Caso involucró a Gobernador Juan Carlos Morillo:
Obra de canal Santa San Bartolo en la mira.
La obra inconclusa del Canal santa San Bartolo, que ha generado serios cuestionamientos en los últimos días por haberse vinculado al Gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, será objeto de una diligencia judicial en la que se busca verificar el estado de abandono en la que se dejó y las diferencias presupuestarias que existen con respecto a los montos que cobró el consocio ejecutor.
La diligencia ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del Santa y debe realizarse en la actual infraestructura de este canal Santa San Bartolo, obra que fue ejecutada por el Proyecto Especial Chinecas el año 2010 durante la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y que no fue concluida a pesar que, de acuerdo a los cargos incriminatorios, se canceló en su totalidad.
La diligencia deberá realizarse el próximo el lunes 20 de este mes, a las 9:00 de la mañana, a la cual se han citado a todas las partes, incluyendo a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios cuyo titular, el Dr. Richard Asmat Urcia, dejó entrever la posibilidad de solicitar que se comprenda como investigado al actual gobernador de Ancash.
Como se recuerda este anuncio lo hizo en el marco de un reportaje propalado hace un mes en el programa político “Cuarto Poder” de la televisión nacional y generó una serie de reacciones tanto del gobernador como de los opositores a su gestión que llegaron a esbozar la necesidad de declarar una vacancia.
A propósito de ese reportaje, el Gobernador negó que se haya dejado la obra inconclusa, señaló que la obra se ejecutó, se liquidó y se entregó en su oportunidad, lo que sucedió es que no pudo concluirse en su totalidad por haber surgido inconvenientes técnicos que no fueron solucionados por el gobierno regional por lo que se decidió entregar la obra en esas condiciones pero haciendo los deductivos, cosa que no se ha probado hasta el momento.
El caso se encuentra en Investigación preparatoria en la que se incluyen a una serie de funcionarios del proyecto especial Chinecas de la época (años 2009- 2010), así como el representante legal del consorcio ejecutor, una de cuyas empresas es de propiedad del gobernador regional Juan Carlos Morillo.
Lo que no se ha tomado en cuenta es que el actual gobernador intervino en esa obra como ingeniero residente, cuando hacia sus pininos como ingeniero recién titulado. La diligencia que se realizará la semana próxima será clave para establecer si la procuraduría hace valer su posición de comprender al actual gobernador y la consistencia de los cargos formulados a partir de los hallazgos descubiertos por la contraloría general de la república, solo después que cayera la red de corrupción de Áncash.