Hace unos tres o cuatro años atrás, el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ordenó que una fiscalía superior del distrito Fiscal del Santa investigue y procese al Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, luego que una investigación ordenada por su despacho detectara un desbalance patrimonial que era indicio suficiente de la presunta comisión de enriquecimiento ilícito.
Los documentos, que incluían un peritaje realizado por profesionales especializados determinaban la existencia de capitales que el magistrado santeño no pudo justificar ante los contadores públicos sobre la procedencia legal de los mismos.
Este escenario ilícito guardaba estrecha relación con un acontecimiento que fue denunciado por la prensa en nuestra ciudad y que fue la motivación para que el Fiscal de la Nación dispusiera una Investigación financiera sobre el fiscal anticorrupción.
Nos estamos refiriendo a la suspicaz compra de un inmueble promovida por el fiscal Laureano Añanca, en la Urbanización Domus Hogares, la misma que hizo a través de testaferros, utilizando el nombre de la madre de su secretaria, todo lo cual generó la suficiente suspicacia como para que los superiores del Ministerio Público decidieran hacer el seguimiento financiero correspondiente y llegaran a establecer un desbalance que no podía pasarse por alto.
Sin embargo, han transcurrido los años, en el Ministerio Público del Santa nadie demostró interés alguno en tramitar la causa, si los medios de comunicación no insistían respecto a este tema a lo mejor iba a prescribir sin que siquiera se realice un solo acto de investigación, por ello es que decidieron entregar la carpeta a la fiscal superior María Valencia Pozo, en la medida que la competente Nancy Moreno Rivera se abstuvo de conocer el caso porque Añanca investigaba a su esposo en una conocida pesquisa relacionada con el proyecto especial Chinecas.
Lo cierto es que de primera intención la Fiscal a cargo puso en evidencia una dudosa imparcialidad al calificar el proceso como complejo y determinar un plazo de 36 meses para investigar, pese a que en la carpeta no se investigaba a varias personas, menos existían muchos delitos y no existían razones jurídicas como para extender el caso.
Era evidente que trataban de utilizar el paso del tiempo como una herramienta de distracción para la ciudadanía que, en su momento, cuestionó el hecho que un magistrado del Ministerio Público que había sido hallado en presunto delito por sus superiores se mantenga acusando por delitos de corrupción cuando ya no tendría autoridad moral para ello.
Ahora, tres años después la Fiscal Superior sorprende a sus propios superiores emitiendo una disposición de archivo definitivo de la investigación, renunciando al rol primordial que tiene el Ministerio Público como es el de perseguir el delito y promover “por imperio de la ley” una acusación que, paradójicamente, nació de las entrañas mismas de la alta dirección de su institución.
Para la Fiscal María Valencia Pozo el peritaje elaborado por la Fiscalía de la Nación no sirve para nada, no tiene valor alguno por ello ordenó un nuevo peritaje en donde hasta un estudiante de los primeros años de la facultad de Derecho es capaz de advertir que se han maquillado de manera dolosa y escandalosa las cifras.
En este nuevo peritaje se han eliminado como fuente de ingreso las ridículas cuentas que entregó inicialmente Añanca relacionadas con unas “Juntas” realizadas en la fiscalía para añadir un sospechoso “préstamo” de su hermano Teodoro que no tiene ningún registro contable o notarial y que no se informó al perito de la Fiscalía de la Nación, así como se considera como ingreso una línea de crédito de una tarjeta de un Banco, cuando eso lejos de ser un ingreso resulta siendo un egreso en la medida que lo utilice el usuario.
Esta conclusión de la Fiscal es realmente insólita pone de manifiesto un preocupante desconocimiento de hechos que forman parte de la economía diaria y familiar de cualquier persona, pero que en realidad deja un margen de suspicacia como para pensar que todo ello no sería sino un escandaloso blindaje al fiscal anticorrupción, repitiéndose una vez más ese controvertido estribillo de “otorongo no come otorongo”.
Lo extraño es que sin ser Contadora, la fiscal descarta el peritaje dispuesto por su superior, se pronuncia por la inexistencia de delitos sin haber convocado al profesional que lo elaboró para que se pueda despejar sus dudas, es decir, sin realizar las diligencias más elementales a las que se recurren cuando existe una contradicción en las conclusiones de dos peritajes de una misma cuenta.
No se puede soslayar que ya el Ministerio Público del Santa había dado muestras de una actitud nada transparente en el manejo de las denuncias que se hicieron en su oportunidad contra el Fiscal en mención, pues no puede olvidarse que cuando se denunció la compra encubierta del inmueble ningún Fiscal asumió de oficio la “noticia criminis”, por el contrario, la entonces Presidenta del Ministerio Público, Nancy Moreno, derivó las publicaciones a la oficina de Control de la Fiscalía y en esa instancia, sin que exista alguna parte agraviada que reclame, archivaron los antecedentes supuestamente porque no hallaron elementos que descalifiquen al magistrado.
Ahora, la Fiscal Superior le coloca la cereza a esa torta de impunidad que se ha cocinado en el Ministerio Público de Chimbote y que no mide con la misma vara las investigaciones que se hacen a los funcionarios públicos en comparación al tratamiento que recibe un Fiscal cuyas cuentas no cuadran ni se justifican de manera coherente.
Sin embargo, el pronunciamiento de la Fiscal es solo una solicitud ante el Juez Superior de control que hace las veces de juzgador cuando el investigado es un magistrado que tiene prerrogativas de la ley, por lo tanto, el Juez Superior Víctor Alcocer deberá señalar fecha y hora de una audiencia en la que se revisará el pedido de la Fiscal.
Puede convenir con esa disposición como también puede disentir con la Fiscalía en la medida que existen razones suficientes para seguir investigando la presunta comisión de un delito, en ese caso tendrá que remitir el expediente a la fiscalía suprema Penal a efectos que ordene a su subalterna que proceda a formular una acusación porque existen suficientes elementos de convicción que respaldan los cargos. Esperemos que la impunidad no siga ganando terrenos, que cese esa nociva protección que se genera entre magistrados de estrecha vinculación se dan la mano entre sí.