La salud pública es uno de los derechos constitucionales que la autoridad tiene el deber de preservar y proteger a través de medidas que regulen el funcionamiento de establecimientos que proveen diversos productos que llegan al estómago de la población.
Por ejemplo, el funcionamiento de los restaurantes, pollerías, panaderías, etc, está sujeto a una permanente supervisión por parte de las Municipalidades, el Ministerio Público o el Ministerio de salud en la medida que en ellos se manipulan alimentos que en caso no se tenga el cuidado necesario pueden provocar estragos en la salud de los comensales.
Por ello es que la actividad de las autoridades, en este rubro, no se limita solo a los locales formales y legalmente establecidos, sino a los puestos informales y ambulatorios que existen a raudales en nuestra ciudad, de tal suerte que la forma como se manipulan y se sirven los alimentos forman parte de un protocolo que se debe respetar para no correr el riesgo de ser multados o clausurados.
Lo mismo ocurre en el rubro de los medicamentos que son las sustancias o compuestos preparados para poder aliviar y sanar las enfermedades que padecemos los hombres, las cuales se deben diagnosticar y recetar conforme a la ciencia médica.
Estos medicamentos deben ser efectivos siempre y cuando se oferten en las condiciones que determinan las normas de la autoridad de salud, no solo en lo que respecta a la conservación de los mismos sino, esencialmente, a su manufactura y elaboración, la cual no solo debe contar con un registro sanitario sino con una fecha de caducidad, requisitos que son indispensables para la venta licita de medicinas.
Por ello es que la semana pasada las autoridades han recorrido Farmacias en nuestra jurisdicción a efectos de verificar que los productos se oferten dentro de las normas establecidas y que no expongan la salud de las personas, como ocurriría en el caso de un medicamento con fecha vencida.
Justamente, el Ministerio Público, con la asistencia del personal de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) llegó a revisar las Boticas que funcionan en el vecino distrito de santa, en donde hallaron serias deficiencias en dos de ellas.
Estas deficiencias están relacionadas con la venta de medicamentos que vencían en mayo de 2019 y que según el Decreto Supremo N° 014-2011-SA, dichos enseres deberían dejar de ser comercializados un mes antes de su expiración.
Además, los representantes de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – Digemid, decomisaron diversos productos de higiene personal por no tener el registro sanitario correspondiente, mientras que en un segundo establecimiento se detectó que se brindaba el servicio de inyectables sin haber tramitado la autorización correspondiente ante el ente municipal, además, se hallaron cajas mal almacenadas.
De la misma manera, esta vez con la intervención de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, las autoridades llegaron a las Farmacias que se encuentran ubicadas frente al hospital Regional, cuyo registro de ventas es elevado atendiendo a la privilegiada ubicación que tienen, sin embargo, sus propietarios no han cuidado en respetar las normas de salud.
En efecto, en este lugar se inspeccionaron un total de 6 Farmacias en donde la constante fue el hallazgo de medicamentos que se encontraban con fecha vencida y otros sin registro sanitario, lo que representa una grave infracción que contraviene las normas de protección de la salud pública.
En este sector se dispuso la clausura de una de las farmacias en donde se halló la mayor cantidad de productos vencidos que son ofrecidos al público que, como muchos saben, generalmente no se fijan en la fecha de caducidad de los productos, lo que representa un serio peligro para la salud de las personas que los consumen.
Es importante destacar el rol que han desempeñado en esta oportunidad la Fiscalía, la Municipalidad y la DIGEMID en la medida que son los llamados a estar atentos y vigilantes respecto a los productos que consume la gente y los medicamentos forman parte de estas necesidades básicas que existen en todas las familias. No hay derecho a que, por la ambición de ganar un poco más, se entregue a las personas productos nocivos, esa es una actividad temeraria que debería sancionarse con todo el peso de la ley.
Inaceptable chantaje
La vivienda de propiedad del alcalde del distrito de Yaután, comprensión de la vecina provincia de Casma, fue casi destruida por un atentado dinamitero que se registró el pasado fin de semana y cuya autoría se achaca a los mineros informales que vienen operando en esa zona de manera ilegal.
Los hechos se produjeron en el sector de San Antonio de Matua, en la vivienda de propiedad del alcalde Nicolás García Bobadilla quien denunció el hecho ante la Comisaría de Pira y acusó directamente a los mineros informales de estar detrás del atentado, en razón que ellos se oponen a dicha actividad ilícita.
Recordó que el minero informal Adolfo Cano Sánchez fue denunciado por su padre Donato García Flores por presuntamente pretender apropiarse de sus terrenos para iniciar la explotación informal de oro.
A juzgar por las imágenes que nos han traído los medios de comunicación, el atentado ha sido bastante destructivo, de allí que, si se tiene identificados a presuntos responsables, no entendemos cómo es que las autoridades no actúan de inmediato a efectos de deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables.
No podemos olvidar que hace unos años atrás el extinto alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza denunció que recibía amenazas por parte de gente interesada en comercializar el balneario de Besique, sin embargo, nadie le prestó atención y unos días después fue cruelmente asesinado junto a su abogado Henry Aldea que ese día circunstancialmente lo acompañaba tras una diligencia.
No esperemos que ocurra una nueva desgracia para que recién se tomen medidas de protección a una autoridad que, evidentemente, está siendo acosada y amenazada.