Por defectuosa notificación:
Juez Jorge Chavez reprograma inicio de audiencia de control para el 9 de abril.
Una mala notificación del Juzgado a la defensa técnica de uno de los investigados a quien no se le dio el derecho de contestar en un plazo de diez días hábiles el requerimiento de control de acusación por el caso de la avenida Pardo, terminó por declarar nula la instalación de dicha audiencia y reprogramarla para el martes 9 de abril.
La decisión del Juez Jorge Chávez Tamariz obedeció a que el abogado Nelson Rivera Moreyra, quien defiende al imputado Manuel Villavicencio Ampuero (uno de los empresarios que ejecutó la obra) no fue notificado para que responda respecto a la acusación de la Fiscalía en el plazo de diez días que establece la ley.
Por esa razón, subsanando las irregularidades advertidas, se le notificó en el acto el requerimiento acusatorio y se le otorgó los diez días de plazo para que pueda cuestionar de manera formal o sustancial la misma, pero a la vez, fijó como fecha para iniciar el control de acusación el martes 9 de abril, quedando nulo lo actuado la semana pasada.
Con esta corrección no habrá opción a que se siga dilatando la discusión y el contradictorio respecto al requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía Anticorrupción del Santa por los delitos de colusión agravada en contra de siete exfuncionarios “comandos” de la Sub Región El Pacífico y tres empresarios.
En este caso, el Fiscal Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe solicitó 10 años de cárcel para siete exfuncionarios “comandos” y 8 años de prisión para tres empresarios, quienes se coludieron para defraudar al Estado en una obra de más de 39 millones de soles.
Se les acusó como autores del delito de colusión agravada a los ex gerentes de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermudez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra y a los ex funcionarios Oscar Edward Salgado Olivo, Willian Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García, solicitándoles 10 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos.
De la misma manera, la Fiscalía acusó como cómplices primarios a los empresarios Enrique Manuel Pugliesi Paredes (representante legal del consorcio que ejecutó la obra), Carlos Enrique Cabrera Campos (representante legal de la empresa que supervisó la obra), quien fue el único que acudió ayer a la audiencia (no estaba obligado) y Manuel Villavicencio Ampuero, solicitando se les imponga 8 años de prisión efectiva y 3 años de inhabilitación para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos.
Para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los investigados se coludieron para beneficiar a la empresa Consorcio Pardo tanto en la adjudicación de la buena pro como en la ejecución misma de la obra, permitiéndoles que inserten cartas fianzas de entidades no reconocidas por la SBS como COOPEX así como el pago excesivo de valorizaciones que no se condecían con el real avance físico de la obra, entre otras irregularidades.