Editorial

EDITORIAL ::LA VOZ DEL PUEBLO::

Hace algunos años atrás el ex alcalde de Nuevo Chimbote, Juan Gasco Barreto, intentó hacer frente al descarado acaparamiento de lotes de terrenos en los entonces nacientes asentamientos de su distrito, en los invadidos terrenos del proyecto especial Chinecas en de lo que hoy se denominan las 217 hectáreas del proyecto irrigador.

Lo hizo tratando de derribar los cercos levantados por desconocidos y que no respondían a un lote de vivienda, por el contrario, se trataba de construcciones de material noble que eran encerradas con un costoso portón de fierro y en el cual nadie podía ingresar.

En aquel entonces el ex burgomaestre advirtió que se trataba de grandes empresarios que utilizaban testaferros para apropiarse de terrenos con la finalidad de sanearlos con el paso de los años y venderlos a sumas millonarias, razón por la cual dispuso de maquinaria para terminar con ese descarado acaparamiento de terrenos.

Sin embargo, las conocidas movidas legales a las que apelan estos empresarios impidió que se lleve a cabo la recuperación de estos terrenos y las cosas quedaron de esa manera, muchos desconocidos empresarios invierten en vigilancia para mantener la posesión de terrenos que se supone están destinados a vivienda de la gente humilde que carece de un  techo donde vivir, empero, predominan estos corralones en los cuales no solo ni existe actividad alguna sino que se prestan para el tráfico de terrenos.

Desde entonces no ha existido autoridad alguna que les ponga la mano, inclusive a despecho de las acciones de empadronamiento que se realizaron el año pasado en la gestión edil anterior y en donde no se puso, aparentemente, reparos a la existencia de estos grandes corralones que solo ponen de manifiesto la intención de traficar con terrenos.

Pues bien, la semana pasada los moradores del A.,H., Villa Atahualpa decidieron terminar por su cuenta con esta manifiesta intención de restarle la posibilidad a la gente humilde de acceder a un lote con fines de viviendas y tomaron un acuerdo de asamblea para exigir el desalojo de uno de estos grandes corralones.

En la medida que los posesionarios no escucharon los pedidos de la dirigencia para que deje voluntariamente este extenso predio, la población actuó por cuenta propia y decidió derribar el cerco de material noble que se había colocado en todo el perímetro.

La decidida actitud de los dirigentes y pobladores generó la reacción de los dueños del corralón quienes llevaron gente de mal vivir con la finalidad de pretender recuperar el predio, razón por la cual debió intervenir la Policía Nacional para poner orden y evitar enfrentamientos que expongan la vida de los propios vecinos.

Lo cierto es que las imágenes que recogieron los periodistas que llegaron al lugar fue la de un predio de dimensiones descomunales que tenía el cerco perimétrico destruido, había quedado expuesto y se dejaba en evidencia que allí no se había reservado un lote para vivienda sino que tenía otros fines.

Los propios pobladores señalaron a la prensa que este predio había sido ocupado por el propietario de la Ferretería Vecor, un empresario que ha crecido de manera impresionante en los últimos años y que, coincidentemente, ostentaba otro predio en la zona de San Luis en donde ya había acondicionado un depósito que en alguna oportunidad fue sancionado por las autoridades ediles en la medida que se permitía invadir la vía pública para dejar materiales de construcción que ofrece a la venta.

Esto quiere decir que, efectivamente, como lo señalaban los pobladores, el predio no tenía objeto alguno de vivienda sino que probablemente lo utilicen para depósito o almacén de la red de ferreterías que tiene este establecimiento comercial, lo cual no resta ilegalidad a la manera como ha sido invadidos en la medida que se supone que la formalización de estos predios solo procede cuando están destinados a la casa habitación.

De allí que este hecho nos trae a la memoria las pretensiones del ex alcalde de Nuevo Chimbote Juan Gasco Barreto de desafectar la posesión de gente que cuenta con grandes patrimonios y que solo busca que acaparar los terrenos con fines lucrativos o comerciales.

Aquel intentó quedó virtualmente en nada, su sucesor el alcalde Valentín Fernández Bazán avaló pública y administrativamente la posesión de estos asentamientos, bregó para que el proyecto Chinecas y el gobierno regional de Áncash los formalicen como lo hicieron con aquellos que se levantan en las llamadas 308 hectáreas, sin embargo, no hizo deslinde alguno con quienes acaparan los terrenos.

Ahora el tema cobra nuevamente actualidad por la reacción voluntaria de los pobladores y en la medida que el predio de la Ferretería Vecor no es el único que se ha reservado con fines de acaparamiento y lejos de los propósitos de vivienda, por el contrario, existen muchos otros que están allí y deben ser identificados para que sigan el mismo derrotero en la medida que se ha dicho y repetido que estos terrenos solo pueden estar destinados para uso habitacional de quienes carecen de una vivienda propia.

No se puede soslayar que así como se invadieron estos predios destinados a vivienda con fines de acaparamiento inmobiliario, también ocurrió lo mismo en los predios agrícolas, en la zona de La Carbonera y en las partes altas del distrito, en donde hay empresarios que utilizan a testaferros parar reservarse extensas áreas para posteriormente, cuando puedan ser formalizadas, las vendan en sumas siderales.

Esto se conocía desde hace mucho tiempo, fue parte de las denuncias iniciales que se hicieron cuando se formaron todos estos asentamientos y los valles agrícolas que derivaron en la inundación de las partes bajas por las aguas de filtración, empero, ninguna autoridad ha buscado la manera de poner orden en todo esto.

La reacción de los pobladores de “Villa Atahualpa” es la natural respuesta de quienes ya están cansados de denunciar y no ser atendidos, de allí que han sido ellos mismos los que decidan poner punto final a una situación que ellos no toleran y que está relacionada con la toma desmedida de predios con fines que no son de vivienda. El escenario pone de manifiesto que es la voz del pueblo y ella solo responde a los intereses exclusivamente residenciales que ellos defienden. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades.