Los pescadores de Chimbote establecieron uno de los gremios sindicales más fuertes y poderosos en la década de los 80, generaron las marchas y protestas más recalcitrantes y promovieron una de las huelgas más prolongadas y que puso contra la pared a un empresariado que se mostraba soberbio y petulante.
Fue en los tiempos que hubo la necesidad de establecer un tribunal de honor bajo la conducción del entonces Obispo de Chimbote Monseñor Luis Bambaren Gastelumendi, con la finalidad de mediar en un conflicto que se tornaba no solo violento y radical, sino que afectaba seriamente la economía de la ciudad y del país en general.
Fue en este escenario que procuraron los acuerdos históricos que establecieron el 22.40% como participación de pesca y otras mejoras en sus condiciones laborales, empero, eso ya es parte de la historia, estamos hablando de hace más de 30 años y es evidente que muchas cosas han cambiado.
Y es que tanto han cambiado los tiempos que ahora, sorpresivamente, los viejos chimbotanos se mostraron estupefactos cuando la semana pasada vieron marchar nuevamente a los pescadores pero esta vez portando las banderas de reivindicación del empresariado, sacando la cara nada más y nada menos que por la SNP, ese enclave de oligopolios pesqueros que siempre los trató como una zapatilla y que busca que pisarlos como bichos cada vez que pueden o tienen la oportunidad de hacerlo.
Los gremios de pescadores encabezados por el otrora combativo Sindicato “José Olaya Balandra”, seguido por los gremíos de capitanes y patrones y otros, salieron a las calles para demandar al Gobierno que deje sin efecto el incremento de los derechos de pesca que ha establecido y que deben entrar en vigencia a partir de la próxima temporada de pesca.
Es evidente que algo extraño ha ocurrido en el gremio de los pescadores para que los sindicatos que tradicionalmente han atacado y cuestionado el desempeño de la SUPNEP, el denominado gremio que agrupa a los pescadores de nuevas embarcaciones y que se integra sobre las naves de las grandes empresas pesqueras del país, ahora resultan protestando de la mano contra una medida del gobierno que pretende ser satanizada por aquellos que hoy se cuelgan de los pantalones de los pescadores a los cuales se han enfrentado tradicionalmente en todos los escenarios, especialmente en el campo legal.
Y es que a nadie debe dejar de llamarle la atención que los derechos de pesca que ha establecido el gobierno no ha generado una protesta o rechazo formal de las grandes empresas, no se ha escuchado la voz de los representantes de la todopoderosa SNP menos aun las grandes empresas se han pronunciado por ninguna vía, menos por los medios de comunicación masiva.
Por el contrario, primero fue la SUPNEP, luego los pescadores de pequeñas embarcaciones artesanales, como se les conoce a las vikingas y finalmente los gremios José Olaya, de Capitanes y Patrones y otros, los que se pusieron en el bando de los grandes empresarios que no necesitan hacer mucho alarde en sus intenciones de presionar al gobierno para que se deje sin efecto el incremento que los afectará directamente a ellos.
Con excepción del Sindicato histórico de Pescadores de Chimbote, dirigido hoy por Macedenio Vásquez Contreras, los demás gremios se pusieron al servicio de quienes tradicionalmente fueron sus principales oponentes, a lo mejor una secuela de los cambios que sufre el mundo por el efecto invernadero.
El argumento que esgrimen los pescadores que hoy reclaman al gobierno es que el incremento de los derechos de pesca “es una medida abusiva, ya que, al incrementar la tasa, los empresarios disminuirían las utilidades y tampoco tendríamos un aumento de sueldo”.
Semejante falacia responde al mismo argumento que ha esgrimido la empresaria Elena Conterno, la presidenta de la SNP, la misma que suele justificar la eliminación de las zonas de pesca para ampliar el espectro de acción de la pesca industrial.
Pero el derecho de pesca no es otro que el pago que debe hacer cualquiera que realiza una actividad económica y que extrae un recurso natural. Los agricultores pagan un derecho o canon de agua porque utilizan el recurso natural para poder cosechar sus productos. Los profesionales pagan un derecho para poder ejercer sus actividades. Todos tienen que hacerlo y con mayor razón los empresarios pesqueros que se dedican a una actividad altamente lucrativa.
La ley general de pesca señal que “Los gastos en que el Estado incurra para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, incluido los costos de investigación, ordenación y planeamiento del desarrollo de las pesquerías, constituyen parte de los costos de explotación de los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos por quienes se benefician directamente con la actividad pesquera mediante el pago de derechos por concepto del otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permiso de pesca y licencias”.
De allí que los pagos que realicen los empresarios deben estar acorde con las necesidades de quienes administran el recurso, son contribuciones normales y no debe escandalizar que se haga un incremento cuatro veces mayor si se tiene en cuenta que ese monto estuvo realmente postergado y no resultaba nada para las utilidades que tienen las empresas.
Los salarios de los pescadores se regulan en función de la cantidad de pesca que extraen, de allí que sostener que ellos se reducirían porque se incrementan los derechos de pesca es faltar a la verdad. Tampoco las utilidades se verán mermadas en la medida que ellas se calculan en función a los rendimientos que tiene la empresa.
Los pescadores son dueños de su destino, son dueños de sus miedos y temores, sin embargo, lo que no deben olvidar esa que tradicionalmente no ha sido el gobierno quien ha esquilmado y cercanado sus derechos, verlos marchar junto al empresariado deja mucho que pensar, nos deja la sensación que se trata de una protesta disimulada.