Muchas personas asumen el ataque de un animal doméstico como un hecho fortuito que debe quedar solo con una mera disculpa cuando, en realidad, la reacción de un animal tiene consecuencias legales para quien es su dueño y no toma las precauciones debidas para evitar que pueda hacer daño a otra persona.
Este es el caso de María Emilia Corales Aranda, la dueña de la perro pitbull que desfiguró el rostro de un menor de 11 años en el A.H “Los Balcones de Chimbote”, quien resultó con heridas de suma gravedad con la secuela de desfiguración de su rostro.
Muchos deben recordar este triste acontecimiento acecido el pasado 5 de febrero, cuando el menor agraviado de nombre Kevin (11) se encontraba jugando cerca de su casa en la zona conocida como pampa de arena que es usada como área de deporte en el A.H “Los Balcones de Chimbote” (adyacente al P.J San Pedro).
En esas circunstancias, dos menores de 14 y 7 años, paseaban a sus dos perros, ambos de raza American Pitbull Terrier, de nombre “Nala” y “Timoteo”, sin las medidas de seguridad suficientes, es decir, no les habían colocado el bozal a efectos de evitar que por alguna razón ataquen a una persona.
Fue la perra “Nala” quien se soltó de la correa y al advertir la presencia del menor Kevin (11) que jugaba con un amigo de la misma edad, lo atacó en el rostro, ocasionándole diversas heridas y cortes en una de sus orejas.
Todos los medios de comunicación dieron a conocer este hecho y demandaron la intervención de las autoridades en la medida que estaba de por medio un hecho gravísimo que no solo había expuesto la vida de un menor de edad, sino que había terminado desfigurando el rostro del agraviado, quien fue trasladado de inmediato al hospital La Caleta en donde los médicos pudieron detener la hemorragia que había provocado la profunda mordedura.
Las consecuencias de este hecho fueron terribles, el menor ha debido ser sometido a tres cirugías para recomponerle el rostro y el animal fue entregado inicialmente a la perrera municipal en la medida que muchos demandaban que fuera sacrificada en razón que había demostrado que era un animal fiero e imposible de controlar.
Los propios vecinos de la dueña del animal se acercaron a la jefatura de la División Policial con la finalidad de hacer este pedido puesto que advertían que este no era el único ataque que había perpetrado este animal, por el contrario, ya eran varias personas de la zona que habían sufrido mordeduras de su parte.
En contraparte, las personas que crían animales de esta misma raza hicieron también una movilización pidiendo lo contrario, es decir, que no se sacrifique a un animal que, a su criterio, tiene reacciones feroces porque no ha sido bien criado, explicando que esta raza no es cruel o sanguinaria pues cuando se cría de manera adecuada y se domestica convenientemente suelen ser muy dóciles y mansos, como lo quisieron demostrar marchando con sus mascotas y sin colocarles bozal alguno.
Lo cierto es que hasta la fecha la Fiscalía no ha adoptado ninguna determinación respecto al animal, solo lo han retirado de la vivienda de su dueña y lo han entregado a una Asociación de amigos defensores de los animales a efectos que lo cuiden y eviten que vuelva a cometer hechos de esta naturaleza.
Sin embargo, la Investigación que se inició contra María Emilia Corales Aranda quedó pendiente, quien sabe las vacaciones judiciales operaron a su favor pues si era juzgada en el mismo momento, con las secuelas terribles de las graves lesiones provocadas en el niño, los resultados habrían sido mucho más drásticos de los que se vislumbran por el momento a la luz de los documentos.
En efecto, la semana pasada la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa solicitó 1 año y 6 meses de pena privativa de la libertad en contra de María Emilia Corales Aranda, documento que se ha remitido al Juzgado correspondiente y que en el curso de las próximas semanas debe ser diligenciado.
El pedido está contenido en el requerimiento acusatorio que ha ingresado la Fiscal Angélica Bayes Antúnez al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, acusando a María Emilia Corales Aranda del delito de lesiones culposas graves en aplicación a la ley 27596 “Ley que regula el régimen jurídico de canes” en agravio del menor Kevin (11), representado por su madre Regina Quezada Oré.
Pero eso no es todo, en la misma acusación escrita, la representante del Ministerio Público solicitó a la imputada el pago de una reparación civil de 25 mil soles por daños y perjuicios causados, que es la sumatoria de 20 mil soles por daño personal y 5 mil soles por daño moral al menor agraviado.
Como se vislumbraba la Fiscalía ha procedido conforme a los alcances que le confiere la ley de la materia, muchos consideraban que había que ser sumamente drásticos en este tema y es que, hay que reconocerlo, se dejaron llevar por las terribles imágenes que se registraron el día de este incidente, cuando el menor ingresó al hospital La Caleta en medio de un charco de sangre y con heridas realmente lastimeras.
No se llegaba a comprender cómo podría ser posible semejante crueldad con un menor de apenas 11 años de edad y cómo se podría permitir que siga caminando por las calles un animal tan fiero como la perra que lo atacó, más aun cuando para nadie es un secreto que los animales de esta raza suelen ser sumamente violentos y atacan a las personas.
Sin embargo, la responsabilidad de las personas se mide de acuerdo a sus actos y, en el caso específico de la duela de la perra “Nala” se debe tener en cuenta que su responsabilidad se extiende respecto de los hechos cometidos por su animal en calidad de culpa o negligencia, por las omisiones que se han advertido en su proceder.
Ello porque la mujer no tomó las debidas precauciones, primero, por encargar a sus dos hijos menores el cuidado de dos animales que tenían antecedentes de haber atacado a personas, y, segundo porque permitió que los animales salieron sin protección alguna, sin bozal, consecuentemente las lesiones graves sufridas por el menor son el resultado de su propia irresponsabilidad.
Asumimos que este caso dejará sentada jurisprudencia en nuestra ciudad respecto a los actos cometidos por animales como resultado de la desidia y descuido de sus dueños, esto no puede dejar se sancionarse, se tiene que aplicar el peso de la ley.