En casos de minería ilegal y corrupción:
Fiscales requieren mayor seguridad, afirman.
La falta de protección de seguridad policial hace temer a las fiscales Evelyn Lamadrid Vences y Karla Zuloaga Pajuelo que las amenazas en su contra se cumplan, lo que dejaría una estela de temor en sus colegas para seguir investigaciones de casos delicados como la minería ilegal y de corrupción de funcionarios como los que investigan.
Lamadrid Vences, fiscal de la Fiscalía Ambiental, indicó que en su caso las amenazas serían de bandas organizadas dedicados a la minería ilegal específicamente de quienes están siendo investigados por su despacho y que el mes de agosto se inicia el juicio oral en el cual solicitará pena efectiva para los procesados.
“Una persona cuyo nombre lo tenemos en reserva llamó al despacho para decirnos que personas relacionadas a la minería ilegal dentro de la zona de la carbonera quieren atentar contra mi persona y han contratado a dos sicarios de La Jauría” manifestó la magistrada relacionando esta llamada al proceso a mineros ilegales en la carbonera.
Sobre la falta de seguridad dijo desconocer porque no la tiene y que esa respuesta lo tiene la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Miriam Lucero Tamayo, pero consideró que es necesario para el cumplimiento de las diligencias. “En Huarmey, en la zona de Barbacay, se está realizando minería ilegal y no es nada fácil llegar ahí, se tiene que entrar con seguridad, con un plan de operaciones porque estas personas a las que intervenimos saben bien qué fiscal está llevando la investigación y somos fáciles de ser atentados. La última muerte de un minero ilegal investigado por la fiscalía en Barranca fue un ajuste de cuentas entre ellos. ¿Acaso si entre ellos hay ajuste de cuentas nosotros no seríamos fáciles de atentar?”, añadió.
FISCAL KARLA ZULOAGA
De otro lado, Zuloaga Pajuelo expuso un hecho referido al pinchazo de neumático de su vehículo registrado el 16 de abril en el exterior de un local deportivo ubicado por el óvalo Las Américas y que al llevarlo a una reencauchadora le dijeron que la llanta fue pinchada con un arma blanca.
Ella presume que este hecho tenga ración con el juicio a ex funcionarios de la Subregión El Pacífico para quienes ha solicitado a la Sala Penal de Apelaciones que la pena de siete años de cárcel dictado en primera instancia sea elevada a 16, considerando que la condena de primera instancia no es proporcional al daño causado.
Por estas consideraciones ambas magistradas del Ministerio Público solicitan que les brinden seguridad policial para el normal desempeño de sus funciones.