Un mega operativo a los que nos tenía acostumbrados la Policía y la Fiscalía de crimen organizado, permitió la captura de 15 presuntos integrantes de la red criminal “Los Orellanitas”, en su mayoría abogados, que se dedicaban a apropiarse de terrenos y diferentes propiedades de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.
Esto ocurrió en setiembre del año 2016 y muchos deben recordar que estos despliegues movilizaba a 400 efectivos policiales y unos 20 fiscales, que intervinieron al mando del fiscal del Crimen Organizado César Villegas y con cuyo concurso se allanaron viviendas y estudios jurídicos de los investigados tanto en Chimbote como en Lima.
Estos delincuentes “de cuello y corbata” como se les suele denominar, se confabulaban con notarios públicos, o malos empleados de estas dependencias, para apropiarse y transferir terrenos, propiedades y embarcaciones pesqueras de propiedad de la Caja del Pescador o de terceros.
Fueron 42 investigados por esta red criminal que se estima amasó una ganancia de poco más de 4 millones de soles, producto de su ilícito negocio, por lo que fueron denunciados e investigados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude procesal y contra la fe pública.
Todos los miembros de esta gavilla estaban dirigidos por Michel Agurto Honores, más conocido como “Michelito”, quien es considerado como cabecilla de la organización y quien estaba estrechamente vinculado al foro chimbotano, había trabajado en conocidos estudios jurídicos y manejaba los procedimientos con mucha facilidad, lo cual le permitió montar este aparato delincuencial para traficar con terrenos y propiedades.
Estos sujetos utilizaron indebidamente su profesión de abogados y manosearon las herramientas legales que se crearon para definir conflictos jurídicos, como la conciliación extrajudicial, la cual fue direccionada de tal manera que representó la manera más eficaz para hacerse de propiedades de terceros y estafar a mucha gente que quizás no conocía que es lo que hacían con sus propiedades y se enteraban demasiado tarde.
Pues bien, esto ocurrió hace tres años atrás. Durante todo este tiempo el Ministerio Público se supone que los ha investigado y ha acumulado las pruebas suficientes como para demandar penas drásticas para todos ellos, más aun cuando es evidente que por la profesión que tenían, eran plenamente conscientes de la ilicitud y el carácter delincuencial de sus actos.
Sin embargo, hace solo una semana los chimbotanos han tomado conocimiento que, como ya se está haciendo una pésima costumbre, el Ministerio Público no ha completado el procedimiento y no ha sido capaz de conseguir que el juzgado competente condene a los miembros de esta organización criminal.
Esto se ha podido conocer luego que los abogados de los involucrados comenzaron a demandar la libertad procesal de cada uno de ellos en la medida que se habían agotado los plazos ordinarios y los ampliatorios pero no se determinaba la condición jurídica de los implicados, situación que se responsabiliza al Fiscal.
Y es que tal ha sido el descuido en este proceso penal que el representante del Ministerio Público solo tomó conocimiento del vencimiento de los plazos de investigación cuando la defensa técnica de los involucrados ya presentaba sus pedidos para que los liberen, razón por la cual sobre la marcha debieron solicitar al juzgado que les dicte arresto domiciliario a efectos de garantizar su presencia en el juicio oral que aun esta pendiente.
Por ello es que la juez Gabriela Saavedra se vio virtualmente empujada a resolver de esta manera, establecer una medida coercitiva que no solo responda a las necesidades de la administración de justicia, sino que por lo menos justifique los graves cargos delictivos que pesan sobre los investigados.
Hasta donde se sabe, los procesados no han impugnado la decisión judicial, por el contrario, han cumplido con señalar los domicilios en los cuales deberán cumplir la medida restrictiva, empero, ha surgido un nuevo y sorpresivo inconveniente que no ha permitido que se ejecute la orden judicial a pesar de los días que han transcurrido.
Y es que la resolución de la juez se ha convertido en un imposible para la Policía Nacional que es la llamada a ser protagonista de esta medida judicial en razón que para poder trasladar a los reclusos hasta las viviendas en donde deberán esperar el fallo judicial que dilucide este proceso penal, se requiere de la presencia de tantos efectivos policiales como inmuebles a resguardar existan.
Justamente, el jefe de la División Policial de Chimbote se dirigió a la juez para comunicarle que no cuentan con los efectivos policiales suficientes como para cubrir este nuevo servicio de custodia en las viviendas de los investigados, un hecho que efectivamente pone en riesgo la ejecución de la medida.
A pesar que se trata de un problema de disponibilidad de la policía, la magistrada ha insistido en la medida y ha emplazado al jefe policial que vea la manera de disponer la custodia respectiva porque la medida restrictiva no se puede modificar.
En realidad se trata de un serio inconveniente en la medida que la única manera que la Policía haga cumplir la orden judicial es tomando efectivos que están destinados a la seguridad pública, lo que quiere decir que se tendrá que exponer a un sector de la población que tendrá que quedar desguarnecida en las calles.
Se trata ciertamente de un problema serio de logística y de recursos humanos que afecta a la Policía y que se contrapone a los objetivos y designios de la administración de justicia, sin embargo, al margen de la problemática de la institución tutelar estamos ante una resolución judicial que contiene un mandato insostenible pero que, como ocurre en muchos otros casos, se tendrá que acatar pese a los inconvenientes descritos. Habrá que demandar al Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con su labor en los plazos señalados por la ley a efectos de impedir que se presenten estos escenarios que resultan difíciles de ejecutar, sin embargo, la decisión judicial es una sola y debe acatarse.