El Procurador Municipal Denis Aguilar Cabrera formalizó la semana pasada la denuncia penal contra los ex funcionarios de la comuna provincial del Santa que deberán responder por los hallazgos de hechos delictivos en la licitación y ejecución de la obra de mejoramiento de la avenida Camino Real, durante la gestión de Victoria Espinoza García, la ex alcaldesa que se encuentra a la fecha como prófuga de la justicia.
La denuncia tiene como principal protagonista al ex gerente municipal Edgar Tapia Palacios, y alcanza también a la ex gerente de infraestructura, Micaela Flores Gómez; el ex sub gerente de obras públicas, Javier Menacho Méndez así como al ex sub gerente de proyectos y estudios técnicos, Jaime Alexander Ordoñez Álvarez.
Pero además de ellos se ha incluido en condición de cómplices primarios a Jerson Omar Rodríguez Campos, representante legal de la empresa Oriana Contratistas Generales; José Wilson Portales Arias, residente de la obra; Ángel Zamata Sutti, supervisor de la obra y el prófugo Hugo Rojas Rubio, representante de la empresa supervisora A&M.
La denuncia penal tiene como sustento el informe legal de Contraloría General de la República que detectó serías irregularidades en la ejecución de la obra, que causaron un perjuicio económico de 56 mil 269.81 soles en agravio de la comuna provincial del Santa, tal como ya lo hemos comentado en este mismo espacio editorial luego que fuera difundido por el organismo de control hace dos semanas atrás.
Como se recordará los ex funcionarios denunciados otorgaron conformidad para pagos por partidas con metrados no ejecutados y al margen de las especificaciones técnicas consignadas en el expediente técnico aprobado, además de pagarse servicios de supervisión adicional, todo lo cual se consigna en un informe de auditoría que para los efectos de la ley tiene la calidad de prueba pre constituida.
Pero este no ha sido el único hallazgo que ha detectado la Contraloría, por el contrario, en la última semana ha entregado nuevos y reveladores informes que ponen de manifiesto el relajo y la dolosa manera como se han manejado los recursos públicos y la necesidad de que el Ministerio Público despierte en aras de sancionar a los responsables.
En efecto, en un nuevo y contundente informe, el organismo contralor ha detectado gravísimas irregularidades en una serie de servicios de mantenimiento por miles de soles, tramitados con inusual celeridad en los últimos días del año pasado, pese a no haber sido culminados y con graves deficiencias en el proceso de selección.
En todos estos casos, los funcionarios salientes de la gestión edil, tramitaron y autorizaron sus pagos, sin contar con las conformidades del área usuaria y en otros casos, aun contando con estas conformidades, los peritos determinaron en campo, que dichos trabajos no se realizaron en su totalidad y presentan serias deficiencias e irregularidades.
“Tales partidas no fueron ejecutadas realmente y se dio conformidad por un servicio que no fue concluido íntegramente, habiéndose devengado (reconocido para ser pagado por la nueva gestión) un monto de más de 31 mil soles” señala por ejemplo el informe de Contraloría.
En otro trabajo de mantenimiento tampoco ejecutaron la totalidad de los trabajos y pese a ello, obtuvo la conformidad por parte de los servidores ediles Marco Arévalo Valencia y Miguel Santa María Flores. Contraloría también advirtió que ambos servicios de mantenimiento cuentan con los mismos planos y no se observa una diferencia en el trabajo a realizar.
Así como estos se han detectado muchos otros hallazgos que ponen de manifiesto una descarada colusión de los beneficiados con la adjudicaciónÂÂ de los servicios y los funcionarios que festinaron trámites con la finalidad de cancelar un servicio que en muchos casos ni siquiera han sido concluidos.
Esto quiere decir que se avecina una nueva denuncia penal contra los ex funcionarios, será la procuraduría municipal, la encargada de individualizar responsabilidades y demandar al Ministerio Público entablar la correspondiente acción penal en la medida que existe de por medio un informe de auditoría del órgano de control.
Lo que no deja de llamar la atención es que estas irregularidades, manifiestamente dolosas, no se hayan desvirtuado mucho antes, se supone que las entidades públicas o municipales, cuentan con oficinas de control interno, organismos que cuentan con personal capacitado para evaluar y fiscalizar la labor de los titulares de los pliegos y sus funcionarios, de tal suerte que anomalías de carácter delictivo como las que se han hallado deberían haberse verificado mucho antes a efectos de impedir mayor perjuicio a la institución.
Esto no ha ocurrido, ha debido ser la Contraloría la que realice acciones de control de rutina para efectuar estos hallazgos que son sumamente delicados, que ponen en evidencia la presunta comisión de delitos de función, de allí que nuevamente se pone en tela de juicio la efectividad de una labor interna que no deja hasta el momento ese cordón umbilical que los une al propio pliego como es el rol de las OCI’s.
Se dijo que este año las oficinas internas de control dejarían de ser remuneradas y de depender de la propia institución y que el organismo de control pasaría a tomar el control de ellas, empero, este proceso de independización, tan necesario para establecer los límites de la imparcialidad en las acciones de control no termina de concretarse y he allí los resultados, vemos que los informes de hallazgos de irregularidades se reiteran todas las semanas y derivarán en nuevas denuncias como las que se accionaron la última semana.
Justamente, basta echar mano a un poco de nuestra memoria para recordar que esta clase de denuncias se suscitaron el año 2011, cuando la ex alcaldesa Victoria Espinoza dejó el cargo y se denunciaron una serie de hechos que llegaron al Ministerio Público, que habían derivado en sendos procesos penales cuando ella misma volvió a postular y se advertía que en caso accediera nuevamente a la alcaldía se vería en serios aprietos con la justicia. Lamentablemente electorado no nos quiso escuchar y ahora las condenas que recibe nos dan la razón, de allí que con estas acciones de control y estas denuncias de la procuraduría municipal nos deja la sensación de hallarnos ante un escenario conocido, ese mismo que ha dejado a muchas ex autoridades en el banquillo y con sendas condenas sobre sus hombros. ¿Se repetirá la historia?. Eso solo el tiempo lo dirá.