OLEADO
Lo que ha declarado el testigo protegido desde la Procuraduría de Curitiba, en Brasil, respecto al pago de la coima por la ejecución de la obra Chacas San Luis solo viene a corroborar lo que un testigo en reserva había ya manifestado en nuestro país. Los negocios turbios de César Álvarez por intermedio de Dirsse Valverde para sacarle una jugosa suma a la empresa Brasileña Odebrecht se pusieron al descubierto inicialmente en las pesquisas del caso “La Centralita”, allí se conoció a través de un colaborador quienes habían cobrado la coima a través de una empresa off shore de Japón de propiedad del padre de un amigo de Dirsse Valverde, quienes luego se acogieronÂÂ a la colaboración eficaz. El Fiscal Elmer Chirre, del caso La Centralita, remitió todos estos antecedentes a la carpeta del caso de la carretera Chacas San Luis pero también lo hizo en el caso SISA que se ventila en Chimbote, pues este testigo en reserva se refirió al tema del perfil técnico que fue un estudio por el que Odebrecht pagó 680 mil soles pero que, al caerse la negociación de Chinecas, en la que intervino Martín Belaúnde, se negoció ese estudio como una consultoría y le sacaron a Chinecas nada menos que 5 millones 200 mil soles. Ese festín de dinero debe sancionarse en la carpeta que se investiga en Chimbote y estamos seguros que alguno de los ex funcionarios de Odebrecht que estan declarando en estos días en Brasil en el marco del convenio del caso “Lavajato”, prestarán su testimonio sobre este oscuro manejo que puso la puntería en Chinecas, por lo pronto, el testigo protegido ha confirmado que el estudio de Sisa se hizo para negociar el proyecto Chinecas, pruebas suficientes para cerrar las pesquisas judiciales que involucran al ex presidente regional. ¿Seguirán diciendo que las denuncias son una leyenda urbana ahora que todo ha quedado oleado y sacramentado?
PASIVOS
El consejo regional es un órgano de gobierno de las regiones según lo reconoce su ley orgánica. Se trata del órgano legislativo, el que dicta las normas a través de ordenanzas, pero es también el organismo fiscalizador, el que debe monitorear el trabajo que realiza el ejecutivo que encabeza el gobernador Juan Carlos Morillo y el gerente regional Luis Luna Villarreal. Tradicionalmente los consejos regionales tuvieron mucho protagonismo en la marcha de la región, incluso, en los tiempos de la red de corrupción cuando los apristas se convertían sorpresivamente en “comandos” a cambio de jugosos coimas de las obras. Sin embargo, ahora el Consejo Regional parece un convidado de piedra, no adopta acuerdos que trasciendan en la vida de la región a pesar que tienen solo dos meses de funcionamiento, empero, frente a hechos que golpean las provincias altoandinas podrían por lo menos haber emitido algún pronunciamiento. Su labor está tan complicada que hasta la fecha ni siquiera conocen el informe del gobernador sobre el estado situacional en el que se encontró Ancash después que dejó el cargo el Ingeniero Luis Gamarra Alor. Ocurre que este informe lo debe presentare el mismísimo Gobernador y en la medida que Juan Carlos Morillo ha debido estar desplazándose en las últimas semanas a las zonas de emergencias debido a las intensas lluvias, los consejeros optaron por permitirle trabajar sin que su informe represente un obstáculo y autorizaron para que el titular de Áncash fije la fecha de su presentación. Pero todo indica que el que no tiene apuro es el Gobernador porque no señala fecha ni hora, así que los consejeros han optado por dirigirse a su consejero delegado a efectos que haga la convocatoria porque pasa el tiempo y siguen en las mismas. Esperemos que por lo menos saquen la cabeza para saber que están vivos.
PECULADO
Menudo problema en el que se ha metido el servidor de la UGEL Santa, Marvin Robinson Chirinos Alvarado, por hacer uso indebido de un vehículo institucional. Ocurre que este trabajador, quien se desempeña como notificador de la UGEL salía con la camioneta y no solo la usaba en comisión de servicios sino para su desplazamiento particular pues fue sorprendido cuando almorzaba en un Restaurante de la Urb. Los Héroes con la camioneta de la entidad estacionada en el frontis del negocio. Los trabajadores saben que las unidades oficiales se usan solo para las labores de la institución, una vez que terminan con su tarea deben retornarlas a la propia entidad. Hace solo un mes se intervino a un chofer de la Fiscalía en similares circunstancias, fue denunciado penalmente y lo procesan en su institución con el riesgo que lo echen a la calle. Si los servidores públicos saben esto ¿Por qué siguen usando las unidades como si fueran de su propiedad? Que asuman las consecuencias.