la posibilidad que estas armas de fuego puedan estar en algún momento en las calles o en manos de la delincuencia.
Convenimos con lo expuesto por los organizadores en que la destrucción de las armas elimina por completo la posibilidad de recirculación de estos objetos. Es uno de los métodos más recurrentes por su efectividad y simbolismo.
Justamente, en Chimbote tenemos malísimas experiencias en relación a la custodia de las armas de fuego que se encuentran incautadas pues hasta hace algunos meses no existió garantía alguna que ellas se encuentren en buenas manos aun cuando estaba en poder de una dependencia adscrita a la Policía Nacional.
Y esto lo hemos desarrollado periodísticamente en este medio de comunicación, se nos viene a la memoria el relato dramático de un efectivo policial que tuvo la mala fortuna de empeñar su arma de uso particular a un individuo que lejos de tenerla en su poder hasta que le retribuya un préstamo de dinero, la utilizó indebidamente y la Policía lo sorprendió cuando la portaba sin contar con autorización.
El arma fue incautada y entregada a los almacenes de la entonces DISCAMEC, que fue el antecedente de la hoy SUCAMEC, sin embargo, de pronto un día se entera por los medios de comunicación que esa arma, que era una pistola automática Berretta con cacerina para 15 disparos consecutivos, fue incautada por la Policía luego de un enfrentamiento armado con peligrosos delincuentes.
Se trataba de tres maleantes que formaban parte de la banda de un asesino conocido como “chazán” y era la misma pistola con la cual este último sujeto había asesinado unos meses antes a tres individuos en el interior de un Bar porque lo miraron mal.
La pregunta que se hizo por entonces es ¿Cómo es posible que la delincuencia estuviera utilizando esa arma de fuego si se suponía que estaba comisada en los almacenes de la DISCAMEC?.
La respuesta era fácil y sencilla, la corrupción llega a todos los niveles aun dentro de la Policía Nacional y el encargado de los almacenes en aquellos años era un miembro de la institución tutelar que lejos de cumplir el rol que le habían encomendado para cautelar las armas, lo que hacía era negociarla con la delincuencia.
La modalidad, aparentemente, era el alquiler de las mismas y se pudo establecer que, efectivamente, el arma de fuego había sido ilegalmente retirada del almacén y entregada a un asesino con la cual victimó a tres personas.
Este pésimo Policía ha sido sentenciado a 18 años de cárcel y se encuentra prófugo de la justicia de allí que es mucho mejor que las armas sean destruidas porque, efectivamente, es la única manera de garantizar que se alejará el peligro que ellas representan de las calles de Chimbote y de todo el país.
Hay que tener en cuenta que la destrucción de estas casi cinco mil armas corresponde solo a aquellas que han sido decomisadas o recopiladas durante este último año, pues las autoridades ya vienen realizando estas jornadas desde hace tres años y el total de armas que han sido fundidas supera las 16 mil.
Confiemos en que el Gobierno no cejará su empeño de destruir los elementos ofensivos que exponen la vida y la integridad física de las personas, las armas solo deben estar en poder de la autoridad y de quienes están capacitados y autorizados para manejarlas, mientras se encuentren más lejos de la gente es mejor y la única manera de garantizar ello es destruyéndolas.