Inspectores de la Superintendencia Nacional de Transporte de carga, personas y mercancías, más conocida por sus siglas de SUTRAN, retornaron la semana pasada al túnel de Coishco con la finalidad de intervenir a aquellas unidades que siguen realizando actividades de transporte público informal entre Chimbote y Trujillo.
Y es que los agentes de la Unidad descentralizada de la Sutran volvieron a este punto en la medida que a pesar de los operativos que emprendieron hace poco más de un mes en una campaña denominada “Unidos salvemos vida”, los transportistas retomaron esta actividad y no se detienen a pesar de las multas que se colocaban inicialmente y tampoco con el retiro de las placas que hicieron luego.
Por el contrario, de acuerdo a los últimos reportes, estos trasportistas se han atrevido a ampliar las rutas pues ahora han detectado que cubren viajes de Lima a Trujillo y de Chimbote a Chiclayo, lo que quiere decir que siguen desafiando a las autoridades.
Lamentablemente, según lo indicaron los inspectores de Sutran, los operativos no tienen la contundencia necesaria en la medida que no encuentran el correlato que deben de tener por acción de las autoridades locales de Chimbote, es decir, de la Policía Nacional de Tránsito y del área de Transportes de la Municipalidad Provincial del Santa, en lo que se refiere al funcionamiento ilegal de los paraderos-.
En efecto, a decir de los inspectores de la Sutran, mientras que las autoridades no erradiquen definitivamente los paraderos informales que se establecen en la ciudad, los operativos de control que ellos realicen no tendrán sino un efecto punitivo, los choferes saben que cubren las multas y retornan a la misma actividad con todo el riesgo que ello involucra para los pasajeros.
Y es que el funcionamiento de los paraderos informales sigue siendo una realidad, por desidia o complicidad, ni la Policía y menos la Municipalidad han conseguido erradicar a estos paraderos a sabiendas que su actividad es ilegal, tal como ya ha quedado establecido.
La semana pasada, justamente, a propósito de la reiterada actividad ilegal de estos transportistas se pudo establecer que para burlar a las autoridades estos choferes cambian permanentemente de paraderos, y, la última semana los ubicaron en el P.J. Primero de Mayo hasta donde se desplazaron con sus propios usuarios pues a ellos les comunican donde se establecerán en determinada temporada.
De esta manera puede seguir funcionando mientras que los inspectores de la SUTRAN solo pueden multarlos o retirarle las placas que corresponde a un procedimiento administrativo que si bien tiene un costo importante, no parece ser el factor fundamental para terminar con esta actividad ilícita.
Ya hemos informado que estos vehículos informales siguen provocando accidentes con secuela de heridos graves que muchas veces no pueden ser atendidos por el SOAT de los vehículos debido a la seriedad de las lesiones, como ocurrió hace unas tres semanas atrás cuando uno de estos vehículos sufrió la voladura de una de sus llantas y el chofer perdió el control, por lo que el auto dio varias vueltas de campana y terminó fuera de la carretera con varios pasajeros seriamente lesionados y debieron ser internados en hospitales de Trujillo en donde tuvieron que vérselas ellos mismos para cubrir los costos de la atención facultativa que necesitaban.
Justamente, esta es una de las grandes desventajas en el uso de este servicio informal, estos vehículos son conducidos por choferes que si bien tienen pericia en el manejo no cuentan con las licencias de conducir de la categoría profesional que exige el desplazamiento en rutas largas o de servicio público, de la misma manera los vehículos no pasan control alguno y pueden sufrir desperfectos en el camino o finalmente carecen de algún tipo de seguro que pueda garantizare toda la atención de una persona que pueda sufrir lesiones en un accidente y menos aún cubre el seguro en caso de muerte.
De allí que la campaña de la SUTRAN no solo se ha preocupado en perseguir a los choferes informales si no que ha buscado la manera de sensibilizar a los pasajeros a efectos que se abstengan de utilizar este servicio a sabiendas que exponen su integridad física y se pueden ver envueltos en serios problemas de atención medica en caso de un accidente.
Si existe trasporte informal no solo es porque las autoridades se muestran incapaces o contemplativas en su funcionamiento al no erradicar los paraderos, sino porque existen personas que sustentan y alimentan este servicio, es decir, pasajeros que están dispuestos a viajar en las condiciones inciertas en las que se ofrecen estos colectivos informales.
Si la población que suele utilizar el transporte interprovincial fuera consecuente con su vida y con su integridad física podría ser el factor preponderante para que este servicio informal desaparezca, empero, en la medida que sigan existiendo pasajeros dispuestos a viajar en estas condiciones precarias entonces el servicio informal seguirá exponiendo a las personas pese al esfuerzo de las autoridades.
No se puede soslayar que estos colectivos informales ya han provocado serios accidentes con secuela de muerte hasta de los propios choferes, han sido protagonistas de hechos lamentables como el atropello de un niño ciclista natural de Trujillo a quien le quitaron la vida por el exceso de velocidad con la que se desplazan estos vehículos.
Pese a todos estos accidentes, en uno de los cuales involucró a ciudadanos venezolanos que llegaban desde su país a Chimbote, haciendo más dolorosa la difícil estadía que tienen ellos, este transporte informal subsiste, sigue extendiendo su accionar por diversos puntos de la ciudad y las autoridades se muestran incapaces de poder exterminarlo.
Infortunadamente, su propia naturaleza que los hace manejar mayores recursos en la medida que no están sujetos a pagos de derechos o impuestos, lo convierte en una actividad lucrativa que es capaz de persuadir a ciertos funcionarios que deberían prohibir su actividad, definitivamente, pese a las multas y decomiso de sus placas no escarmientan, siguen realizando la misma actividad y desafiando los esfuerzos de las autoridades. Habrá que apelar a otras medidas o demandar normas que les permitan, por ejemplo, decomisar los vehículos o disponer su internamiento en el depósito por un buen tiempo, no vemos otra manera de cerrar el paso a una actividad que solo expone la vida de las personas.