Se espera se instale el jueves 25:
Audiencia de juicio oral por caso Coliseo Cerrado cuando se frustró por segunda vez el 30 de junio del 2019.
Por tercera vez, para el jueves 25 de abril se programó el inicio del juicio oral por las irregularidades en la construcción abandonada del coliseo cerrado Gran Chavín de Chimbote, considerado el caso más grosero de corrupción durante la gestión del ex gobernador regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
Anteriormente, en dos oportunidades, este juicio oral no se instaló y tuvo que reprogramarse, debido a la ausencia justificada de algunos abogados de los imputados. Sin embargo, en esta oportunidad, el Juez Fernando Arequipeño Ríos ha convocado a defensores públicos, instruyéndoles que previamente revisen la carpeta fiscal y con ello, será imposible que no se instale este juicio oral.
Este juicio oral se iniciará el jueves 25 de abril desde las 9 de la mañana bajo el antecedente de tener una prisión preventiva vigente en contra de siete ex funcionarios de la Sub Región Pacífico y dos empresarios, quienes evidentemente serán declarados reos contumaces y se les reservará el juicio hasta que sean capturados.
Tienen orden de prisión preventiva por este caso, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez (43) y Juan Carlos Gallo Zegarra (47), ex gerentes de la Sub Región Pacífico; William Teddy Bejarano Rivera (50), el ex presidente del Comité Especial; y Enrique Bernardino Godoy Palacios (50), ex subgerente de Infraestructura.
También Cecilia Del Rocío Alfaro García (55), ex integrante del Comité de Selección y Subgerente de Administración y Recursos; Giovanni Alfonso Montoya Siles (43) y Milton Carlos Meléndez Lujan (52), supervisores de obras. Además, deberán ser capturados Anamelba Jacay Peña (43) y el ciudadano español Javier Pérez Claramunt, representantes legales del Consorcio Salem, ganador de la buena pro de la obra.
Los únicos procesados que cuentan con comparecencia con restricciones en este proceso penal son Segundo Francisco Moncada Saucedo (55), ex jefe de Estudios y Proyectos; Ángel Ancajima Timaná (59) supervisor de obra, Ricardo Guillermo De la Flor Estrada, proyectista de la obra y Rafael Gerardo Villarreal Romero (48), Gerente General de la empresa Constructora Quimera SAC, todos los cuales están obligados a acudir a la audiencia, bajo apercibimiento de ser revocadas sus medidas coercitivas por prisión preventiva y ser declarados reos contumaces.
También se incluye al abogado Oscar Omar Pantoja Barrero, integrante de la Red Orellana, quien purga carcelería en el Penal de Piedras Gordas 2 y deberá intervenir mediante teleconferencia. Pantoja Barrero fue incluido en este acto colusorio por representar a la empresa COOPEX que insertó las cartas fianzas como garantía de fiel cumplimiento y adelanto de materiales.
PENA SOLICITADA POR FISCALÍA
Según el Ministerio Público, los funcionarios y empresarios comandos fueron acusados de concertar de manera clandestina para beneficiar a Consorcio SALEN tanto en la fase de selección de la buena pro y en la ejecución de la obra, permitiendo una serie de irregularidades como la presentación de documentación falsa (incluyendo cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelantó de materiales) así como de una lista de profesionales que presentaron en el concurso y que jamás acudieron a la obra y lo más grave, el no haber cobrado una serie de penalidades a la empresa por incumplimiento de plazos.
La Fiscalía ha solicitado 11 años de cárcel por el delito de colusión para los imputados William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios, Cecilia Del Rocío Alfaro García, Oscar Edwar Salgado Olivo, Segundo Francisco Moncada Saucedo, Giovanni Alfonso Montoya Siles, Samuel Euclides Mendez Siccha, Luis Andres Caipo Paredes, Luis Alberto Ponce Díaz y Milton Carlos Meléndez Lujan.
En calidad de cómplices primarios se solicitó 8 años de prisión efectiva contra Zena Zelmar Chávez Quispe, Ángel Ancajima Timaná, Samuel Minaya Prieto, Rafael Villarreal Romero, Oscar Omar Pantoja Barrero, Anamelba Jacay Peña y el extranjero Javier Perez Claramunt.
Finalmente, para el imputado Ricardo Guillermo De la Flor Estrada se solicitó cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de negociación incompatible.