EMERGENCIA
Aun cuando desde hace algunas semanas se venía afirmando que existen informes que dan cuenta de una elevada incidencia de precipitaciones para la temporada de verano, no cabe duda que el Gobierno ha decidido “curarse en salud” y ha preferido anticiparse a cualquier eventualidad y desgracia por efectos de la naturaleza dictando un decreto supremo por el cual declara en emergencia 37 distritos de 9 regiones del país, entre las cuales incluye a Chimbote, Casma y Huarmey. Es decir, las mismas provincias que se vieron afectadas por el “Niño Costero”, consecuentemente, al Gobierno de Martin Vizcarra no le conviene que a estos pueblos los sorprenda una probable temporada de lluvias sin nada entre las manos, ya bastante tenemos con el fracaso de la reconstrucción con cambios para que la naturaleza nos endilgue otra andanada de desbordes e inundaciones que podrían generar más daños. Para el gobierno sería un certero golpe que se presenten nuevos fenómenos pluviales que generen emergencia en las ciudades, por ello es que ha preferido que los municipios y los gobiernos regionales cuenten desde ya con herramientas efectivas para hacer trabajos de prevención antes que la desgracia pueda ser mayor, si eso ocurre no tendrá el perdón de nadie, por ello lo mejor es que se dicte la emergencia aun cuando, finalmente, no resulte necesario utilizarla. Esta declaratoria de emergencia tiene un plazo de 60 días, es decir, que se prolongará hasta fines de febrero, suficiente como para advertir si el clima no nos castigará severamente en la próxima temporada de verano. Ahora se espera que las autoridades hagan un uso racional de estas facultades de la emergencia porque lo que se quiere es que se manejen los recursos de manera transparente y honesta. Veremos que es lo que sucederá.
DEFICIENTE
Tal parece que en la comuna provincial del Santa los servicios sociales no estuvieron a la altura de lo que se esperaba este 2018 que se termina, tanto así que en Nuevo Chimbote han decidido dirigirse al burgomaestre provincial a efectos que ceda en uso las instalaciones de la Casa Refugio de la Mujer, ubicada en la Urbanización Bruces, a efectos que le den una mejor administración. Esto es lo que ha acordado la instancia distrital de concertación contra la violencia a la mujer, integrada por una serie de entidades sureñas, quienes han expresado su absoluta disconformidad como se viene manejando esta entidad edil en la medida que no cumple los objetivos para la cual fue creada. “Requerimos la cesión en uso de la Casa Refugio a efecto que esta municipalidad distrital pueda administrarla para darle un mejor uso que no se ha venido dando hasta la actualidad, una víctima de violencia es atendida legalmente y sicológicamente pero no tiene a donde ir y tiene que regresar a la casa del agresor a pesar de contar con un recinto que pueda albergarlas”, señala el acuerdo que se ha sancionado en su última cesión y que es un gancho directo al hígado de la gerente de desarrollo social de la comuna provincial del Santa Paola Huamán Vela, quien a la sazón es regidora de la Municipalidad de Nuevo Chimbote y tal parece que no conoce la realidad de lo que ocurre en las entidades que administra. Será bueno que el nuevo alcalde Roberto Briceño Franco revise este pedido y, especialmente, el manejo de la entidad que tanto dinero costó para edificar pero que, a decir de quienes conocen este tema, sería un verdadero elefante blanco porque no está prestando servicio efectivo alguno.
ABUSO
No hay que perder de vista la denuncia pública que han formulado moradores del centro poblado de “Huantar” del distrito de Quillo, quienes llegaron desde esa lejana zona para protestar por la falta de suministro de agua que padece hace más de dos meses. Ello porque los pobladores de esa zona están exponiéndose a males gastrointestinales. Lo grave es que los dirigentes de este centro poblado señalan a los funcionarios de una compañía minera de haber desviado el curso del cauce del río con objetivos que sólo a ellos interesa y han dejado de esta manera sin agua a los pobladores. Lo delicado de todo esto es que esa gente humilde y sencilla no puede vivir sin uno de los servicios básicos y elementales en la vida de los hombres. Las autoridades deberían de velar no solo porque se les restituya el suministro de agua sino que deben investigar y denunciar penalmente a los responsables pues con la vida no se puede jugar.