Hace un año no se realiza audiencia:
Juez Jorge Chávez Tamariz realiza coordinaciones para reprogramar audiencia.
Un año después de haberse ingresado el requerimiento acusatorio en la carpeta fiscal por las irregularidades en la avenida Pardo, aun no puede cumplirse con esta audiencia de la etapa intermedia, por responsabilidades que involucran tanto a los operadores de justicia como a los abogados de los imputados.
Todos ellos, de una u otra forma, han permitido que un año después de ingresado el requerimiento, hasta hoy no se pueda concluir con esta fase que determinará si el caso pasa o no a la fase de juicio oral. Ayer, por ausencia de los abogados de algunos de los imputados, se frustró nuevamente la realización de la audiencia y tuvo que ser reprogramada para el martes 12 de marzo a las 2.30 de la tarde.
El Juez Jorge Chávez Tamariz a cargo del control de acusación, decidió además, excluir al abogado Denis Montoro García de la defensa técnica del investigado Luis Arroyo Rojas y multarlo con 3 Unidades de Referencia Procesal (URP). En la audiencia, la abogada Julissa Magaly Vidal comunicó que ha renunciado a defender a la investigada Cecilia Alfaro y el abogado José Huiz Córdova se presentó como nuevo defensor del investigado Enrique Godoy Palacios.
Además, dispuso que para la audiencia del martes 12 de marzo, se solicite la presencia de 4 abogados de la defensa pública para que reemplacen eventualmente a los letrados que ese día no acudan a asumir la defensa técnica.
ACUSACIÓN FISCAL
El Fiscal Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe pidió 10 años de cárcel para siete funcionarios “comandos” y 8 años de prisión para tres empresarios, quienes se coludieron para defraudar al Estado en una obra de más de 39 millones de soles.
Se acusó como autores del delito de colusión agravada a los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermudez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra y a los ex funcionarios Oscar Edward Salgado Olivo, Willian Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García, solicitándoles 10 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos.
De la misma manera, la Fiscalía acusó como cómplices primarios a los empresarios Enrique Manuel Pugliesi Paredes (representante legal del consorcio que ejecutó la obra), Carlos Enrique Cabrera Campos (representante legal de la empresa que supervisó la obra) y Manuel Villavicencio Ampuero, solicitando se les imponga 8 años de prisión efectiva y 3 años de inhabilitación para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos.
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los investigados se coludieron para beneficiar a la empresa Consorcio Pardo tanto en la adjudicación de la buena pro como en la ejecución misma de la obra, permitiéndoles que inserten cartas fianzas de entidades no reconocidas por la SBS como COOPEX así como el pago excesivo de valorizaciones que no se condecían con el real avance físico de la obra, entre otras irregularidades.
Además, procedió a ejecutar dicha obra sin contar con el acuerdo de consejo regional que lo autorice, sin previa opinión de la oficina de planeamiento y sin disponibilidad presupuestaria; pero lo más grave es que se utilizó un expediente técnico simulado que jamás se elaboró anticipadamente y que en el cuerpo documentario insertaba declaraciones falsas, como la del ingeniero civil Juan Pablo Huamán Linares referidos al estudio de suelos.
También se le imputa haber mantenido a un comité de adjudicaciones que permitió graves irregularidades en el proceso de buena pro como el hecho de no haber admitido en la integración de bases una recomendación del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, favoreciendo así al postor Consorcio Pardo, conformado por las empresas MVA Contratistas Generales SAC, Promacsa y Tecnología y Desarrollo Contratistas Generales SAC.
La Fiscalía tomó en cuenta un informe de la Contraloría General de la República que determinó que al momento de licitarse la obra por más de 39 millones de soles, no existía expediente técnico, pero además, el valor referencial de la licitación se habría determinado de manera irregular, con el agravante que se hizo la convocatoria sin certificación presupuestal.
El expediente técnico que figuraba en el proceso de licitación supuestamente fue elaborado por el ingeniero Raymundo Chihuán Gaspar, sin embargo, este profesional señaló que sí firmó el expediente, pero no lo elaboró. Lo hizo a pedido del subgerente de Infraestructura de la Subregión Pacífico William Bejarano Rivera, a cambio de un pago que le haría la empresa constructora, que tampoco se concretó.