Durante auditorias de cumplimiento realizadas en el 2018
Contraloría realizó 17 auditorías.
La Contraloría General de la República detectó S/ 65,103,902.00 de perjuicio económico en diversas municipalidades provinciales y distritales de Áncash, así como en distintas unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Áncash.
Así mismo, las acciones de control posterior determinaron que 167 funcionarios tienen responsabilidad administrativa, en tanto que 155 tienen responsabilidad penal.
El hallazgo es el resultado de las 17 auditorías de cumplimiento ejectuadas por los Órganos de Control Institucional de las diversas entidades públicas en Áncash, durante el 2018; y fueron dadas a conocer esta mañana por el titular de la Gerencia Regional de Control de Áncash, CPC David Quiroga Paiva.
Además, informó que durante el último año se desarrollaron 54 acciones de control concurrente, 9 visitas de control y 2 acciones simultáneas. La mayor incidencia de control concurrente se registró en las provincias de Casma (19.19 %), Pallasca (13.93 %) y Santa (7.28 %).
Entre las irregularidades advertidas están el incremento de incentivos laborales otorgados, a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), a los trabajadores de las unidades ejecutoras: sede regional en Huaraz, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Salud y la Unidad de Gestión Local (UGEL) de Huaraz. Esto generó pagos en exceso por S/ 54,789,309.71.
De igual forma, se detectó S/ 1,719,246.01 de perjuicio económico en el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, por el otorgamiento del Incentivo Único a los servidores públicos que laboran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a través del Sub CAFAE.
Los informes de las acciones de control que realiza la Contraloria se encuentran publicados en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, (Sección: Transparencia e Informes de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y el acceso a la información.