“Comandos” rumbo al banquillo:
Audiencia de control de acusación por caso avenida Pardo se inició ayer.
Hora cero. La audiencia de control de acusación por las escandalosas irregularidades de la avenida Pardo, ejecutadas durante la gestión regional de César Álvarez Aguilar, se inició ayer y continuará este viernes 15 en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Jorge Chávez Tamariz.
La audiencia de control contó con la participación del Fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, el Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia y los abogados de los imputados, algunos de los cuales fueron reemplazados por defensores públicos, tal como indicó el Juez para evitar mayores dilaciones en esta carpeta fiscal.
Como se sabe, esta audiencia de control de acusación se ha venido dilatando por más de un año, sin embargo, el Juez Jorge Chavez Tamariz tomó las previsiones del caso y pudo instalar la misma, pese a la ausencia de algunos abogados privados.
Tras quedar instalada la audiencia, se reprogramó la continuación de la misma para este viernes 15 desde las 8.30 de la mañana, donde el Fiscal Laureano Añanca oralizará su acusación por colusión agravada para luego pasar a la etapa de control formal y sustancial de la misma, con la intervención de los abogados de los 10 imputados.
En esta carpeta, el Fiscal Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe solicitó 10 años de cárcel para siete exfuncionarios “comandos” y 8 años de prisión para tres empresarios, quienes se coludieron para defraudar al Estado en una obra de más de 39 millones de soles.
Se acusó como autores del delito de colusión agravada a los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermudez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra y a los ex funcionarios Oscar Edward Salgado Olivo, Willian Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García, solicitándoles 10 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos.
De la misma manera, la Fiscalía acusó como cómplices primarios a los empresarios Enrique Manuel Pugliesi Paredes (representante legal del consorcio que ejecutó la obra), Carlos Enrique Cabrera Campos (representante legal de la empresa que supervisó la obra), quien fue el único que acudió ayer a la audiencia (no estaba obligado) y Manuel Villavicencio Ampuero, solicitando se les imponga 8 años de prisión efectiva y 3 años de inhabilitación para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos.
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los investigados se coludieron para beneficiar a la empresa Consorcio Pardo tanto en la adjudicación de la buena pro como en la ejecución misma de la obra, permitiéndoles que inserten cartas fianzas de entidades no reconocidas por la SBS como COOPEX así como el pago excesivo de valorizaciones que no se condecían con el real avance físico de la obra, entre otras irregularidades.
Además, procedió a ejecutar dicha obra sin contar con el acuerdo de consejo regional que lo autorice, sin previa opinión de la oficina de planeamiento y sin disponibilidad presupuestaria; pero lo más grave es que se utilizó un expediente técnico simulado que jamás se elaboró anticipadamente y que en el cuerpo documentario insertaba declaraciones falsas, como la del ingeniero civil Juan Pablo Huamán Linares referidos al estudio de suelos.
También se le imputa haber mantenido a un comité de adjudicaciones que permitió graves irregularidades en el proceso de buena pro como el hecho de no haber admitido en la integración de bases una recomendación del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, favoreciendo así al postor Consorcio Pardo, conformado por las empresas MVA Contratistas Generales SAC, Promacsa y Tecnología y Desarrollo Contratistas Generales SAC.
La Fiscalía tomó en cuenta un informe de la Contraloría General de la República que determinó que al momento de licitarse la obra por más de 39 millones de soles, no existía expediente técnico, pero además, el valor referencial de la licitación se habría determinado de manera irregular, con el agravante que se hizo la convocatoria sin certificación presupuestal.
El expediente técnico que figuraba en el proceso de licitación supuestamente fue elaborado por el ingeniero Raymundo Chihuán Gaspar, sin embargo, este profesional señaló que sí firmó el expediente, pero no lo elaboró. Lo hizo a pedido del subgerente de Infraestructura de la Subregión Pacífico William Bejarano Rivera, a cambio de un pago que le haría la empresa constructora, que tampoco se concretó.