La semana pasada la Contraloría General de la República ha dado a conocer que ha sancionado a medio centenar de funcionarios y servidores públicos con medidas de inhabilitación, entre aquellos que han prestado servicios en las reparticiones públicas del gobierno regional o de los municipios de nuestra región.
De esa cifra se ha precisado que 8 pertenecieron a entidades de nuestra jurisdicción, cuatro al gobierno regional de Áncash y otros cuatro a la Municipalidad Provincial del Santa, quienes ya han dejado las dependencias regionales y edilicias.
Las medidas se han impuesto como consecuencia de investigaciones administrativas y algunas derivadas de procesos penales en los que se ha dispuesto la medida de inhabilitación, que es el apartamiento compulsivo del servidor por haber incurrido en faltas que pueden ser calificadas como graves o muy graves.
Esta no es más que una sanción que es alternativa o que convive con medidas punitivas, pueden derivarse de la comisión de un delito o pueden existir como consecuencia de irregularidades detectadas en el marco de una pesquisa o auditoría.
Muchos piensan que el marco punitivo de una persona que ha incurrido en graves faltas solo se remite a la posibilidad de ser juzgados y sentenciado en un proceso penal, empero, eso no es así, hay hechos que sin ser delitos pueden ser investigados en la vía administrativas y sancionados con medidas que se determinan según la escala o rango de gravedad que conllevan.
Por ello es que el organismo de control sorprende con esta información que da cuenta de sanciones impuestas a este nivel, pues se trata de investigaciones que sin haber llegado a la vía penal pueden ser objeto de un castigo porque el accionar o conducta de un empleado público importa una sanción que aun cuando no involucre una medida de tipo penal como el internamiento del responsable en un presidio, si lo deja de lado del escenario de la administración pública.
De allí que quien ejerce la función pública debe ser consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos y de las consecuencias que genera un accionar que se sale del marco de la ley, que infringe las normas y que responden a maniobras oscuras que atentan contra la buena fe de la investidura.
Esa conducta no puede ser necesariamente dolosa, no puede caer en el campo delictivo, pero si entraña una actitud desleal para la responsabilidad que tiene en lo que importa cautelar los recursos del erario público y por ello es pasible de merecer una sanción cuya escala más drástica es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El profesional que es sancionado con esta medida se verá impedido de poder trabajar en cualquier entidad pública, queda al margen de alternativas o posibilidades de empleo y, fundamentalmente, arrastrará una mancha en su “file personal” que tendrá incidencias negativas en cualquier entidad a la que pretenda acceder así fuera de una empresa o institución privada.
Por ello es que lo más prudente es llevar la fiesta en paz, buscar la manera de impedir transgredir las normas o procedimientos en razón que las sanciones también se derivan de actos por negligencia, de tal suerte que no cabe en estos procedimientos administrativos pretender echar mano a la ignorancia o la acción involuntaria cuando existe de por medio una responsabilidad que hay que cumplir.
Justamente, en esta oportunidad la Contraloría General de la Republica nos ha puesto al día en lo que corresponde a los funcionarios que trabajaron en Chimbote, muchos de cuyos nombres no son ajenos a la prensa local en la medida que algunos de ellos fueron figuras visibles de las gestiones regionales y edilicias que han transitado en los últimos años y que se han visto involucrados en hechos irregulares.
Hay que saludar estas sanciones que ha impuesto al Contraloría General de la Republica, esto nos dice que hay garantías en el aparato fiscalizador de la permanente pesquisa a los actos que infringen las normas y, en tal sentido, no se deja de lado ninguna maniobra aun cuando ella no importe un accionar doloso y penal. Esperemos que se mantenga este espíritu inquisidor porque esta es la otra sanción que se merecen quienes se aprovechan de un cargo público.
SEMPITERNA DISCUSION
Agrias discusiones, empujones, empellones, amagos de peleas, se registraron la semana pasada en una enrome franja de terrenos que dos asentamientos se disputan entre sí y declaran que les pertenece por ser destinados a áreas de amortiguamiento.
Los incidentes se registraron en el límite de los asentamientos “Mirador de las Lomas”, con “Villa Atahualpa”, en donde los dirigentes de este último asentamiento rechazaron las pretensiones de gente que estaba levantando chozas en una zona que está destinada a áreas públicas y por ello no son ocupadas.
Sin embargo, familias y dirigentes de “Morador de Las Lomas” desmintieron a sus homólogos señalando que esa área les pertenece y las familias que llegaron son jóvenes que necesitan de una vivienda.
Lamentablemente, la existencia de terrenos baldíos y que forman parte de las invasiones que se han registrado en el distrito de Nuevo Chimbote, lleva a muchas personas a pretender acaparar los lotes vacíos y hacerse de propiedades de esta manera subrepticia.
Sin embargo, ninguno de los dos asentamientos puede irrogarse la propiedad o posesión de terrenos que hasta el momento no han sido saneados, que forman parte de una invasión que para la ley es ilegal pero que se realizan gestiones para formalizarlos.
De allí que hasta que no se encuentre una salida a la situación legal de las familias de estos dos asentamientos, nadie puede decir que tal o cual terreno les corresponden. Sencillamente se deben respetar porque serán las autoridades las que definan su delimitación, antes nadie puede asumir medidas porque incurriría en tráfico de terrenos.